Por: Josefa Barraza | Publicado: 17.01.2023
|En agosto de 2020, se inició un sumario administrativo en contra del juez del caso Caval, Luis Barría, por acosar sexual y laboralmente a funcionarias del Juzgado de Garantía de Rancagua. Meses después, dos de las denunciantes presentaron una querella criminal en su contra por abusos sexuales reiterados. En ambos procesos el abogado de Barría fue el actual fiscal nacional Ángel Valencia, quien renunció a la causa un día antes de asumir el cargo. La abogada de las víctimas, Katherine Villagra, acusa que tras la nominación del nuevo mandamás del Ministerio Público, las funcionarias han sido hostigadas al interior del Poder Judicial de Rancagua.
Tras cien días de nominaciones frustradas, luego de las fallidas candidaturas de José Morales y Marta Herrera-, el Senado votó y ratificó a Ángel Valencia como nuevo fiscal nacional, asumiendo el cargo el pasado 12 de enero.
A su arribo a la Fiscalía Nacional, Valencia no sólo solicitó la renuncia de 14 jefaturas de unidades especializadas del Ministerio Público, sino que también renunció -un día antes de asumir el cargo- a la representación de Luis Barría, juez del caso Caval, formalizado por el delito de abuso sexual contra una funcionaria del Juzgado de Garantía de Rancagua. Situación que ha sido destacada en la trama de antecedentes que se han ventilado en la prensa con todos los candidatos y candidatas a fiscal nacional.
Según antecedentes de la causa, en agosto de 2020, la Corte de Apelaciones de Rancagua, inició un sumario administrativo en contra del reconocido magistrado de la sexta región, por una denuncia anónima que revelaba que funcionarias del Juzgado de Garantía de Rancagua, eran víctimas de acoso sexual y laboral por parte del entonces juez titular de dicho tribunal. Incluso, durante la investigación interna, se confirmó la existencia de cuatro denunciantes.
Luis Barría
Fue precisamente Ángel Valencia, el actual fiscal nacional, quien defendió al juez Barría tanto en el sumario administrativo como en el proceso judicial. El 5 de noviembre de 2020, incluso, aseguró en un medio de comunicación que su representado le manifestó que no habría cometido acciones que constituyan acoso sexual.
Rol de Valencia
En el mismo proceso administrativo, Barría solo fue sancionado con tres meses de suspensión, más una solicitud de traslado del juzgado. Incluso, en julio de 2021, fue nombrado relator de la misma Corte, pese a existir una querella criminal en su contra desde febrero de ese mismo año.
“Barría Alarcón, quien en su calidad de superior jerárquico (juez Titular), y aprovechándose de manera abusiva de dicha investidura, en forma periódica y reiterada y por un extenso lapso de tiempo (el que se extendió incluso en vísperas de salir con la modalidad de teletrabajo, por causa de la Pandemia del Covid-19, en el año 2020); nos ha agredido de manera brutal con vejámenes de índole sexual”, detalló la querella interpuesta por dos de las denunciantes, por el delito de abusos sexuales reiterados.
El 9 de septiembre de 2022 y en el Juzgado de Garantía de Rancagua, Barría fue formalizado por el delito de abuso sexual en contra de una funcionaria de ese mismo tribunal -pese a existir dos denunciantes más-. No obstante, la fiscal de Santa Cruz, Gloria Agurto, no solicitó medidas cautelares ni renovó las medidas de protección hacía las víctimas, a pesar de que el tribunal decretó 120 días de investigación.
En dicha instancia, Valencia insistió en que la querellante faltaba a la verdad y que no contaba con los antecedentes suficientes para que se pudiera determinar una medida cautelar en contra de Barría.
Ángel Valencia, nuevo Fiscal Nacional
-La causa aún se encuentra vigente, con formalización respecto de los hechos de sólo una víctima, quedando pendiente por parte del Ministerio Público la formalización respecto de los hechos que cometió respecto de la otra. Estuvieron con medidas de protección en su momento, pero la fiscalía no quiso renovarlas ni solicitar nuevas. Algo realmente insólito. Las diligencias solicitadas por las víctimas se encuentran pendientes, nos indicaron que la toma de declaración de una testigo clave sería en octubre (pasado) pero hasta la fecha no se ha hecho nada. Tienen la causa completamente paralizada-, explica Katherine Villagra, abogada de las denunciantes.
“La causa se va a cerrar”
Debido al reciente nombramiento de Valencia como fiscal nacional, Villagra comenta que las víctimas se sienten nerviosas y desesperanzadas. La abogada asegura que es entendible, puesto que el actual fiscal nacional ha insistido en que los hechos son falsos, a pesar de encontrarse sancionado administrativamente por los mismos. Villagra afirma que las funcionarias, desde que realizaron la denuncias en contra de Barría y tras la nominación de Valencia, han sido hostigadas al interior del Poder Judicial de Rancagua.
-Lastimosamente desde que realizaron las denuncias en materia administrativa han sido perseguidas. De hecho, hasta fueron denunciadas por hablar y se siguió un sumario administrativo en su contra (víctimas), lo que es de por sí agresivo y revictimizante. Al menos la Corte Suprema las sobreseyó de esos cargos. Con la noticia de la nominación del fiscal nacional, estas situaciones se agudizaron y de manera informal y bastante cobarde, las amedrentan con que la causa se va a cerrar y ahí las «quieren ver». Incluso, existen rumores de traslado como forma de amedrentar. Por supuesto, nada formal para no dejar registros-, relata Villagra.
Además, la abogada insiste en que este nombramiento afectará la causa debido a que Valencia fue el abogado de confianza de Luis Barría y que ahora, en su calidad de jefe máximo del organismo persecutor, está en condiciones de determinar las directrices del servicio. “Lamento profundamente que no se haya pensado en resguardar la objetividad, no sólo en este caso sino en todos aquellos que el fiscal nacional intervino”, asegura Katherine Villagra.
Al ser consultados sobre el vínculo entre la defensa del juez Barría y el rol de Valencia como nuevo jefe del Ministerio Público, desde la Fiscalía Nacional consignaron que el fiscal nacional ha manifestado expresamente su compromiso irrestricto con las víctimas de violencia de género, por lo que se comprometió a la creación de una unidad especializada en el tema, y a suscribir el Circuito Intersectorial de Femicidio. Además, enfatizaron que “por disposición de la ley, (él) no puede incidir en ningún caso en particular, por tanto también desde la normativa, las víctimas del caso (Barría) pueden estar seguras que hay todo un sistema destinado a velar por la objetividad en la investigación”.
El Desconcierto contactó a Ángel Valencia sobre este caso, quien respondió: “Conforme a la ley, en el rol que he asumido la semana pasada, no tengo posibilidad de actuar ni dictar instrucciones particulares en el devenir de los casos. Ni la investigación y ni la valoración de los antecedentes pasan por mí. En lo que respecta a mi potestad de dictar instrucciones generales para grupos de fenómenos delictuales, aseguro que en el caso de la violencia de género todas propondrán acompañar, proteger a las víctimas y perseguir a los victimarios. Pondremos en ello toda la fuerza de la institución, el trabajo abnegado y riguroso de las y los fiscales a lo largo del país”.
Actualmente, la causa del ex juez Barría sigue vigente, con diligencias pendientes, mientras continúa en funciones como relator en la Corte de Apelaciones de Rancagua.
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