El senado y la cámara de diputados han escogido a los 24 miembros de la llamada “Comisión Experta”, cuya labor será la de redactar un anteproyecto de “nueva” Constitución que será entregado al órgano “redactor” que elaborará la próxima Carta Magna; es decir, al Consejo Constitucional, que integrarán 50 miembros elegidos en votación “popular” el 7 de mayo de 2023. Los congresistas también aprobaron la nómina de los 14 miembros del sui géneris “Comité Técnico de Admisibilidad”.
Antes de pasar a lo de fondo, veamos las funciones de estas instancias. La “Comisión Experta” (elegida por los partidos políticos) redactará lo que el Consejo Constitucional (elegido con voto popular), debe discutir y aprobar o no aprobar. Luego, tras entregar el documento a discusión, los 24 expertos se integrarán al Consejo Constitucional con derecho a voz, pero no a voto, aunque si podrán emitir un informe con observaciones. Respecto al “Comité Técnico de Admisibilidad”, su función será la de “velar” porque se cumplan, en la redacción de la “nueva” Constitución los 12 principios base del “Acuerdo por Chile”; o sea, las denominadas “Bases institucionales”, redactadas por los “partidos del orden”, no por Chile (que sería su pueblo todo).
Ahora, veamos quiénes son los señores y señoras la “Comisión Experta” y del “Comité Técnico de Admisibilidad”. La mayoría de los miembros de estas instancias se formó en la Universidad Católica, cuna del conservadurismo; otros están ligados, por ejemplo, a la Universidad del Desarrollo (UDD), Universidad de los Andes, Universidad Adolfo Ibáñez, y la inefable UDP, cuyo rector es Carlos Peña, columnista de El Mercurio y uno de los adalides del rechazo junto al genuflexo Cristián Warnken (Amarillos por Chile). Todos estos “expertos” responden a los partidos políticos que les han dado atribuciones totalmente antidemocráticas para un proceso constitucional, no siendo más que unos testaferros de la derecha y de la ex Concertación, cuya única meta es mantener los privilegios que el neoliberalismo les otorga a ellos y al empresariado que los financia. Por lo tanto, pensar que habrá una Constitución democrática y popular es solo una ilusión, un espejismo, nada cambiará, y si algo cambia será gatopardismo en su máxima expresión, tal como ha sido hasta hoy. Los integrantes de la “Comisión Experta” y “Comité Técnico de Admisibilidad” son culturalmente portalianos y jurídicamente guzmanistas, y ese será el espíritu del anteproyecto de “nueva” Constitución, que, seamos sinceros, se transformará en la “nueva” Constitución, porque el Consejo Constitucional no será más que un trámite para darle un respaldo “democrático” a algo que no lo es, pero que con la ayuda de la propaganda y los matinales de televisión lo será. Es muy simple entenderlo. Todo indica que estamos ad portas de la “Nueva Constitución de Jaime Guzmán”. Bastará comparar la Constitución de 1980 con la que saldrá del bastión pinochetista para darse cuenta. Alguien podrá decir, pero hay algunos comunistas en la “Comisión Experta” y el “Comité Técnico de Admisibilidad”. Claro, ¿y qué? en el gobierno de Michelle Bachelet también los hubo y hoy son gobierno junto al Frente Amplio, y en ambos casos la derecha y los empresarios continuaron dictando la pauta política-económica. No olvidemos que los miembros de la “Comisión Experta” y “Comité Técnico de Admisibilidad” fueron ratificados con los votos de los senadores y diputados comunistas, que ni siquiera tuvieron el pudor de, por último, abstenerse. En cuanto al FA, ya da lo mismo, continuarán ejerciendo su función de pokemones.
Las mentadas “Comisión Experta” y “Comité Técnico de Admisibilidad” actuarán, sin duda, como comisarios políticos sobre el Consejo Constitucional, serán algo así como el Ministerio de la Verdad de la novela 1984 de George Orwell. Por otro lado, no olvidemos que los miembros del Consejo Constitucional serán electos de entre los candidatos que propongan los partidos políticos del establishment, lo que demuestra que la democracia representativa, tal como se ejerce en Chile (en otras naciones también) no es más que una dictadura de los partidos políticos, donde el pueblo, como soberano, es tan solo un concepto sobre un papel, utilizado de modo oportunista cuando hay elecciones. Lejos está este proceso de ser una Asamblea Constituyente, único ente que realmente podría dar origen a una Constitución verdaderamente democrática, porque, como lo dijimos muchas veces, ni siquiera la Convención Constitucional fue una instancia constituyente real; esto, independiente del boicot que sufrió y de que la propuesta que construyó era mejor para el pueblo que lo que saldrá del conclave que los poderosos han instalado hoy para dar pie a la “Nueva Constitución de Jaime Guzmán”. ¿Qué queda entonces por hacer? Al parecer nada, salvo que el 7 de mayo de 2023 el 80 o 90% de los electores vote nulo. ¿Ilusos? Sí, pero por lo menos ilusos dando la pelea y no sumándonos al fraude.
Por Alejandro Lavquén
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