Una constante que se prolonga con los años: en el mundo siguen aumentando la riqueza y la pobreza extremas. Al día de hoy, el uno por ciento de los más acaudalados acapara las dos terceras partes de la riqueza mundial, por lo que el crecimiento económico no logra acortar las brechas de la desigualdad. Según el último informe de la Oxfam al Foro Económico Mundial de Davos, la fortuna de los multimillonarios aumenta en 2 mil 700 millones de dólares cada día, mientras que el sueldo de unos 1700 millones de trabajadores crece por debajo de la inflación. Solo en nuestra región latinoamericana, más de 131 millones de seres humanos no acceden a una dieta saludable y balanceada, según un reciente informe de la FAO
Debieran bastar estas cifras para concluir que el capitalismo y las ideas neoliberales que rigen en buena parte del orbe son las responsables de que actualmente existan unos 820 millones de seres humanos que pasan hambre y, con ello, enfermedades y tragedias que los enfrentan masivamente a la desnutrición y la muerte. En buenas cuentas, estamos frente a una situación inaudita que, por supuesto, amenaza contra la estabilidad política de las naciones, fomenta las guerras y alimenta las más variadas formas de delincuencia. Y Chile no escapa, por supuesto, a esta dramática realidad, manteniéndose entre las naciones más desiguales de la Tierra.
Es también la triste condición humana la que se impone y se transforma en el principal peligro para nuestra convivencia. Mucho más que las pandemias y los cataclismos naturales que, dicho sea de paso, vienen aumentando con el calentamiento global y el muy lento desarrollo de energía sustentable. Hay serios analistas a quienes ya no les satisfacen los esfuerzos por erradicar la pobreza: para salvarnos, aseguran, se hace imprescindible que los ricos dejen de ganar tanto y rebajen considerablemente su colosal y desmedido consumo.
No puede escapar a nadie que algunos de los países que tienen regímenes progresistas o de izquierda, que abogan de palabra por la igualdad social y el cuidado de la naturaleza, van a ser los últimos en reemplazar el carbón y el petróleo, recursos que tienen en abundancia y, desgraciadamente, contribuyen a sostener sus economías. Por otro lado, ya se ve que las medidas correctivas que adoptan los países más ricos son muy mínimas en comparación a las urgencias establecidas por la comunidad científica, que alertan constantemente sobre los inminentes peligros del consumo depredador de sus poblaciones. En este sentido, por ejemplo, sigue siendo inmensa la brecha entre lo que hay que hacer y lo que se hace, realmente, para descarbonizar nuestras formas de producción y hábitos sociales.
A pretexto de la guerra ruso ucraniana, constituye un verdadero revés que Alemania y otros países de Europa mantengan y hasta repongan sus termoeléctricas, así sea que nuestros países tercermundistas den pasos importantes al respecto, como la reciente resolución del gobierno de Gabriel Boric de oponerse a un mega proyecto minero portuario ecocida como el de “Dominga” en el norte de nuestro país.
A pesar de las dudas que se instalan en el mundo respecto de la posibilidad de lograr mayor equidad social, está claro que estamos en América Latina en una coyuntura otra vez favorable a los regímenes progresistas, los que todavía podrían hacer mucho para frenar las flagrantes injusticias y las amenazas medioambientales. En Chile y otros países de nuestra Región se discuten diversas iniciativas tributarias que les permitan a sus estados recaudar recursos e implementar medidas para fomentar el empleo, invertir en educación, vivienda y salud donde las cifras de la desigualdad son cada vez más escandalosas.
Estas reformas, como se sabe, deben obtener el apoyo de los gobiernos y parlamentos a fin de que se conviertan en Ley y se sobrepongan a los millonarios lobbies de los más poderosos empresarios nacionales como extranjeros que todavía postulan la hipócrita idea que si les va bien a ellos necesariamente les irá bien a los millones de trabajadores. Postura que hace varias décadas fuera bautizada como la “Ley del Chorreo”, que ya sabemos solo provocó más desigualdad aquí y en el mundo. Con esto queremos afirmar que las reformas tributarias deben ser mucho más estrictas de lo que ahora se plantean, así como deben obligarse los países a imponer impuestos severos al enorme patrimonio y grosero consumo de los más ricos. Es decir, de ese dos por ciento de los multimillonarios.
Un gobierno de izquierda solo tiene la posibilidad de ser exitoso y digno si logra avances sustantivos en acabar con la desigualdad extrema y redistribuir más justamente la riqueza nacional. Su gestión, en este sentido, así como la misma consolidación de sus democracias, solo puede probarse con el mejoramiento real de los salarios, la construcción acelerada de viviendas populares, así como en avances reales en el acceso a la salud y la educación. El liderazgo de nuestros mandatarios debe probarse en su fortaleza para impulsar las reformas sociales y no en su capacidad de mantenerse y enterar períodos de gobierno en connivencia con los grandes capitales y poderes fácticos. Por otro lado, es preciso que los líderes de verdadera sensibilidad social emprendan urgentemente formas de colaboración y acción mancomunada, por lo mismo que la globalización nos tienen a todos enfrente de los mismos poderes transnacionales.
Al respecto, es lamentable que el derrocamiento del gobierno elegido democráticamente en el Perú haya causado tan débiles reacciones en los países de su entorno gobernado por líderes auto declarados izquierdistas. Pareciera que la OEA y otros referentes multinacionales solo se activan a la hora de poner en jaque los cambios políticos y sociales que amenazan al imperio y a los poderosos intereses económicos regionales y nacionales.
Es preciso, además, que los gobiernos progresistas cumplan su cometido respaldándose siempre por pueblos organizados, activos y movilizados. Definitivamente no es en las componendas legislativas y cupulares donde se pueda derivar algún cambio real. Como tampoco en la complacencia con los poderosos medios de comunicación que sirven a las poderosas entidades que los financian para bloquear la diversidad informativa y procurar ciudadanos ignorantes y pasivos.
No está demás agregar que el combate al narcotráfico, la delincuencia común y el crimen organizado es tarea primordial de los gobiernos, sus policías, además de la solvencia de los Tribunales. Esto significa que, junto con la represión, ejercida sin claudicaciones en contra de los grupos delictuales, es en el progreso efectivo de las ciudades, pueblos y barrios donde se pueden conjurar muchos de los crímenes que hoy asolan a nuestros países.
Por Juan Pablo Cárdenas S.
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