por Rodrigo Cordova 16 enero, 2023
Créditos: Agencia Uno.
Hace varios años Chile figuraba como un ejemplo de anticorrupción en Latinoamérica. No resultaba meridiano pensar en que política y narcotráfico, por ejemplo, tuviesen algún tipo de vínculo en el país. Hoy la realidad es diferente. El destape del financiamiento ilegal de la política, la impunidad que imperó sobre el caso y el actual escándalo que tiene al exalcalde Raúl Torrealba en la mira, son solo algunas muestras de que la corrupción está lejos de ser un problema ajeno en el país.
Los municipios de Vitacura, Maipú, Ñuñoa, Viña del Mar, Puerto Varas y San Ramón están en los ojos de la justicia por malversación de caudales públicos o fraude al fisco, dadas las irregularidades que se dieron en administraciones anteriores. Casos que se perpetraron hace casi 10 años, pero que recién hoy están viendo la luz a nivel judicial. El lunes 9 de enero, comenzó el juicio oral contra el exalcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, tras ser acusado por fraude al fisco y obtención fraudulenta de prestaciones fiscales. Pedro Sabat, exalcalde de Ñuñoa, está a la espera de su juicio oral –fijado para el próximo 10 de febrero de 2023, a las 9:00 horas–, luego de ser imputado por negociación ilícita. Hace una semana, formalizaron a Jacqueline Sánchez y María Luisa Pizarro, exfuncionarias de la Corporación Municipal de Educación de Maipú, durante la administración de la exalcaldesa Cathy Barriga, por uso indebido de más de $2.200 millones que provenían del Ministerio de Educación.
Cohecho, fraude al fisco y malversación de fondos son los delitos que más se repiten en las condenas y formalizaciones que se revisaron para este ranking. Se recopilaron, a través de fuentes abiertas, ilícitos que involucran a militantes de partidos políticos (cuando se perpetró el delito) y personas en cargos de elección popular que hayan recibido una condena en los últimos cinco años. Se dejaron fuera del análisis aquellos casos en donde no se comprobó la militancia de personas condenadas y los que recibieron una resolución judicial antes del 2017. No se consideró el año de ejecución del delito sino el de resolución del proceso.
Además, fueron considerados aquellos casos en que los militantes lograron una salida alternativa, pues, para llegar a tal resolución, se necesita asumir un grado de responsabilidad en el caso en cuestión. Alcaldes, concejales, asesores, secretarios, diputados y senadores pueden encontrarse en la lista, pero –sin duda– los hechos que en mayor medida evidenciaron el lado más decepcionante de la política fueron los casos Corpesca, Penta y SQM. Estos últimos dos aún cuentan con sentencias pendientes a políticos, como sucede con Juan Pablo Longueira y Marco Enríquez-Ominami en el caso de Soquimich, casos que no se consideraron en el análisis porque todavía no cuentan con una resolución.
Resultados
Se revisaron cerca de 200 casos en que la política se vinculó con el delito. De estos, solo en 35 se pudo comprobar la militancia de la persona involucrada y fue posible comprobar también que la resolución judicial –sea condena o salida alternativa– se dio el 2017. Si bien podemos ver que atraviesan todos los sectores políticos, la UDI es el partido con más condenados por delitos y, en su mayoría, por delitos de corrupción. Casi todas las condenas o salidas alternativas que obtuvieron los militares de la UDI, ocurrieron a raíz del caso SQM por emisión de boletas ideológicamente falsas.
- Unión Demócrata Independiente (UDI): Doce personas fueron condenadas u obtuvieron una salida alternativa por emitir boletas ideológicamente falsas o por financiamiento irregular de campañas políticas. Seis personas fueron electas a un cargo por votación popular y las otras seis corresponden a militantes del partido. Entre personajes que destacan, se encuentran el actual senador Iván Moreira por financiamiento irregular de la política, al igual que la exdiputada Marta Isasi y el exalcalde de Santiago Pablo Zalaquett. El exsenador Jaime Orpis fue condenado por fraude al fisco al igual que Pablo Wagner, quien fue subsecretario de Minería en el primer Gobierno de Sebastián Piñera.
- Renovación Nacional (RN): Seis corresponden al partido que hoy está en la mira tras el caso Torrealba. Si bien el financiamiento irregular en campañas políticas también alumbró a responsables en el partido, las resoluciones judiciales sucedieron antes del 2017, como ocurre con el PS, la DC y el PPD. Entre los casos más recientes se encuentra el del exconcejal Karim Chahuán –familiar del presidente del partido, Francisco Chahuán–, por robo en lugar no habitado en el contexto del estallido social; Claudio Eguiluz, actual presidente regional de la colectividad en el Biobío, por emitir boletas ideológicamente falsas a SQM; y Marcelo Torres, exconcejal de Maipú condenado por cohecho y lavado de activos por el caso Basura.
- Partido Regionalista Independiente Demócrata (PRI): Fueron tres casos los que terminaron de tramitarse el año 2017, que se vincularon al financiamiento ilegal de la política. Ese mismo año, la colectividad no logró las firmas para mantener su estatus legal, lo que derivó en su disolución como partido político.
- Partidos de la ex Concertación/ex Nueva Mayoría: Entre la DC, el PS y el PPD se concretan 7 casos en que fueron condenados personeros de dichos partidos. La mayoría, por los casos Penta y SQM. Uno de los fraudes que destacan, es el que se llevó a cabo por el hermano del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Francisco Frei (ex DC), quien fue condenado por giro doloso de cheques.
Esta lista, si bien recopila los últimos cinco años de delitos vinculados a la política, no pudo abarcar los casos más emblemáticos de corrupción del último tiempo, que están a la espera de avances. Por ejemplo, el de Virginia Reginato (UDI), quien está siendo investigada por el Ministerio Público por el caso “Horas Extras 2”, y el caso que hizo acuñar en Chile el término “narcopolítica”, relacionado con Miguel Ángel Aguilera, exalcalde socialista de San Ramón. Este último se encuentra en prisión preventiva y, como en los casos anteriores, podría acceder a un juicio abreviado si el exjefe comunal se declara culpable. En tal situación, el Ministerio Público ofrecería una pena de 819 días de presidio menor en su grado medio, 7 años sin ejercicio de cargos públicos y una multa de casi $20 millones. Así se suman casos como el de Karina Oliva (ex Comunes) y los gastos irregulares en su campaña a gobernadora.
Tras consultarle al equipo de prensa del partido que lidera el ranking, la UDI, declararon que preferían no referirse al tema. El secretario general de RN, Diego Schalper, también fue consultado al respecto, sin embargo, declaró que se adscribiría a la declaración pública del partido, que publicó cuando explotó el caso Torrealba: "Consideramos que estos hechos son graves y por lo tanto deben investigarse hasta las últimas consecuencias y, de haber delitos, individualizar a los responsables y hacer efectivas las responsabilidades correspondientes", fue lo que en su momento señaló la colectividad. Y agregó lo siguiente: "Renovación Nacional respeta y promueve que las instituciones cumplan su función con autonomía y rigurosidad. Por lo mismo, creemos que la justicia debe cumplir su rol en profundidad, sin ninguna distinción, velando siempre por los principios de Estado de Derecho".
En cambio, el que sí quiso hablar fue Mario Desbordes, expresidente de RN, quien pretende rearmar un frente de oposición interna a la actual directiva: "Lo que tenemos que hacer es, por la fuerza parlamentaria que contamos, establecer controles draconianos en cualquier funcionario público que tenga cargo en donde se pueda producir corrupción". Esto, porque las normas internas de los partidos quedarían en meras sanciones y "no se mejora la posibilidad de evitar el acto de corrupción", agregó el exministro de Defensa.
Desbordes manifestó creer que el camino más efectivo para evitar estos hechos está en aumentar las penas y en una mayor capacidad fiscalizadora, que hoy no existe: “En todo lugar en donde se manejen fondos públicos, por ejemplo, en empresas del Estado, debería haber normas de transparencia estrictísimas, debería aplicarse el máximo de las normas de compras y ventas públicas, debería haber fiscalización de la Contraloría”.
No hay aparato público para frenar la corrupción
Es cierto que hay lugares en donde la fiscalización no llega. Lugares opacos en donde no existe una alternativa legal para investigar a fondo. Así lo señaló el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, el pasado diciembre, cuando arrojó luces respecto a la precariedad del sistema de vigilancia sobre los casos de corrupción: “No vamos a sacar nada si es que seguimos investigando cuando descubrimos los hechos y tenemos que esperar que un amigo traicione a un amigo para descubrir un caso de corrupción”, sostuvo, en referencia al caso Torrealba y la Municipalidad de Vitacura. Es que todo ese caso fue destapado por una autodenuncia que realizó Domingo Prieto, amigo del exalcalde de dicha comuna, quien reveló lo que sucedía en las arcas fiscales de la municipalidad del sector oriente y de su amigo.
El experto Alberto Precht, quien fue director ejecutivo de Chile Transparente y que es abogado experto en anticorrupción, explica que “los ámbitos donde uno puede encontrar más de estos delitos van a ser aquellos en donde existe concentración del poder, monopolio de la decisión y bajos niveles de transparencia”. Precht añade que el fin a la reelección en los municipios trajo buenas noticias para la vigilancia, pues se habilita un espacio para auditorías externas y denuncias que antes no ocurrían.
Asimismo, cree que las principales medidas que se deben tomar en estos casos van en dirección a dar un menor rango de opciones para la autoridad investigada por corrupción, por ejemplo, “las salidas alternativas no deberían existir”, puntualiza. Además, concuerda con Leturia en que la Contraloría General de la República debería tener mayor facultad de fiscalización en las corporaciones y fundaciones municipales.
Para el abogado, lo más grave de tener medidas laxas y poca vigilancia, es que se posa una sensación de impunidad sobre los delitos que cometen las autoridades y, con eso, “empieza a existir un proceso de decaimiento del tejido social porque, las mismas personas, al dejar de creer en el tejido, empiezan a comportarse fuera de este”.
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