Todos los homicidios son abominables y mueven a la compasión. No pasa un segundo de tiempo sin que se produzcan en el mundo todo tipo de crímenes, además de las vidas que se cobran los diversos accidentes y cataclismos. En este sentido, Chile siempre ha sido un país muy expuesto a la muerte ya sea por los fenómenos naturales que padecemos o por la acción desquiciada de quienes se sienten con derecho a matar.
Nuestra historia constata muchos episodios luctuosos producto de las guerras que hemos emprendido contra países hermanos, por la codicia de quienes se han apoderado de nuestras riquezas naturales y, sobre todo, debido a la acción de las fuerzas armadas y policiales siempre mucho más preocupadas de velar por la “seguridad” interna que protegernos de los potenciales enemigos externos.
Alguien podría hacer un contraste entre el número de civiles ultimados por militares y carabineros y los uniformados que han caído a causa de la acción delictual, calificativo con el cual se tilda a quienes hacen uso de las armas, las que en Chile por ley están reservadas para uso exclusivo de los agentes del Estado. Chilenos que por muchos miles han caído durante los sucesivos cuartelazos y regímenes dictatoriales que registra nuestra historia. Campesinos, mineros y trabajadores por doquier acribillados en las que se denominan “masacres”, a los cuales cotidianamente hay que sumar a los mapuches y pueblos originarios, como a quienes se sublevan contra el llamado “estado de derecho”, en reclamo por sus derechos conculcados. O “atenten contra el orden establecido” que en lo fundamental se propone garantizar la propiedad y la integridad de los grupos dominantes del país.
Ver los noticiarios de la televisión en estos días sirve para comprobar que los canales al unísono dedican la mayor parte de estos espacios a la lucha contra el crimen organizado como al heroísmo de los policías que lo combate. Tanto así que en las últimas semanas las dos ramas legislativas, como el propio Gobierno, han volcado casi por entero sus agendas a dictar leyes que le den mayores facultades a policías y militares para usar sus armas de fuego, prestos a disparar en caso de que sus vidas sean amenazadas. Al tiempo de garantizarles la continuidad en sus funciones mientras la justicia, y no el sentido común o la flagrancia, demuestren que han cometido abusos. Vivimos en un momento en que solo son héroes los uniformados muertos al tiempo que se legitima la delación para detener y condenar a sus presuntos infractores.
Hemos llegado en pocos días a que los “agentes del orden” cuenten con las mismas garantías y armas letales de los policías estadounidenses que tienen licencia para matar a jóvenes, especialmente si son negros y pobres. De esta forma los políticos populistas y los periodistas más ignorantes aseguran su exhibición pública e ingresos alimentando los más bajos instintos de la población.
Al Director General de Carabineros, actor principalísimo en todos los canales de la televisión abierta, poco le falta echar humo por su boca, ojos y nariz para referirse a los que detienen y sindican como delincuentes sin aceptar presunción de inocencia alguna o esperar lo que resuelvan los tribunales de justicia. Lo que mucho le sirve para ocultar los escándalos, malversaciones y otros abusos cometidos por la oficialidad policial, en los que él mismo podría resultar imputado. Sus declaraciones diarias desprecian abiertamente la obediencia que le deben al Ejecutivo, cuanto su propio juramento de no ser deliberantes. Una actitud muy validada ahora por una nación que ubica a gobernantes, parlamentarios y políticos en general en los más bajos peldaños del prestigio y la credibilidad.
Debemos reconocerlo: por el bajo nivel de instrucción de la población, como su empobrecido espíritu cívico (lacras heredadas ciertamente de la Dictadura y la posdictadura) ya se han hecho recurrentes la discriminación racial y social, gracias a las que se sindica ligeramente como delincuentes a los jóvenes de las poblaciones marginales y a los inmigrantes. Una xenofobia irresponsable y cobarde al grado de que provocan muchos linchamientos de la propia población contra venezolanos, bolivianos, haitianos y otros que ya no pueden creer en eso de que somos un país hospitalario o un verdadero “asilo contra la opresión” según reza nuestro Himno Patrio.
En la política van desarticulándose las propuestas de cambio y justicia social. La derecha, hasta hace unos pocos meses prácticamente abatida, hoy adquiere vigor en las encuestas y promete nuevos triunfos electorales sobre todo en favor de sus representantes más vociferantes, extremistas y demagogos. De la misma forma en que las izquierdas se deslindan del Estallido Social, renuncian o morigeran sus propuestas programáticas y no logran escapar a la presión que les hace la clase empresarial a objeto de que el Gobierno de Boric renuncie a su programa y se allane a una nueva Constitución que solo le haga retoques cosméticos a la que nos legara Pinochet. Propuesta que ya está “cocinada” entre gallos y medianoche por el conjunto de las cúpulas partidarias, aunque citen al país a un simulacro democrático para elegir en mayo a un grupo de constituyentes ya santiguados por el Poder Legislativo.
Si siempre se ha sospechado de la falta de idoneidad de las dirigencias políticas, hoy este sentimiento se ha generalizado, aunque todavía los encuestadores no se dispongan a reconocer que la mayoría de los chilenos ya poco les importa una democracia que no resuelve las demandas populares y, que más bien propicien un nuevo gobierno autoritario, ahora que los uniformados están en la cúspide del prestigio popular.
No cabe duda que la derecha y el golpismo están cobrando bríos y que, bajo el pretexto de la inseguridad social, fenómeno innegable aunque exacerbado, los haga retornar a la Moneda. En una amnesia colectiva respecto de que las más poderosas y sanguinarias dictaduras siempre han tenido como promesa de la seguridad popular, el “orden” público y la prensa maniatada.
Por Juan Pablo Cárdenas S.
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