Por: Juan Pablo Correa Salinas | Publicado: 16.04.2023
Fernando Matthei, Pinochet, Merino y Stange |Todos estos recuerdos han surgido a propósito de la aprobación de la Ley Nain-Retamal en el Congreso y su rápida promulgación por parte de un gobierno que no ha sabido institucionalizar los DDHH en el país. A pesar de haber sido uno de los principales motivos para crear el Frente Amplio y la alianza Apruebo Dignidad.
Recuerdo la entrevista que realizó CNN Chile a Fernando Matthei en julio de 2012. Quien fuera integrante de la Junta Militar de gobierno entre los años 1978 y 1990 dijo en esa ocasión:
“Lamento profundamente y me siento avergonzado de que nosotros, siendo gobierno militar, y siendo yo una parte importante del gobierno militar, se haya violado derechos humanos. Yo no puedo decir que no sabía. Yo por supuesto que sí sabía. Pero tampoco tenía la capacidad de arreglar eso, ¿por qué? Porque en las Fuerzas Armadas cada uno responde de su propio sector. Yo era comandante en jefe de la Fuerza Aérea y no parte del gobierno ni los aparatos de inteligencia. No tenía ninguna posibilidad de ejercer tuición. Y cuando yo preguntaba a veces, o el almirante preguntaba, y preguntábamos ‘¿qué sucede?’ francamente se nos mentía. Sabíamos también que se nos estaba mintiendo. Pero la otra alternativa…qué alternativa tiene uno. Yo era comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Yo tengo la responsabilidad -estábamos casi en guerra y eso también es un hecho histórico- yo tengo una responsabilidad de la defensa de mi país y de conducir la Fuerza Aérea de Chile. Y de eso respondo plenamente”.
En franca contradicción, Fernando Matthei se declara responsable (avergonzado) e irresponsable (impotente) por la violación de derechos humanos (DDHH) de un gobierno del que dice haber formado y no haber formado parte. Reconoce su complicidad en esos hechos, pero se justifica en lo que entiende como su deber institucional: defender el país de sus enemigos. ¿Externos, internos, ambos? No lo deja claro. Después de todo, “el almirante” que menciona trataba de “humanoides” a sus adversarios políticos internos.
Cuando se cumplieron 40 años del golpe de Estado, el presidente Piñera llamó “cómplices pasivos” a quienes “sabían y no hicieron nada o no quisieron saber y tampoco hicieron nada” por proteger los DDHH durante la dictadura.
El concepto de “cómplices pasivos” fue acuñado por un historiador checoslovaco de origen judío llamado Otto dov Kulka, quien lo empleó para dar cuenta del compromiso ético y político del pueblo alemán en el holocausto del pueblo judío. Su opinión es que los alemanes que no formaban parte del partido nazi no fueron neutrales ante el exterminio de los judíos. Por el contrario, internalizaron los prejuicios y estereotipos que los denigraban y toleraron su persecución y asesinato, pues culpabilizaban a las víctimas con las mismas expresiones que sus captores.
Sorprende que Fernando Matthei desconozca su papel en la implementación de la institucionalidad represiva de la dictadura con la que se violaron sistemáticamente los DDHH. Desde la libertad de expresión y reunión hasta el derecho a la vida y la integridad física. No sólo hubo persecución, asesinato, desaparición, exilio, relegación y tortura.
También se anularon los derechos políticos de la ciudadanía, se establecieron las bases institucionales de la futura democracia tutelada a través de la Constitución del 80, se traspasaron los recursos económicos del país a los amigos del régimen y se controlaron los medios de comunicación, instalando una cultura donde los DDHH y la vida democrática valían mucho menos que el circo mediático que promovía el conformismo y el consumo. Circo televisivo donde campeaban los chistes prejuiciosos de “Don Francisco” y el programa Jappening con ja, cuya canción emblemática era “ríe cuando todos estén tristes”.
Entre la complicidad pasiva y la activa, la línea es tenue. Siempre se trata de complicidad. Por eso son impresentables las palabras de la alcaldesa Matthei cuando dice: “Yo no voy a aceptar que él [el presidente Boric] ponga en duda una tradición que es de mi padre y mía, de un ‘no’ sistemático a cualquier violación de DDHH”. Después de todo la misma alcaldesa dice haber votado “Sí” esperando que Pinochet perdiera el plebiscito del 88 “para que la diferencia no fuera tan grande que después arrasaran”. Una línea muy tenue.
En la famosa crónica de Pedro Lemebel “Hacer como que nada, soñar como que nunca (Acerca del video La venda, de Gloria Camiroaga)” se describe dramáticamente la complicidad pasiva de una parte del pueblo de Chile con las violaciones a los DDHH perpetradas por el régimen pinochetista.
Dice Lemebel: “Medio país prefiere no saber, no recordar alguna noche que en la casa vecina una garganta de mujer trinaba a parrillazos los estertores de su desespero. Medio país se resiste a creerlo, y quiere dar vuelta la página, mirar al futuro, hacer como que nada, soñar como que nunca. Medio país sabe porque no quiere saber, porque se hace el leso. Y aunque duela decirlo, la cercanía compinche llamada compatriotas, la complicidad familiar de una esposa, hermana o madre que oculta a su hijo torturador, la complicidad cultural extasiada por el arte esos días de trapo negro, la farra incestuosa de la televisión y la prensa miliquera brindando con la borra fascista; todo eso tejió la venda de individualismo que le dio visa de ciudadano legal al monstruo torturador”.
Todos estos recuerdos han surgido a propósito de la aprobación de la Ley Nain-Retamal en el Congreso y su rápida promulgación por parte de un gobierno que no ha sabido institucionalizar los DDHH en el país. A pesar de haber sido uno de los principales motivos para crear el Frente Amplio y la alianza Apruebo Dignidad.
Apoyados en el amplio triunfo del Rechazo, los partidos de derecha han transformado el Congreso y la televisión en un circo con el que buscan instalar otra vez un estado policial en Chile. Un Estado que permitirá a las policías asesinar y torturar en determinadas circunstancias. Donde un carabinero podrá acribillar impunemente a quién lo amenace con una piedra en una manifestación pública. Como en la película El Juez (Judge Dredd), se agregan los roles de juez y verdugo a las funciones policiales. Pero no pueden hacerlo si no cuentan con la complicidad de las alianzas de gobierno.
Probablemente, ha sido la culpa de ejercer el poder con instituciones heredadas de la dictadura lo que ha maniatado al gobierno desde sus inicios. La dificultad para distinguir entre el poder democrático, que surge de la elección popular de representantes, y los poderes fácticos que se ejercen a través de medios dictatoriales. Aunque ambos sean ejecutados por las mismas instituciones.
La función del Congreso es legislar. La del Ejecutivo es gobernar.
Si el gobierno duda en ejercer el poder que se le asignó al elegirlo, la oposición puede aprovechar ese vacío para intentar gobernar endureciendo las leyes, hasta el punto de olvidar que los DDHH deben ser un límite infranqueable en una república democrática que el próximo 11 de septiembre conmemora los 50 años del golpe de Estado.
Parece claro que para esa fecha no habremos superado todavía la institucionalidad represiva e irrespetuosa de los DDHH generada por el contubernio cívico militar que lo llevó a cabo.
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