Por: Claudio Pizarro | Publicado: 28.04.2023
WhatsApp Image 2023-04-28 at 2.42.42 AM |Tras el asesinato de Hugo Vega afloraron las debilidades de un sistema que parece estar en el limbo. Una actividad poco reglamentada que oscila entre la cooperación a Carabineros y la intromisión directa en funciones que no corresponden, sin implementos adecuados ni tampoco preparación. Algunos alcaldes abogan por más atribuciones, mientras el gobierno se opone a instaurar una suerte de “policías comunales”.
Hugo Vega llegó al piso 13 de un edificio ubicado en la calle Los Olmos, en la comuna de Macul, tras recibir un llamado sobre un supuesto episodio de violencia intrafamiliar (VIF).
Esa noche llegó con su compañero de ronda al departamento. Los hicieron pasar, en medio de una trifulca entre hermanos, y terminó acuchillado en el cuello y el tórax por un joven de 17 años. A las 9 de la mañana del día siguiente falleció en el hospital Sótero del Río.
La noticia se tomó los matinales. El alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, lamentó la muerte del inspector municipal y pidió con urgencia legislar sobre sus atribuciones, en medio de una crisis de seguridad que catalogó de compleja. “Estamos devastados”, dijo.
Unas semanas antes Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), planteó un proyecto al parlamento que buscaba dotar de armas a los guardias municipales. Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, dijo que el gobierno no estaba dispuesto a replicar errores de otros países, echando por tierra la propuesta.
La muerte de Hugo Vega no sólo fue lamentable. Dejó en evidencia otras cosas. Entre ellas, algunas de carácter legal. ¿Por qué funcionarios municipales tienen que acudir a un procedimiento VIF si no está en sus atribuciones hacerlo? ¿Por qué no esperaron a Carabineros? ¿Acudieron al lugar con los implementos de resguardo adecuados?
Estas son algunas de las interrogantes que deja la muerte del funcionario de 63 años, el primer inspector contratado por el municipio hace una década atrás, cuya muerte desnuda los precariedades de un gremio que lleva largo tiempo trabajando al filo de la ley.
“Él no debería ser mártir”
El ataúd lo cargaron sus compañeros, entre globos y aplausos, en medio del ruido de las sirenas encendidas de los carros de seguridad. El cortejo llegó el miércoles en la tarde, escoltado por motos municipales de otras comunas, en una especie de rito de despedida de viejos camaradas. Antes de entrar al municipio -el lugar del velatorio- empezó a sonar “I was made for lovin’ you”, de Kiss.
A Hugo Vega lo recuerdan como un hombre alegre. Dicen que se disfrazaba de Monje en las marchas del sindicato y era conocido como “I1”, el inspector que condujo el primer móvil municipal por las calles de Macul. Al que miraban raro al principio por su pinta de roquero.
Uno que lo recuerda y lamenta su partida es Manuel Gallardo, presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales de Macul y amigo personal de Vega. “Me lo arrebataron por cumplir una función que le corresponde a Carabineros”.
“Él no debería ser mártir, es una víctima de un sistema aberrante que los alcaldes ocupan por un tema político. Es una palanca para acercarse a la comunidad”, dice.
Gallardo asegura que la Municipalidad incurrió en una falta grave al mandar a los funcionarios a una función que no les compete. “Se están vulnerando los derechos de los trabajadores y poniendo su vida en riesgo, como pasó con Hugo que murió cumpliendo un deber que no debía hacer”.
La seguridad municipal, en rigor, no tiene un marco regulatorio sistematizado, pero se reconocen al menos dos cosas importantes: que cumplen una labor de apoyo a Carabineros, coordinada; en ningún caso de reemplazo. O sea, no pueden suplantarlos.
Así lo estableció un dictamen de Contraloría del 1º de diciembre de 2021, que instruye respecto a los inspectores municipales que no pueden “invadir el ámbito de competencia de las instituciones policiales del país”.
Por eso “exigimos, a los Alcaldes (as) del País, y al Gobierno de Chile, el cumplimiento del mandato constitucional y de las leyes que la materializan, para que los funcionarios municipales, solo colaboren con acciones preventivas, en temas de seguridad pública en sus comunas, y no de procedimientos policiales”, declaró el sindicato en un comunicado público.
No sólo eso. Gallardo dice que los propios inspectores se proveen de elementos de seguridad y ellos mismos gestionan sus capacitaciones. El municipio sólo aportaría lo esencial: chaleco antibalas, uniforme y botas. Ellos, en tanto, se comprarían las esposas, bastón retráctil y gas pimienta. Elementos por cierto prohibidos en el rubro.
Hasta hace pocas semanas atrás, para colmo, andaban patrullando las calles en solitario. Tras la muerte del cabo Daniel Palma se habría instalado el modelo americano de duplas. “A los alcaldes les interesa que se vea el móvil paseándose por la calle, para que digan que hay seguridad, así funciona el asunto”, critica el dirigente.
Auditoría interna
Víctor Pérez es un exinspector municipal desvinculado luego de denunciar malos tratos de la jefatura y hacer duras críticas respecto a los procedimientos implementados por la unidad de seguridad de la Municipalidad de Macul. Lo que pasó con Hugo Vega, asegura, se veía venir.
“Como inspectores, somos autoridad comunal respecto al bien nacional de uso público, pero no tenemos ninguna facultad dentro de la propiedad privada. Hugo murió dentro de un domicilio, no en la vía pública. Fue apuñalado por el hijo de la persona que fue a defender, adentro de su casa, lo que no debió haber pasado”.
“Hugo Vega no debió haber estado ahí”, explica Pérez. “Lamentablemente había un sólo móvil, fueron a un procedimiento de alto riesgo enviado por la jefatura y pasó lo que ahora estamos lamentando”.
Las denuncias de Pérez vienen desde julio de 2022 y apuntan en la misma dirección. “Vengo reclamando malos tratos y vulneraciones de derechos en contra de la directora de Seguridad Ciudadana, Francisca Palma, quien como sicóloga obligaba a los funcionarios a hacer procedimientos VIF que no estaban dentro de nuestras facultades”.
Pérez dice que los maltratos incluían gritos, “chispeo de dedos” y vulneración de sus días de descanso. “Una vez me hizo trabajar 7 días seguidos simplemente porque se le ocurrió”.
“Mantengo mensajes de WhatsApp donde le hago ver que me está obligando a trabajar 7 días a la semana en año nuevo, no respetando mi descanso, haciéndome trabajar igual”, escribió en una denuncia por acoso laboral interpuesta en el municipio el 28 de febrero de este año.
A continuación, asegura, el director de personal le habría comunicado vía correo electrónico la apertura de un sumario administrativo. Consultado respecto a esta medida, la municipalidad de Macul aseguró a El Desconcierto que ayer el alcalde ordenó una auditoría interna a la dirección de control “para que revise todos los procedimientos de la dirección de seguridad”.
Hoy a las 10:30 Hugo Vega abandonará el Castillo Municipal, donde fue velado, y emprenderá rumbo al cementerio Valles Unidos en Quilicura.
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