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viernes, 14 de abril de 2023

OPINIÓN POLÍTICA Chile ¿Todo por la fuerza, nada por la razón?

     

Hay un suceso de orden público en Chile que debe ser reflexionado. Es el que editorializó La Jornada el 9 de abril: Argumentó sobre los amplios límites legales de la fuerza pública de ese país y los casos de sobreactuación.

Resiste en Chile un pasado autocrático que no acaba de irse. Ejemplo: los 100 años de vida del cuerpo de Carabineros de Chile han sido de constantes actos de represión. Recuérdese el golpe de Estado contra el presidente Allende, en septiembre de 1973, con su larga secuela de terror.

El editorial comenta el caso de esa organización y los recientes actos legislativos del Congreso nacional. El tema fue ampliar sus facultades ante hechos supuestos desacordes con la paz social. Terrible esta última idea, ya que adoptarla supondría aceptar un serio riesgo en cualquier país. El riesgo de extralimitar lo debido.

El gobierno de Boric se vio obligado a expedir apenas hace dos semanas esa ley. Fue promovida por la amplia ala ultraderechista de su Congreso. El presidente apenas logró atemperar el proyecto antes de promulgarlo.

La ley amplía las ya dilatadas facultades de los carabineros. El cuerpo hoy ya es capaz de ejecutar tareas seudojudiciales, usar carros blindados, cañones de agua, gases y armas de fuego contra multitudes. Recursos impensables entre nosotros. La ley chilena vulnera los derechos humanos al aumentar espacios arbitrales facilitando excesos de los uniformados.

El origen de la reacción fue el asesinato de dos carabineros en menos de dos semanas y luego otro. Los hechos fueron aprovechados por la ultraderecha para escandalizar contra el gobierno. Excitar a un pueblo herido es fácil.

En ese país, la inquietud social dio lugar a algo que sería impensable aquí. En aquel sentir comunitario, estuviera politizado o no, el caso levantó una ola de demandas populares en apoyo de los carabineros, situación propia de reflexión.

El pueblo chileno está alarmado ante la preocupante elevación del crimen, 32 por ciento en 2022. Es un país que no conocía esa experiencia, pero dar respuesta a esa situación sólo acreciendo la fuerza es propio de regímenes que descansan sobre la brutalidad. En México no sería posible aceptar una seguridad basada en políticas represivas.

Las marchas chilenas al margen de lo justo de su motivación han acudido a expresiones con formas de cacerolismo de oscura memoria fascista. Aunque a ellas les asisten numerosos derechos, para el joven presidente y su gobierno el ruido político resultante es mala señal.

El extraño ejemplo comentado puede repetirse y crecer peligrosamente para el país. Ante una corporación con amplios márgenes de autonomía, sin contrapesos, con una historia de rigideces, el gobernante por la vía de los hechos, podría enfrentar condicionamientos en el mando de esa fuerza.

El control de las emociones sociales debe ser político, no policial. El uso gradual de la fuerza, aun con respuestas lo más cautelosas posible debe evitarse. Receta difícil, como todos los grandes deberes.

Son de considerar tres circunstancias y una conclusión alrededor de la reflexión sobre los carabineros: 1) en su relación con la sociedad son implacables; 2) su doctrina aprobatoria de actos de represión –que ellos llaman controversias– fue garante de 17 años del pinochetismo, y 3) tras Pinochet han pasado tres presidentes de izquierda, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Gabriel Boric. Concluyamos observando cómo los tres presidentes liberales han demostrado saber que, como intensa realidad, la fuerza pública es una complexidad natural dentro del ejercicio del poder y que mandarla con sabia autoridad es esencial.

Cuán valiosos son los Carabineros en la vida política de ese país, sólo los chilenos lo pueden decir, recordando que tienen 100 años de existencia.

En nuestro mundo, la insatisfacción nacional persiste ante un caso de intervención policial. Es constante que ninguno de los órdenes participantes, policías o sociedad, resulte razonablemente conforme. Pedirlo todavía es irreal.

Sucede que ambas partes, reclamantes y autoridad, no han desarrollado la capacidad de resolver controversias. Evidentemente existe un vacío de entendimiento que es obligado para los dos: el diálogo que no hemos aprendido a emplear.

Aún se observa que tales inconformidades también abren espacios a una supuesta justicia popular, al actuar como Fuente Ovejuna. Sería peligro nacional confundir al pueblo validando una justicia por sus manos.

No debe darse un solo paso en favor del endurecimiento oficial, del autoritarismo. No sabríamos adónde iríamos a parar. Un paso falso y habríamos perdido el horizonte. Hemos sufrido lamentables experiencias. Difícil, pero ineludible, encontrar vías de solución que equilibren seguridad y respeto. Nada por la fuerza, todo por la razón.

Por Jorge Carrillo Olea 

Fuente: La Jornada

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