18/02/2016 |
Por Mario López M.
El fallo de la sala de verano de la Corte de Apelaciones de Concepción que deja sin efecto el auto de procesamiento en contra de los responsables de exhumación en el denominado caso Laja-San Rosendo, por el homicidio calificado de 19 personas, hecho ocurrido en septiembre de 1973, no hace sino sentar las bases de la impunidad y cerrar cualquier camino de llegar a imputar responsabilidades a la actual ministra de la Corte Suprema, Rosa Egnem.
La sentencia desechó así lo dictaminado por el ministro en visita extraordinaria para causas de derechos humanos penquista, Carlos Aldana, quien había procesado a Pedro Luis Jarpa Forester como autor del delito de homicidio calificado de las 19 víctimas. Ello "por estimar que los antecedentes producidos en el juicio, no son suficientes para dictar auto de procesamiento".
Igualmente denegó el procesamiento del empresario de la Papelera (CMPC) Roberto Izquierdo Menéndez, como encubridor del delito de homicidio de Juan Villarroel Espinoza, "al no estar tipificada su conducta en ningún ilícito de acuerdo a la investigación hasta ahora realizada". Tampoco dio lugar a citar a declarar a los integrantes del Juzgado Militar que dispuso el sobreseimiento definitivo de la causa, sin investigar y ocultando los hechos.
Horroroso crimen
Por último, los ministros Claudio Gutiérrez Garrido (presidente), Matilde Esquerré Pavón y Camilo Álvarez Órdenes, resolvieron revocar el auto de procesamiento por inhumación ilegal como autores a los 10 procesados por el ministro Aldana, hecho cometido el 17 de septiembre de 1973. Solo quedó sometido a proceso René Luis Urrutia Elgueta como "autor del delito de exhumación ilegal de 19 cadáveres". Debe haberle resultado complicado mover él solo los cuerpos.
Entre los días 13 y el 16 de septiembre de 1973, 19 personas, entre empleados de la Papelera CMPC de Laja y de ferrocarriles en San Rosendo, fueron detenidos por personal de Carabineros de la Tenencia de Laja, a cargo del teniente Alberto Fernández Mitchel y también por funcionarios de San Rosendo. Los trabajadores de la CMPC fueron delatados por los ejecutivos de esa empresa de la familia Matte.
Los crímenes fueron llevados a efecto la madrugada del 18 de septiembre de 1973 en el Fundo San Juan, de la comuna de Yumbel, de propiedad de la CMPC. Todas las víctimas habían sido detenidas en su lugar de trabajo o en sus domicilios y se encontraban bajo custodia de carabineros. Desde allí y sin orden judicial ni mediar proceso, fueran trasladadas desde la Tenencia de Laja en la noche del 17 de septiembre para ser vilmente ejecutadas, ocultándose los cuerpos en el citado predio.
Valientes fusileros
El expediente da cuenta que los fusileros bebieron para infundirse "valor" antes de ejecutar el crimen. De hecho al descubrirse la fosa clandestina se encontraron gran cantidad de botellas de licor. Los mismos inculpados reconocieron haber bebido para tener la "valentía" de disparar a gente amarrada e indefensa. Una vez consumado el crimen, los cuerpos fueron semienterrados, siendo posteriormente descubiertos por trabajadores del fundo quienes dieron cuenta a las autoridades de la época.
El parte policial daba cuenta del hallazgo de 18 cadáveres no identificados, que se encontraban enterrados "en una fosa de 60 centímetros, cubiertos con una capa de cal y tapados con tierra. Al desenterrarlos se pudo apreciar que algunos presentan heridas a bala calibre 22 milímetros, otros con el cráneo destrozado y la mayoría con las manos amarradas por la espalda. Casi todos estaban descalzos y con puros pantalones. Por la descomposición de los cuerpos y el deterioro de sus vestimentas, se presume que llevaban enterrados de 15 a 20 días", señalaba el parte de fecha 11 de octubre de 1973, firmado por el sargento primero Martín Gastón Rivera, el que se guardó en la caja de fondos del Juzgado de Yumbel.
Los cuerpos fueron lanzados a una fosa común en el cementerio de Yumbel, en completo ocultamiento de los hechos a los familiares. Tardó 6 años dar nuevamente con la tumba ilegal en el fundo. "La tierra había sido removida sin mucho cuidado; encontramos una cédula de identidad, zapatos, unos lentes ópticos, restos de osamenta y en un extremo de la fosa un cuerpo completo, con sus piernas amarradas con alambre de púa. La pericia legal comprobó que no tenía huellas de impactos de balas mortales por lo que habría sido enterrado vivo", relataría la exdiputada Martita Wörner, quien participó del hallazgo. Luego se daría con la fosa común.
Ministra Egnem salva ilesa
Al momento del primer descubrimiento de los cuerpos, oficiaba de secretaria del Tribunal de Yumbel, la hoy ministra de la Corte Suprema Rosa Egnem. Ella subrogaba a la jueza titular y guardó el parte por inhumación ilegal -que había sido entregado por el comisario Héctor Rivera- en la caja fuerte del juzgado e incluso posteriormente lo borró, alterando registros judiciales, según da cuenta la investigación.
La ministra, que debió declarar en el proceso, señaló: "La señorita Mera (la jueza titular) volvió a sus funciones y lo primero que hice fue entregarle el parte..., pero me dijo ‘déjelo no más en la caja de fondos y no lo saque de allí'. Pero en el intertanto yo había ingresado, sin consultarle, en el libro de ingreso, ese parte, y cuando ella me ordenó que lo dejara guardado, le conté que lo había ingresado... Me dijo ‘¿qué va a pasar cuando pidan cuenta del estado de la causa?'. Yo me asusté y lo borré del libro de ingreso..., pero recuerdo también que después volví a colocar en el mismo lugar en el cual había borrado, el mismo ingreso..., pues me arrepentí de haberlo borrado antes...".
Ese simple hecho, para la ministra Egnem, fue el que inhibió a los familiares y abogados conocer la verdad sobre esos crímenes en dicha oportunidad. Consultado el entonces ministro Milton Juica, señaló: "En la época en que ocurrieron los hechos, algunos jueces a lo mejor no tuvieron la convicción o la fuerza suficiente para conocer de los casos, pero en lo que se refiere a la jueza de ese tribunal (de Yumbel) se aplicó por estos hechos una sanción disciplinaria, y a la secretaria de esa época (Egnem), que es la actual ministra, en una primera instancia, se le aplicó también una sanción que la Corte Suprema dejó sin efecto, y ella no recibió sanciones de carácter disciplinario".
Con la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, se cierra la posibilidad de perseguir cualquier eventual responsabilidad penal de la ministra Rosa Egnem. Se avizora buena calificación para los subalternos.
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