27/02/2016 |
Por Mario López M.
• En querella pide revisar el caso que impactó a la clase política y en que resultó condenada por ejercicio ilegal de la profesión. “Adulteraron las pruebas”, asegura a Cambio21. Juez ordena investigar.
• “Me persiguieron desde la UDI, fui un chivo expiatorio. Hubo protección a poderosos que hacen lo que quieren con Chile. Me aplicaron presiones ilegítimas y hasta acoso sexual”, denuncia.
"Juro que todo lo que digo en este documento, es la verdad y solo la verdad". Así comienza la declaración que la psicóloga Rina María Montt Marchant, quien reside actualmente fuera del país, hiciera tras ser contactada por Cambio21, respecto de la querella que ella presentara ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y que busca impugnar el eventual uso de pruebas falsas en su contra en el marco del "caso Spiniak".
El bullado caso judicial involucró a un poderoso empresario en delitos de pedofilia, pero implicó además serias acusaciones a tres parlamentarios por participar presuntamente de los bacanales sexuales que incluían a menores de escasos recursos, a un sacerdote que fuera acusado de inducir falso testimonio, un juez que fuera removido de su cargo tras acusaciones de medios de prensa (que a su vez fueron condenados por grabarlo de manera ilegal) y otras aristas que mantuvieron al país durante un largo periodo pendiente del acontecer con el tema.
El enmarañado caso
Claudio Spiniak Vilensky fue detenido en septiembre de 2003 por los delitos de estupro, prostitución infantil y producción de material pornográfico. Lo que parecía un grave hecho delictual pero propio de páginas rojas, se convirtió de la noche a la mañana en un delicado caso de interés nacional y primeras planas, cuando la entonces diputada RN Pía Guzmán, en una inédita conferencia de prensa acusó un mes después a 3 parlamentarios, sin revelar sus nombres, por estar involucrados en la red de pedofilia encabezada por Spiniak. Lo curioso y que le dio credibilidad, es que según ella, dos de los parlamentarios eran de la Alianza por Chile, sus aliados.
Más tarde el escritor Pablo Huneeus identificó a los senadores Carlos Bombal y Jovino Novoa, ambos de la UDI, de ser los señalados por la exdiputada Guzmán. Tras una querella presentada en contra de la parlamentaria RN (la cual fue exculpada por la Corte Suprema), su partido no le permitió presentarse a la reelección. A la vez el juez de la causa, Daniel Calvo, debió abandonar el caso cuando CHV y la otrora revista Plan B denunciaron públicamente "la falta de idoneidad del magistrado", quien luego de querellarse en contra de los mismos medios, denunció ser víctima de extorsión de un funcionario de un sauna gay, que él frecuentaba.
Laberinto de conocidos
Si ya la cosa resultaba enredada, las declaraciones de una menor, Gema Bueno, respaldada por el sacerdote José Luis Artiagoitia, el "cura Jolo", ratificó la presencia de un parlamentario (que terminaría siendo identificado en declaraciones como Novoa) y además de otro parlamentario a quien identificó como "Ricardito", en alusión al exsenador Nelson Ávila. La cosa explotó y la UDI dispuso de "sus mejores hombres" para desacreditar el infundio. Entre ellos -vueltas de la vida-, Juan Díaz, el operador de la UDI formalizado en el caso Caval "y sobre el cual se consigna en el expediente que habría ofrecido $1 millón al novio de Gema Bueno", indica Montt.
Gema Bueno se desdijo e implicó que ella y el cura Jolo fueran condenados por falso testimonio e inducir al falso testimonio respectivamente. Canal 13 que difundió la primera entrevista a Bueno en que implicaba directamente a Novoa y por la cual este se querellara en contra del medio terminó en un lucrativo acuerdo, los carabineros que investigaron en un principio los hechos pasaron de héroes (hasta condecorados) a ser dados de baja por incumplimiento de deberes militares, al descubrirse que faltaban 22 vídeos (con los invitados a las fiestas de Spiniak).
Rina Montt Marchant, quien hoy pide reabrir el caso, se desempeñaba en aquel entonces en el SENAME y fue involucrada por la UDI y el entonces senador Nelson Ávila, como supuesta inductora de las acusaciones de algunos menores a políticos, entre ellos Jovino Novoa. Aunque fue absuelta de falso testimonio, terminó condenada por ejercicio ilegal de la profesión de sicóloga. Entre las pruebas que se esgrimió en su contra, estuvieron sus hoy supuestas declaraciones judiciales, que ella desconoce como propias y que aduce, son parte de una maquinación.
"No ejercí ilegalmente"
Montt estuvo a cargo en el denominado caso Spiniak por instrucciones de la directora de entonces del SENAME, Delia del Gatto, señaló. Por ello desde la UDI -afirma-, las habrían emprendido en su contra. Según manifiesta a Cambio21, "el exsenador Nelson Ávila, le dijo a (Pablo) Longueira que yo los había implicado en la causa. A mí me culparon por los informes que hizo Patricia Vera (otra profesional del Servicio Nacional de Menores). Mil veces traté de hablar con Jovino Novoa, (pero) siempre me miraron como si yo fuese basura", aseguró.
La condena a una la pena de 41 días de presidio y multa de 6 UTM por el ilícito, fueron brutales para la profesional, que se sintió perseguida en el país y optó por partir al extranjero a continuar con su vida. Lo cierto es que no huyó, pues "nunca he dejado de pelear no solo por limpiar mi nombre sino que por poner las cosas en su lugar", asegura a cambio21. "se adulteró mi testimonio prestado judicialmente", afirma.
La profesional que actualmente está radicada en México, afirma que agentes del Estado redactaron como suya una confesión falsa en el expediente, que permitió condenarla por el delito de ejercicio ilegal de la profesión de psicóloga en 2012. Según la querella de Montt, el 15 de octubre de 2005 fue interrogada "bajo la ausencia de las más mínimas condiciones y garantías de un debido proceso", pues en la diligencia participó personal de inteligencia de Carabineros de Chile en momentos en que la jueza Eleonora Domínguez (hoy fallecida) no estaba presente. "Yo no cometí el delito de ejercicio ilegal", asegura.
"Adulteraron mi testimonio"
Esa fue la oportunidad -según la querellante-, en que el oficial de Dipolcar Gonzalo Alveal Antonucci (más tarde involucrado en el caso de escuchas telefónicas ilegales a políticos y absuelto por la Corte marcial), habría presionado a Rina Montt para que reconociera su participación en un supuesto montaje para incriminar a Jovino Novoa y a otros parlamentarios mencionados en el caso por la testigo Gema Bueno, cosa que ella negó tajantemente. Esa sería la razón que originó que su testimonio fuera adulterado para hacerla parecer culpable. Montt se encontraba titulada de sicóloga desde el 11 de junio de 2002.
"Fui procesada y condenada con pruebas falsas, ilegales y por la adulteración de mi declaración prestada al oficial de carabineros Gonzalo Abelardo Alveal Antonucci, quien me torturó emocionalmente, la actuaria Paula Verdugo me insultaba y se mofaba de mí, y un tercer sujeto de Carabineros de Chile, del cual nunca nadie me quiso dar su nombre. Antecedente que fue solicitado reiteradamente a la oficina de Transparencia de Carabineros, sin respuesta alguna", afirma Montt a Cambio21.
Y continúa con su relato: "La juez Eleonora Domínguez inició el interrogatorio preguntándome por Sebastián Piñera y su participación en este caso, cosa que no tengo idea. Luego abandonó la sala dejándome a merced de estas tres personas. Lo tenían todo planificado ya que el sr. Alveal era oficial de la Oficina de Inteligencia Policial. Este me mostró 3 firmas fotocopiadas sin poder ver a cual documento correspondían. Él no es, ni fue funcionario de tribunales y se permitió interrogarme y torturarme sin contar con autorización para ello".
"No tuve posibilidad de defenderme"
Señala Rina Montt que en el interrogatorio más trascendente no hubo un juez presente, ni siquiera cuando dieron orden de aprehensión en su contra. Por ello desmiente a Alveal: "Él dice que me interrogó en presencia de la Jueza. Entonces porque no firmó el interrogatorio como dice el CP (Código Penal). Toda persona debe ser interrogada por un juez. Miente porque es un cobarde como muchos valientes soldados. Solo que él era carabinero", señala Montt.
Las presiones ilegítimas iban de gritos a insultos e insinuaciones sexuales, indica Montt: "Cuando yo me negaba a contestar, el oficial Alveal me gritaba como energúmeno y acercaba sus partes genitales muy cerca de mi cara, acompañando sus gritos con todas las groserías de la actuaria. Yo no me incriminé, cambiaron mi declaración. Así de simple". Años más tarde se percató del cambio, afirma "Antes nadie pudo tener acceso al sumario. Solo el señor Letelier. Ya que volví a Chile porque me buscaba Interpol a petición del Abogado don Cristian Letelier Aguilar, hoy ministro del Tribunal Constitucional", denuncia.
La intervención de pruebas sería aún más grave, según la hoy querellante: "Las pruebas (fueron) fotocopias simples de denuncias telefónicas, a fotocopias de estas fotocopias (que) le pusieron el timbre "idéntico al original". No tuve ninguna posibilidad de defenderme, fui condenada, sin contar con un abogado, aunque tuve aprox.16, en primera instancia. En la apelación el abogado Claudio Cofré no se presentó a alegar, tampoco lo hizo el abogado Fernando Leal al alegato del recurso de Casación", acusa.
Confabulados
Y no deja nombres sin citar: "Detrás de esto, estaba el señor Nelson Ávila Contreras quien por los mismos hechos me acusó a través del abogado Mckinnon (¿?) de falso testimonio (...) Todo esto en complicidad de personeros de la UDI, como el hoy ministro (del Tribunal Constitucional) Cristián Letelier Aguilar quien siempre supo que las pruebas eran ilegales", afirma la sicóloga.
Según recuerda, "En las fiestas (de Spiniak) no había niños, si adolescentes en situación de calle y comercio sexual. Durante todo el tiempo que duró el escándalo yo no supe más que lo que se publicaba en los diarios. Pero muy poco antes de venirme, un amigo que estuvo preso en la misma cárcel que estuvo Claudio Spiniak, este le confesó que sí asistían a sus fiestas las personas que nombraban algunos testigos", advierte, aunque a ella personalmente no le constan tales hechos.
Para Rina Montt, "El tribunal siempre estuvo coludido, desde el comienzo de esta causa. Jamás debería de haber llegado a lo que llegó. El ministro Daniel Calvo habría llegado a un buen puerto, pero lo destruyeron antes. Él sabe quién lo destruyó. Y lo peor que ese político siempre se escuda en otros, nunca da la cara. Es un cobarde. Raro", asegura, aunque no lo identifica.
"Nadie merece esto"
"Yo creo que no hubo mentiras (en contra de los políticos), si creo que hubo mucho miedo. Yo estaba "apanicada" (llena de pánico), era amenazada de muerte y mi hijo chico también. Hubo protección a poderosos que hacen lo que quieren con Chile desde los tribunales, desde la policía, especialmente de Carabineros. Alguien dijo alguna vez, que si este caso se abría, en el sentido de que se supiera la verdad, la mierda se esparciría por todo Chile", concluye la sicóloga que está dispuesta a que por fin, según sus dichos, se devele la verdad.
Tales antecedentes y otros a que Cambio21 tuvo acceso, configurarían según la querella el delito de presentación de pruebas falsas en juicio. Frente a los antecedentes el tribunal acogió a trámite la acción judicial e instruyó al Ministerio Público para que efectuara la investigación, siendo designada la fiscal Giovanna Herrera, de la fiscalía Centro Norte. "Estoy dispuesta a ir las veces que me citen, incluso a los careos con Alveal o quien sea.
"No pretendo limpiar mi nombre, solo pretendo que se haga justicia, por si algún día deseo volver a Chile, deseo poder trabajar sin que nadie me apunte como una delincuente. Estuve 9 años de mi vida siendo denostada gratuitamente, nueve años de mi vida firmando como una delincuente, 5 años siendo buscada por interpol. Mi padre murió de pena y ni siquiera pude ir a su funeral. No, perdona, nadie merece esto", concluye Rina Montt.
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