Ex uniformados reaccionan ante eminente cierre de Punta Peuco y fin de privilegios. Familiares de víctimas de la represión durante la dictadura: “No nos quedaremos como simples espectadores ante esta inaceptable pretensión de los asesinos de nuestros padres, hermanos e hijos y haremos valer nuestra voz de rechazo a la impunidad”.
Por Daniela Pizarro
——-En diciembre del año recién pasado, 14 condenados por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, presentaron medidas cautelares con el fin de lograr por la vía judicial la libertad vigilada. Los procesos comenzaron a ser vistos por el Tribunal de alzada.
Frente a eso, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) condenó el actuar de los represores de la dictadura y anunció responder con el mismo recurso jurídico. Mediante un comunicado, la AFEP expresó que “con estupor hemos tomado conocimiento de otro intento de los violadores de derechos humanos recluidos en Punta Peuco (PP), de acceder a beneficios carcelarios, como si se tratara de reos comunes que han cometido simples delitos, y no cruentas torturas y alevosos homicidios”.
“En la AFEP nos sentimos con el deber moral de hacernos parte en los recursos de protección presentados por los violadores a los derechos humanos, que actualmente cumplen las penas determinadas por la justicia en el penal de PP”, se indicó en una declaración pública.
Además, la agrupación informó que “no nos quedaremos como simple espectadores ante esta inaceptable pretensión de los asesinos de nuestros padres, hermanos e hijos y haremos valer nuestra voz de rechazo a la impunidad, a través de abogados que han asumido de manera generosa y comprometida nuestra representación en los recursos de protección.”
Escenario reiterado
Los beneficios carcelarios es la nueva guerra de los represores que sirvieron a los fines criminales de los altos mandos de la dictadura cívico-militar. La totalidad de ellos están condenados por secuestro, torturas, desapariciones, ejecuciones, organización ilícita para delinquir, entre otros delitos. Pedir garantías como si fuesen reos comunes, ser llevados a centros hospitalarios (principalmente el Hospital Militar) y no ser instalados en la Cárcel de Alta Seguridad u otros recintos para seguir con comodidades que encuentran en Punta Peuco, ha sido la manera recurrente que han tenido los represores condenados para lograr distintas garantías.
La Corte de Apelaciones rechazó la última medida cautelar que tuvo como protagonista al ex uniformado, Bernardo Daza, quien se encuentra recluido –entre otras causas- por homicidio calificado por el caso Quebrada Honda, donde se asesinaron a tres militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El ex suboficial de Armada presentó la medida judicial para conseguir su internación en el Hospital Militar, ya que padece de un cáncer gástrico. El recurso fue interpuesto en contra de Gendarmería, el Estado chileno y el Ministro en Visita por no acoger la petición.
La sentencia fue concluyente y estimó que no existía una mala práctica en la decisión de no trasladar al violador de derechos humanos y confirmó que la institución carcelaria le estaba brindando una adecuada atención médica.
En octubre del 2015 la Corte de Apelaciones rechazó las medidas cautelares presentados por los abogados de Miguel Estay Reyno, alías “El Fanta”, y Claudio Fuentes Salazar, condenados a cadena perpetua por los asesinatos de Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero en marzo de 1985, en el marco del Caso Degollados, quienes pretendían contar con libertad condicional.
En septiembre del mismo año, igualmente, se impugnaron los recursos presentados por las defensas de seis reos; José Aguirre, Conrado Sesnic, Claudio Fuentes, Víctor Donoso, Hugo González, Francisco Toledo y Maximiliano Ferrer. Todos denunciando a Gendarmería de actuar arbitrariamente por no concederles garantías como la libertad vigilada.
La misma forma judicial fue utilizada por el otrora jefe represivo, Manuel Contreras, quien a través de la ley buscaba no ser trasladado a PP, cuando se cerró el Penal Cordillera. En ese momento el recurso fue declarado admisible, pero finalmente se le denegó la permanencia en Cordillera y fue reubicado en la cárcel ubicada en Til-Til donde estuvo recluido hasta morir.
Fin de Punta Peuco
El cómodo recinto carcelario que alberga a más de cien violadores de derechos humanos y condenados por crímenes de lesa humanidad, tendría sus días contados, ya que alcanzó su capacidad máxima.
Para el mes de mayo del actual año estaría previsto el traslado de los 112 internos -a ellos se les sumaría alrededor de diez nuevos condenados por casos relacionados con la Operación Colombo- a un anexo de la cárcel Colina 1 que permitiría contemplar a 345 reclusos.
El cierre de Punta Peuco es una de las principales demandas de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Alicia Lira, presidenta de la AFEP, señaló que “nosotros pedimos que los victimarios sean traslados de PP a cáceles comunes como se hizo en Argentina y otros países. Sabemos que no pueden estar junto a presos comunes, pero nos referimos a que sean despojados de todas las garantías de las que actualmente gozan”.
Añadió que “no puede ser que quienes cometieron horrorosos crímenes condenados internacionalmente se les tenga en cárceles de lujo, además de ser trasladados e internados permanentemente en el Hospital Militar, donde son atendidos según su rango militar y no como reos, como debiese ser”.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), de cara al fin de Punta Peuco destacó que “el cierre de este lugar no significa que no pueda ser destinado para otra cosa, pero los violadores de los derechos humanos tienen que ser trasladados a un recinto común y corriente, sin privilegios. Hicimos un compromiso con la ministra de Justicia hace una semana, donde nos señaló que visitaríamos las dependencias de Colina y otros penales, para demostrarnos que ese lugar es igual que las otras cárceles”.
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