Uno de los jueces que otorgó las libertades a los criminales de Punta Peuco se encuentra asociado con un ex Carabinero, actual abogado de homicidas y torturadores de la época de Dictadura,

DECLARACIÓN PÚBLICA

Hace pocos días atrás, la Segunda Sala de la Corte Suprema ha dejado en libertad a seis violadores de Derechos Humanos condenados por gravísimos crímenes cometidos durante la época de Dictadura. Por la vía de recursos de amparo han accedido a beneficios carcelarios, como si se tratara de reos comunes y no criminales de lesa humanidad.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se siente con el deber moral e histórico de expresar su indignación y repudio a esta nueva expresión de impunidad, y ratificar que continuaremos haciéndonos parte en todas las causas de protección y amparo de los reos de Punta Peuco, homicidas y torturadores, que no han aportado antecedente alguno a los procesos, no han manifestado arrepentimiento por sus hechos, han negado los crímenes de lesa humanidad y estuvieron evadiendo la justicia durante décadas.

El quehacer tanto pasado como presente de la AFEP, se encuentra indisolublemente ligado a la lucha por la verdad y la justicia, participando en la actualidad en la inmensa mayoría de los procesos judiciales por ejecuciones cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar, y abogando por un cumplimiento efectivo de las condenas, sin privilegio alguno, teniendo para ello especial consideración que nos encontramos frente a crímenes contra la humanidad, es decir, delitos que no sólo contravienen los bienes jurídicos que comúnmente garantizan las leyes penales sino que, asimismo, suponen una negación de la persona en su integridad psíquica y física.

La impunidad de la cual han gozado muchos de los torturadores y homicidas, al igual que todos los responsables del accionar represivo vividos durante la dictadura, se mitiga con la verdad y la justicia, pero se derrota con el cumplimiento efectivo de penas apropiadas, acorde al delito cometido. 

En un sistema político en que el poder judicial tiene una decisoria palabra, la justicia tiene también la función de mantener intacto y vigente un sistema de valores. Si la justicia falla contra los valores básicos de la sociedad, éstos quedan irreconocibles, primero para los perpetradores, que nada reconocen e incluso justifican y relativizan sus actos, y después para las víctimas que pierden su confianza en la Justicia.

No nos quedaremos como simple espectadores ante esta inaceptable pretensión de los asesinos de nuestros familiares de seguir gozando de la impunidad que comenzó con la denegación de justicia durante la dictadura y que se mantuvo buena parte de la transición, continuó con sentencias que no guardaron ninguna proporción en relación al delito cometido, que fueron cumplidas en recintos especiales y privilegiados. Contra esta cadena de impunidad haremos valer nuestra voz de rechazo, de pie, por el NUNCA MÁS.

Es por todo lo expuesto, y habiéndonos enterado que uno de los jueces que otorgó las libertades a los criminales de Punta Peuco se encuentra asociado con un ex Carabinero, actual abogado de homicidas y torturadores de la época de Dictadura, es que hemos solicitado la nulidad de las sentencias dictadas por la Corte Suprema.

Santiago de Chile, 10 de agosto de 2018.