El asilo político otorgado por Francia a Ricardo Palma Salamanca, autor material del asesinato de Jaime Guzmán, fue un balde de agua fría sobre el sueño de muchos chilenos de ser partícipes de un país ejemplar, respetado en el medio internacional por su transición a la democracia, su crecimiento económico y la secularización casi espontánea de sus instituciones. La decisión francesa desdibuja y pone en entredicho a este idílico país ejemplar y virtuoso de oportunidades económicas, apuntalado por su cultura y su tradición jurídica.
A los estridentes no se les ocurre pensar que la brutalidad del Golpe de Estado de 1973, entre sus secuelas, dejó también una mala fijación cultural de la imagen del país en el exterior. Lo mismo que una transición que aceptó Ad æternum las esenciales concesiones hechas entonces a un poder dictatorial soberbio, que no entregó el poder republicano de manera limpia a los vencedores del plebiscito de 1988.
En Chile, la juridicidad, aun en democracia, muchas veces no pasa de ser una retórica discursiva de las elites, particularmente en casos de connotación política. Ellas han desarrollado un ethos ambiguo, un lenguaje instrumental y una voluntad discrecional sobre el uso de lo jurídico.
La paz social no muta el carácter histórico del poder, sino solo cambia su uso en su contexto. Augusto Pinochet siguió a la cabeza del Ejército ya en plena democracia por 8 años, fue luego senador vitalicio y siguió presionando y obstaculizando la transición; con la defensa de toda la elite –especialmente de la UDI, encabezada en sus primeros años por Jaime Guzmán–, logró zafar de condenas en juicios por corrupción y robo, y –lo que es mucho más grave– en crímenes de lesa humanidad. Se burló de los tribunales internacionales en su famosa cabalgata en la silla de ruedas (y algunos pasos) a su regreso desde Londres. Fue 25 años dictador del Ejército de Chile y lo corrompió en extremo. En tales circunstancias, ¿quién nos va a creer?
Hay que recordar que desde Chile no se ha extraditado –no obstante múltiples solicitudes– a ningún violador de Derechos Humanos requerido por países como Francia o Italia por delitos contra sus ciudadanos. Y en casos de extradición activa, como la de uno de los líderes de Colonia Dignidad, Harmut Hopp, que fue negada por Alemania a Chile, nuestro gobierno ha guardado silencio y no se ha reflexionado sobre el por qué. Y en el ámbito de tribunales y orden público, pléyades completas de oficiales de la inteligencia de Carabineros de Chile están presas por plantar pruebas falsas contra ciudadanos. Políticos y empresarios implicados en juicios de corrupción y cohecho en política, han ido quedando bajo libertad vigilada en breves lapsos. A su vez, el ministro de Justicia acusa a todos los jueces de ser en su mayoría izquierdistas.
Hay que convenir que estos hechos no son, precisamente, una carta de presentación aceptable acerca de la seriedad institucional y jurídica de un país, sino más bien de una montaña rusa de opiniones y arbitrariedades.
La paz social no muta el carácter histórico del poder, sino solo cambia su uso en su contexto. Augusto Pinochet siguió a la cabeza del Ejército ya en plena democracia por 8 años, fue luego senador vitalicio y siguió presionando y obstaculizando la transición; con la defensa de toda la elite –especialmente de la UDI, encabezada en sus primeros años por Jaime Guzmán–, logró zafar de condenas en juicios por corrupción y robo, y –lo que es mucho más grave– en crímenes de lesa humanidad. Se burló de los tribunales internacionales en su famosa cabalgata en la silla de ruedas (y algunos pasos) a su regreso desde Londres. Fue 25 años dictador del Ejército de Chile y lo corrompió en extremo. En tales circunstancias, ¿quién nos va a creer?
El oficialismo no entiende que todo ello transforma a Chile en un país jurídicamente de monicacos, cuyos gobernantes se muestran impotentes para comprender que, para el lugar de potencia media a que aspira Chile, el soft power de la imagen y la diplomacia moderna proviene de la credibilidad, y de un prestigio cultivado por años en la coherencia. No hay mutación a virtud republicana en un Estado con tales antecedentes que desprestigian al país y generan el desprecio de Chile por desconfianza y falta de coherencia.
Para colmo, el Gobierno de Chile aún no designa embajador en Francia. Es preocupante esta debilidad político-diplomática para un Estado como Chile.
La sensación de estar muy abajo en la escala de la consideración internacional resulta algo complejo. Lo lamentable es que, para peor, la única respuesta que se le ocurre al Presidente Sebastián Piñera, responsable de nuestra política exterior, es enviarle una carta a Emmanuel Macron, Mandatario de Francia, se supone que para protestarle.
¿Habrá entendido nuestro Jefe de Estado las sutilezas del tema? Porque a lo mejor puede enviarle una novela de nuestro canciller, por ejemplo, Nuestros años verde olivo, para ilustrar la situación.
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