El Presidente Sebastián Piñera ha cumplido con su palabra, ha enviado para el debate público y legislativo su reforma al sistema de pensiones y hay que valorar que se someta a la consideración del país el cambio a un sistema que ha tenido serios cuestionamientos –al punto que para muchos carece de legitimidad democrática–, por no cumplir con su compromiso original de dar pensiones suficientes a los y las trabajadoras al término de su vida laboral, a pesar de que hayan acumulado una cantidad de recursos financieros que operan en el mercado como un actor decisivo de la economía. Hablamos del orden de los 220 mil millones de dólares, la mitad de ellos fuera de Chile.
No hay que olvidar que la promesa inicial del hermano del Presidente y creador del sistema, Jose Piñera, fue una tasa de reemplazo del 80% de la remuneración del trabajador e, incluso, en un momento de entusiasmo, llegó a hablar del 100% de pensión en relación con el salario.
Hace semana y media, al hacer el anuncio en cadena nacional, el Mandatario señaló que la reforma es urgente, necesaria y justa. Tiene razón, es urgente, porque los pensionados no pueden seguir a la espera de una mejoría, especialmente aquellos del pilar solidario, los que reciben la pensión básica, un 70% mujeres y los del aporte solidario.
En su primer Gobierno la ex Presidenta, Michelle Bachelet, instaló en el sistema de pensiones el pilar solidario que entregó, a aquellos que no habían cotizado y que estaban fuera del sistema, una pensión básica y, a aquellos que tenían una baja pensión, un aporte que las mejoraba. En total, se reconoció este derecho a un millón quinientos mil chilenos y la inmensa mayoría de ellos fueron mujeres.
En su segundo Gobierno, Bachelet propuso una mejoría para este pilar solidario del 10% –el mismo que ahora anuncia Piñera en el proyecto presentado al Congreso–, iniciativa que se aprobó en menos de 30 días, pues era evidente su urgencia y así lo entendió el Parlamento. Por eso, no se entiende que luego que el propio Presidente señaló lo urgente de la reforma, no tenga la voluntad de aprobar rápidamente la mejoría del pilar solidario en la forma que el proyecto lo expresa, para lo cual basta que separe esa parte de la iniciativa y le dé trámite de suma urgencia, algo que sin duda el Congreso respaldaría con su aprobación, porque son muchos los chilenos que dependen de esta pensión. Esto es urgente, Piñera tiene razón en ello, pero falta que lo haga.
No es justo que el aporte patronal sea un 4% en 9 años, si el promedio de los países OCDE es del 19% y siempre decimos que son nuestro espejo. ¿Por qué no llegar al 18% con una gradualidad de 1.5% por año?, así se hizo con el seguro de sobrevivencia e invalidez, con el seguro de cesantía y no hubo desempleo. No parece justo que el trabajador pueda decidir dónde se traspasa ese 4% patronal a las nuevas empresas que se constituyan, incluidas las AFP, pero que no pueda hacer lo mismo con el 10% de su cotización.
La reforma también es necesaria, como dijo el Mandatario, ya que las características del mercado de trabajo son contradictorias con el sistema de pensiones: los bajos salarios –el 50% de los trabajadores gana menos de $380 mil mensuales y el 70% menos de $500 mil mensuales–, junto con el empleo precario, la falta de negociación colectiva, la debilidad sindical, los honorarios sin contrato de trabajo, los independientes que no cotizan, las lagunas por los periodos sin pega, el ingreso tarde al empleo, la brecha salarial de la mujer. A este escenario hay que agregar que las iniciativas del Gobierno apuntan a la precarización laboral vía flexibilidad y que los sueldos tiendan a la baja.
A ello se suma que el ahorro individual por sí solo es insuficiente, que la industria tiene muchas opacidades, que hay comisiones fantasmas, que los dueños del dinero no saben en qué se invierte, que la mitad de los recursos está en el exterior y que se cobran comisiones incluso cuando hay pérdidas en los fondos. Es una industria, la de las AFP, que tiene un amplio rechazo ciudadano, que se expresa en las calles y en la conversación cotidiana.
La Presidenta Bachelet lo intentó y envió tres proyectos sobre pensiones al Congreso, que no lograron los votos necesarios para aprobarlos. Le fallaron en su propia coalición, porque la ex Nueva Mayoría no hizo ese esfuerzo y, al asumir, el actual Gobierno retiró dichas iniciativas. Por eso es tan necesario este debate y esta reforma. El Presidente también tiene razón en eso.
Pero Piñera también calificó su reforma de justa y es ahí donde empiezan los problemas.
Que se gaste el equivalente a 1.2% del PIB en el único sistema de reparto que existe en Chile, que beneficia a 200.000 personas y que se destine un 0.8% del PIB en todo el pilar solidario que beneficia a 1.400.000 personas, no parece justo. Tampoco lo es que cobren comisión, incluso cuando hay pérdidas, si más encima está obligado a cotizar y no tiene otra opción, más aún cuando la industria ha tenido ganancias extraordinarias que no traspasa a sus cotizantes.
No es justo que el aporte patronal sea un 4% en 9 años, si el promedio de los países OCDE es del 19% y siempre decimos que son nuestro espejo. ¿Por qué no llegar al 18% con una gradualidad de 1.5% por año?, así se hizo con el seguro de sobrevivencia e invalidez, con el seguro de cesantía y no hubo desempleo. No parece justo que el trabajador pueda decidir dónde se traspasa ese 4% patronal a las nuevas empresas que se constituyan, incluidas las AFP, pero que no pueda hacer lo mismo con el 10% de su cotización.
Que no exista la posibilidad de que sea un actor público –no una AFP estatal sin fines de lucro– el que administre el aporte patronal, compita con la industria privada y que el trabajador tenga la libertad de decidir donde sean administrados todos sus fondos, no parece justo. Ni que cobren comisión por la administración del 10% y que además cobren comisión por el 4%, como tampoco lo es que no se diga nada del rezago, que es un fondo que administran las AFP, que se invierte, genera utilidades, pero no se asigna a ninguna cuenta, debido a que no se conocen los titulares. Son casi 250 millones de dólares.
No parece justo que los trabajadores a honorarios coticen un 2% de su renta, cuando lo que corresponde es que tengan contratos de trabajo; tampoco que los actuales pensionados, que no están en el pilar solidario y en consecuencia no reciben aportes, no tendrán mejoría en sus pensiones actuales, salvo si atrasan su edad de jubilación y que solo vean la mejoría de sus pensiones en 40 años.
En fin. El Presidente tiene razón. La reforma es urgente y necesaria, pero no parece justa. En esto el Presidente Piñera no tiene razón, es un traje a la medida. ¿No le parece?
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