Entre gallos y medianoche condenados a cadena perpetua por Caso Degollados obtienen salida diaria de Punta Peuco
A mediados de 2013 y poco
antes de cumplirse 40 años del Golpe Militar y de que Sebastián Piñera
cerrara el penal Cordillera, familiares y políticos protestaban fuera de
la Corte Suprema luego de que ésta confirmara la salida dominical de
dos de los asesinos de los militantes comunistas Manuel Guerrero, José
Manuel Parada y Santiago Nattino. Solo cuatro días después, Gendarmería
les daba el mayor de los beneficios intrapenitenciarios, autorizándolos a
salir de Punta Peuco todos los días. Beneficio del que hasta ahora los
familiares de las víctimas no habían sido informados.
Conocido como el Caso Degollados,
sus hijos veían con impotencia cómo el coronel de Carabineros Guillermo
González Betancourt y el sargento José Fuentes Castro, ambos en retiro,
mantendrían el beneficio penitenciario autorizado por el alcaide de Punta Peuco, Luis Meneses.
González y Fuentes son ex carabineros y agentes de la Dirección de Comunicación
de Carabineros (Dicomcar), y fueron dos de los seis implicados en el
homicidio perpetrado el 29 de marzo de 1985 contra los militantes
comunistas José Manuel Parada –entonces jefe de documentación de la
Vicaría de la Solidaridad–, el pintor y publicista Santiago Nattino, y
el dirigente gremial de los profesores Manuel Guerrero.
Sus asesinatos fueron un claro mensaje de la dictadura para infundir terror en la población, que –tras la fuerte crisis económica– se había tomado las calles para manifestarse contra el régimen.
Los tres cuerpos degollados de
Parada, Nattino y Guerrero remecieron al país. Así como el llamado de la
viuda de José Manuel Parada afuera del Servicio Médico Legal, tras ser notificada de que su marido había sido identificado.
“Hace ocho años detuvieron a mi padre,
que está desaparecido. Hoy día me mataron a mi marido. Me dejan con
cuatro niños. Con Javiera, con Camilo que tiene 8 años, y Antonio que
tiene 1 año 8 meses. Se llevaron a mi padre y han matado a mi marido.
Sepan bien que cada uno de ellos va a pagar cada uno de estos crímenes,
no les quepa duda… hasta que me quede la última gota de sangre los voy a
vengar. No quiero que más gente sufra lo que yo he sufrido. Esto es
demasiado terrible. ¡Tenemos que cambiar este país de una vez por todas!
¡Hasta cuando siguen dialogando con los asesinos! (…) ¡Por favor, por
favor, exijamos justicia de una vez por todas!”.
La justicia llegó. En 1995 cinco de los
seis implicados fueron condenados a cadena perpetua por los delitos de
secuestro con homicidio, robo con intimidación y asociación ilícita.
Pero hoy, y desde hace siete meses,
González y Fuentes ya no pasan sus días en Punta Peuco. Y es que la
salida dominical obtenida por ambos en septiembre de 2012, se había
ampliado en enero de 2013 al fin de semana, lo que los familiares de los
militantes comunistas asesinados ignoraban cuando protestaron.
No sólo eso: cuatro días después de la
manifestación frente a tribunales, el sargento (r) José Fuentes Castro y
el coronel (r) Guillermo González Betancourt accedían al más importante
beneficio intrapenitenciario: la salida diaria.
Es así como, desde el 24 de junio del
año pasado, los asesinos de los militantes comunistas fueron
beneficiados con “la salida controlada al medio libre”, que –según
señala el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios–, les da la
libertad de salir del recinto penitenciario hasta 15 horas diarias, con
el objeto de “concurrir a establecimientos laborales, de capacitación,
justicia laboral o educacional, a instituciones de rehabilitación social
o de orientación personal, con el fin de buscar o desempeñar trabajos”.
Todo, el mismo año en que se cumplían 40
años del Golpe Militar y en que el Presidente Sebastián Piñera cerraba
el Penal Cordillera.
Consultados sobre la medida, desde
Gendarmería señalan que “de acuerdo a la normativa legal vigente,
cumplidos 20 años de reclusión, el interno tiene derecho a postular a
Libertad Condicional”.
En el caso de los dos ex carabineros, ese tiempo se cumplió en mayo de 2012.
“Al tenor de lo anterior, en conformidad
a lo establecido en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios,
un año antes de cumplirse el tiempo para postular a la Libertad
Condicional, los internos pueden postular a los beneficios
intrapenitenciarios”, señalan desde la institución liderada por el
coronel Marco Fuentes. De esta forma, González podía postular a
beneficios a partir de febrero de 2011 y Fuentes desde mayo de ese mismo
año.
Hasta la publicación de esta nota, los
familiares no tenían noticias del nuevo beneficio obtenido por los
verdugos de los militantes comunistas.
Indignación
Para Manuel Guerrero hijo “resulta
sumamente violenta esta situación. Sabiendo que se trata de un crimen de
lesa humanidad y que se les aplica un reglamento pensado para presos
comunes… no hay comparación, para personas que atentaron contra la vida y
además fueron recluidas en una cárcel especial, que obtengan más
beneficios que los presos comunes”.
Y agrega que “con Javiera le demostramos
a la ministra de Justicia, junto al abogado del área de DDHH del
Gobierno, con quienes nos entrevistamos, que los beneficios fueron
entregados de forma irregular porque su hoja de vida no está limpia y
uno de los requisitos que se necesitan es que no se tenga ningún tipo de
falta al reglamento interno (…) es vergonzante y muy doloroso. Estamos
indignados de saber que andan prácticamente libres y constituyen un
peligro para la sociedad”.
El abogado Fernando Leal, que interpuso
el recurso de protección que intentó impedir la salida dominical de los
ex carabineros, considera la decisión de darles salida diaria como
“impresentable y repudiable. Una muestra más de que en Chile hay algunos
que gozan de privilegios que no todos tienen (…) Esto habla muy mal del
gobierno de Piñera y del sector justicia”.
Leal explica que, luego del fallo de la
Corte Suprema, se reunieron con la directora del Instituto Nacional de
Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries. Además, detalla, “Javiera Parada y
Manuel Guerrero se reunieron con la ministra de Justicia (Patricia
Pérez) que ofreció impulsar un proyecto para que no se entreguen más
beneficios a gente que ha cometido delitos contra los Derechos Humanos,
lo que no se ha concretado”.
En palabras del abogado, “me parece
lamentable que la ministra se haya reunido con hijos de las víctimas
mientras el servicio dependiente de su cartera seguía dando más
beneficios a estos mismos asesinos”.
Acciones legales
Uno de los requisitos para que los
internos obtengan este tipo de beneficios carcelarios es que tienen que
haber tenido una conducta sin sanciones.
“Durante los alegatos presenté artículos
de prensa que daban cuenta de que habían tenido una pésima conducta
penitenciaria. Incluso, que Gendarmería presentó una denuncia contra
Fuentes Castro al Ministerio Público por amenazar de muerte a otro
interno”, asegura Leal. Dicha situación, le costó una sanción de cuatro
días de internación en celda solitaria. “González Betancourt también
estaba sancionado por participar en una huelga de hambre para obtener
beneficios”.
Pero “cuando terminé mi alegato en la
Corte Suprema, empieza a alegar el abogado de Gendarmería y dijo que
habían cumplido con todo. Al final, y porque el juez lo exigió,
reconoció que tenían sanciones. Así que pensé que el fallo lo iban a
acoger. Pero si bien en el fallo dejaron constancia que, de acuerdo a
los antecedentes proporcionados, se podía dar por establecido que
Gendarmería había entregado beneficios sin apegarse al reglamento, no
fue tomado en cuenta porque nosotros no habíamos acreditado cómo eso
había dañado la integridad física de los afectados. O sea, querían que
les llevara un psiquiatra que dijera que a los hijos les afecta que
anden libres los asesinos de sus padres”.
En su opinión, “lo delicado era que la
Corte Suprema estaba validando beneficios sobre la base de una mentira:
Gendarmería y el Ministerio de Justicia dijeron que cumplían requisitos
cuando no los cumplían. Así que hice una presentación a Contraloría,
pidiendo iniciara sumario administrativo en contra de Gendarmería y el
Ministerio”.
Pero el órgano contralor se abstuvo de pronunciarse sobre el tema.
Luego de esto, hicieron una denuncia
ante el Ministerio Público, el que dio a la Brigada de Derechos Humanos
de la PDI orden de investigar .
Hace 10 días, Leal presentó una querella
criminal por falsificación ideológica –que se aplica cuando un
funcionario público falta a la verdad en hechos sustanciales– en
representación de una hija de Guerrero que vive en Suecia, América
Guerrero. Fue declarada admisible.
Según detalla el abogado, “estamos
pidiendo que sea citado el ex director nacional de Gendarmería, Luis
Masferrer, el jefe de gabinete del director, coronel Cristian Alveal, y
también el funcionario del Ministerio de Justicia que informó a la
Corte”.
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