Por Teresa Frías
Conmutar las penas a reos que cumplan con los requisitos en medio del COVID-19, un requerimiento en el Tribunal Constitucional para declarar “discriminatoria” la ley, presentado por senadores de la derecha, y la eventualidad de que criminales de lesa humanidad pasen a arresto domiciliario argumentado “razones humanitarias”, son parte de la trama que crispó los ánimos entre el gobierno y el oficialismo durante la semana recién pasada.
Sin embargo, para el gobierno, y en particular para el ministro Hernán Larraín, la preocupación hoy es otra: lograr que el proyecto de ley avance para así descongestionar las cárceles frente a la expansión del coronavirus en Chile.
Si bien, el proyecto de conmutación de penas presentado por el ministro el 25 de marzo fue despachado por el congreso, beneficiando a cerca de 1.300 reos dentro de los que se encuentran mujeres embarazadas o con hijos menores a dos años, adultos mayores y enfermos terminales, este dejaba fuera la disposición que establecía sanciones para quienes incumplieran con el arresto domiciliario.
La normativa fue rechazada por parte de algunos diputados del mismo oficialismo, quienes más tarde, encabezados por el senador Francisco Chahuán, presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por considerar el proyecto de ley como discriminatorio en su artículo 15, al no incorporarse a prisioneros que hoy cumplen sus condenas en el penal Punta Peuco.
De declararse admisible el requerimiento “significaría que no sólo saldrían beneficiados con este indulto personas condenadas por delitos lesa humanidad, saldrían beneficiados también violadores, abusadores sexuales, femicidas o parricidas”, argumentó el ministro de Justicia. Finalmente, el Tribunal Constitucional resolvió ingresar el requerimiento a tramitación parcial al declararlo admisible.
Esta decisión del TC abre otro flanco para que violadores a los derechos humanos puedan acceder a beneficios penitenciarios y que se sumaría al anuncio realizado por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, de poner máxima urgencia al proyecto de “ley humanitaria” para aquellos que estén “en peligro inminente de muerte”. Una oportunidad que podría significar la conmutación de penas para los reos de Punta Peuco.
La arremetida de familiares por los derechos humanos
Pedro Espinoza, ex Dina
Dicha situación generó el rechazo en diversas agrupaciones de derechos humanos que se mostraron contrarias a que estos internos accedan a este beneficio intrapenitenciario.
Esta vez, la presidenta de la agrupación de ejecutados políticos, Alicia Lira, le entregó una carta al Presidente Sebastián Piñera, con diversas firmas, demostrando el rechazo a este eventual escenario.
“Estos pobres ancianitos torturaron a mujeres embarazas y les hicieron desaparecer, aniquilaron familias completas, o sea, no estamos hablando de un delito común ni un crimen pasional, sino que crímenes sistemáticos planificados para aniquilar a aquellos que querían y luchábamos por la libertad de nuestro país”, sostuvo.
Por otra parte, Agrupaciones de Derechos Humanos también hicieron un llamado a no aprobar el proyecto de ley humanitario, que permitiría que internos de Punta Peuco accedan a beneficios carcelarios tras la emergencia sanitaria.
Rechazan tajantemente el proyecto de ley humanitario, que busca que adultos mayores con enfermedades terminales, entre ellos, sentenciados por causas de Derechos Humanos, puedan acceder al beneficio de cumplir un arresto domiciliario total.
Frente a esto, consideraron que el proyecto de ley humanitario es completamente contraria a la legislación nacional e internacional vigente. El Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, mencionó que la iniciativa del Ejecutivo es inconstitucional.
“La interpelación que nosotros hacemos al parlamento especialmente, donde se pretende aprobar esta iniciativa legal que es completamente incompatible con la legislación vigente hoy en Chile, es a que no se hagan cómplices de una iniciativa que es contra los derechos humanos y que constituye de paso una nueva afrenta a la memoria de las víctimas y sus familiares”, explicó.
Por su parte, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, acusó que se están aprovechando de la pandemia para intentar liberar a internos de Punta Peuco.
“Una cosa es tener posiciones políticas distintas, pero otra cosa es relativizar el terrorismo de estado. Hay que ser muy indecente para intentar hacer uso de un momento tan dramático que vive Chile y la humanidad para ir nuevamente tras la determinación de liberar a los violadores de los derechos humanos”, dijo Pizarro.
En tanto, quien representa a diversos condenados por causas de Derechos Humanos, el abogado Maximiliano Murath, afirmó que el país tiene que velar por la salud de todos los adultos mayores que estén privados de libertad, independiente del delito que hayan cometido.
“Nosotros tenemos que velar por la protección de todas las personas adultas mayores de 75 años que estén en riesgo hoy día cumpliendo condena en las cárceles y por lo tanto los estándares del Derecho Internacional tienen que aplicarse a todos los adultos mayores, sin importar el delito que hayan cometido. Ese estándar internacional se exige en la Convención Interamericana de la protección del adulto mayor, que Chile aprobó y ratificó en 2017 y que está plenamente vigente”, se defendió.
"Indultar a un violador de DDHH va a quedar en la historia"
Nelson Caucoto, abogado
El abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto dijo que “en el tema del indulto, hay que entender dos cosas, hay una ley humanitaria que está mandando Sebastián Piñera que está enviando al Congreso y hay otra que salió de la comisión mixta del senado, donde se incorpora otros delitos como asociación ilícita y violencia intrafamiliar”.
Agregó a Cambio21 que “si es así, yo no tengo ningún problema, pero algunos senadores pusieron que no se incluyan a los violadores de derechos humanos de Punta Peuco, los que generó molestia en la derecha, diciendo que era discriminatorio que se les excluyera”.
Por otro lado, Caucoto agregó que “por un lado está activando los indultos articulares, donde no tiene que rendirle cuenta a nadie, pero si es un indulto para un violador de derechos humanos, sin duda quedará escrito en la historia que indultó a tal y cual violador de derechos humanos”.
“Se quieren aprovechar de una pandemia, para liberar a estos violadores de derechos humanos, pretenden mandarlos a sus casas. Y las propias encuestas son desfavorables para Piñera, y si los libera sería un paso en falso para él”, puntualizó el profesional.
Caucoto, agregó que “todos los que están condenados por lesa humanidad, no hay casos menos graves o no, son todos iguales, solo del hecho de ser condenados por ese delito no hay que distinguir por gravedad. Lo malo es la desviación del objetivo, lo que se desliza a través de una pandemia, además en Punta Peuco tienen la mejor situación de aislamiento, no se van a contagiar por precariedad, tiene una red de salud exclusiva para ellos como la Fach o Carabineros”.
El veto de parlamentarios al proyecto: “En Punta Peuco no hay riesgo de contagio de coronavirus”
El senador Manuel Ossandón se expresó en contra de incluir a los condenados por violaciones a los Derechos Humanos dentro de la ley de indulto conmutativo, como han planteado parlamentarios de Chile Vamos.
“Este proyecto excluye a todas las personas que hayan ido condenadas por un delito violento y esto se enredó diciendo que era inconstitucional porque dejaba fuera los de lesa humanidad. Y la verdad es que, a mi juicio, no es inconstitucional porque dejó a todos los de delitos violentos afuera”, dijo.
Ossandón argumentó que “hay ciertos delitos violentos que tienen un castigo mayor y además en muchos casos, una persona que tiene sobre 65 años y que es indultada con un proyecto como este y es narcotraficante, va a seguir operando”.

“El presidente de la República tiene la facultad si él quiere y estima indultar a alguien con delitos de lesa humanidad, pero en forma general, yo creo que todos los delitos violentos, incluido esos, no debieran estar en un indulto masivo”, añadió.
Por su parte, el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), expresó su postura respecto al proyecto de indulto conmutativo que analiza el Ejecutivo. "Vamos a respaldar el veto al indulto Covid -19, nos parece que va en la línea que plantea el Ministerio de Justicia, de evitar la propagación en los centros penitenciarios", sostuvo el parlamentario.
Sin embargo, Quintana señaló que "otra cosa distinta es, en medio de la pandemia, intentar saldar deudas de campaña con genocidas, a sabiendas de que hoy, en Punta Peuco, no hay riesgo de contagio porque las condiciones, como se sabe, son bastante privilegiadas", refiriéndose a la postura de algunos senadores de Chile Vamos, quienes recurrieron al Tribunal Constitucional (TC) para que declaren la inconstitucionalidad de la exclusión de los reos que están en Punta Peuco del indulto conmutativo para reos de baja peligrosidad.
Por su parte el presidente de la Comisión Chilena de DD.HH. Carlos Margota advirtió que Sebastián Piñera y su sector, olvidan que existen normas internacionales estrictas que obligan a los Estados que han sido objeto de una Dictadura, a cumplir acciones de justicia y reparación, principios que son contrarios a este proyecto de indulto.
El abogado Carlos Margota recordó que el estatuto de Roma suscrito por nuestro país, sólo permite reducir la pena a violadores de DD.HH. cuando estos colaboran con la justicia y manifiestan un arrepentimiento efectivo por sus abominables acciones, presupuesto que no cumplen los condenados en Punta Peuco.
Corte absolvió a autores de crímenes

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
En el intertanto, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, acordó absolver a los autores de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos en el caso de 17 víctimas de gravisímas violaciones a los derechos humanos. A los ex uniformados Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Herman Alfaro, Pedro Betterlich, Claudio Pacheco, Orlando Torrejón, Orlando Altamirano y Eusebio López se les absolvió.
Se otorgó, además, reducción de penas de 3 a un año, a Ricardo Lawrence, Jorge Andrade, Juan Morales, Ciro Torré, Sergio Escalona, Juvenal Piña, Jorge Díaz, Gustavo Guerrero y Gladys Calderón.
Se estableció que podrán tener beneficio carcelario de “libertad vigilada”. Podrán cumplir condenas en sus casas. El fallo habla asimismo de desestimación de demandas en el caso de 17 víctimas de la dictadura cívico-militar.
Los miembros de la Sala que emitió el fallo son Juan Cristóbal Mera, Mireya López y Cristian Lepin. Aplicaron la medida de prescripción.
Los represores a quienes la Sala de la Corte de Apelaciones absolvió y rebajó la pena, están vinculados a los asesinatos y desaparición de: Manuel Recabarren González; Manuel Recabarren Rojas; Daniel Palma Robledo; Julio Vega Vega; Carlos Vizcarra Cofré; Víctor Hugo Morales Mazuela; Luis Emilio Recabarren González; Carlos Godoy Lagarrigue; Iván Insunza Bascuñán; Nalvia Mena Alvarado; Clara Canteros Torres; Alejandro Rodríguez Urzúa; José Eduardo Santander Miranda; Mario Juica Vega; Miguel Nazal Quiroz; Juan Aurelio Villarroel Zárate; Eduardo Canteros.

Los artistas contra Punta Peuco
En tanto el líder histórico de Inti Illimani Jorge Coulón, calificó este proyecto de ley de la Derecha como una “barbaridad” pues pretende exigir un gesto de compasión y humanidad , para quienes no la tuvieron con sus victimas.
Del mismo modo, Roberto Márquez de Illapu fustigó la mezquindad de algunos sectores del oficialismo quienes se aprovechan del drama humano y social que representa esta pandemia , para intentar, una vez más , obtener la libertad de los criminales cómplices de la Dictadura.
 
Max Vivar por su parte, vocalista de la banda Villa Cariño, insistió en que la lucha por defender y resguardar los DD.HH. es un acto de memoria, pero también de reflejo permanente, recordando a quienes han sido asesinados o han sufrido traumas oculares a manos de este gobierno.
Tanto los artistas como los personeros de DD.HH. insistieron en que no se oponen e incluso apoyan que esta medida de indulto y beneficios carcelarios se aplique a presos de la tercera edad, con condenas menores y especialmente a los presos políticos, sin embargo esto no puede aplicarse a quienes han cometido los delitos más alevosos en contra de la humanidad y que gozan, como es el caso de los internos de Punta Peuco, de beneficios que no tienen la gran mayoría de la población penal.
La defensa a Punta Peuco
El abogado Raúl Meza, que defiende a Demóstenes Cárdenas Saavedra, exagente de la DINA y condenado a 10 años por secuestro y homicidio calificado, señala que durante el segundo gobierno de Piñera han fallecido 11 internos que cumplían condena en Punta Peuco y Colina 1.
“Me resulta muy difícil creer que el Presidente Piñera vaya a tomar la decisión de indultar a reos que son adultos mayores y que están condenados por causas de derechos humanos. Considerando especialmente que, desde su primer gobierno, siempre ha incumplido su palabra y los compromisos que asumió durante su campaña presidencial en favor de la familia militar”, afirma Meza.