Los partidos opositores abusan de la paciencia del pueblo y eso puede costarles muy caro. Al filo del límite para inscribir candidatos a la Convención Constitucional, todavía resulta imposible consensuar una lista única -con participación también de líderes de opinión independientes- que permitiría derrotar a la derecha feroz disfrazada de oveja. La obstrucción de los partidos ha sido pública y evidente. Detrás de la cortina de declaraciones, reproches y acusaciones, se percibe la tradicional “ingeniería electoral” que hace polvo los ideales y reduce la política a una negociación (en el peor sentido de la palabra) para repartirse cargos y cuotas de poder.
Los partidos -PC, Frente Amplio, Federación Regionalista Verde Social, PS, PPD, PR y DC- están a punto de cometer la estafa política más colosal de la historia. Ambos extremos del arco -el Partido Comunista y la Democracia Cristiana- afirman que dos listas se complementan y representan las diferencias que separan a la oposición. Sostienen que ir separados no afectará el resultado electoral. El argumento es de una futileza increíble si se mide con el desafío histórico que significa terminar -en forma pacífica y democrática- con la Constitución de la dictadura y su andamiaje institucional. Los dirigentes partidarios saben muy bien que dos listas opositoras producirá -al menos- dos efectos mortales. Uno inmediato: la inscripción de un río de listas de organizaciones sociales y políticas ajenas a ambos bloques opositores e incluso de listas individuales que sumirán en el caos las elecciones de Convención Constitucional, gobernadores y alcaldes del 11 de abril. El otro efecto de la ceguera (y sordera) de los partidos, será una enorme abstención de rechazo a la politiquería. Este último factor puede causar un daño irreversible a la legitimidad de la nueva Constitución. Todo esto sin contar las previsibles protestas callejeras de un pueblo indignado.
Partidos que sufrieron la represión de la dictadura -como el PC, PS, PR y militantes del PPD-, tienen el deber moral de sepultar a la Constitución de 1980. Para esto se necesita superar los 2/3 que impone la camisa de fuerza del reglamento de la Convención que la colusión de partidos impuso en marzo del 2020.
¿Cuál es la frontera que separa a ambos bloques opositores? A mi juicio -aunque no se confiese-: la economía de mercado. Sin embargo, ambos bloques han disfrutado de los embelecos del neoliberalismo y ninguno está planteando proclamar una República socialista y menos una monarquía. Sus diferencias de hoy no impedirían comprometerse en una lista única para alcanzar la mayoría decisiva en la Convención. Está demás intentar demostrarlo con los partidos de la ex Concertación que se dicen anti neoliberales. Y no hay que gastar demasiadas palabras en hacerlo con la ex Nueva Mayoría (o sea los anteriores partidos más el PC). Este último publicó un libro (“El Partido Comunista de Chile y la experiencia del gobierno de la Nueva Mayoría”), en el que tuvo dos ministros y varios altos funcionarios. Uno de los autores, el diputado Daniel Núñez, miembro de la comisión política del PC, sostiene: “La presidente Bachelet pasará a la historia como la mandataria que lideró, superando el permanente boicot de la derecha, el proceso para dejar atrás el neoliberalismo con reformas que han beneficiado directamente a miles de familias vulnerables y de sectores medios” (1).
Menos de dos años después, el 18 de octubre del 2019, una rebelión social y política que sigue en curso subterráneo, rechazó a todos los partidos. Una semana después un millón y medio de personas -y casi tres millones en todo el país- marcharon en Santiago exigiendo Asamblea Constituyente. Dos meses más tarde la encuesta CEP señaló que sólo un 2% apoyaba a los partidos políticos y apenas un 3% al Congreso Nacional. Sin embargo, han sido esos actores repudiados por el pueblo los que se han adueñado de la Convención Constitucional, torciéndole la nariz al plebiscito del 25 de octubre del 2020 que rechazó la participación de los partidos y del Congreso en la Convención Constituyente.
Lo que está en juego no son pitutos más o menos en el Estado. La Convención, triste caricatura de una Asamblea Constituyente, es la oportunidad única -por vía pacífica y democrática- de cambiar los fundamentos y soportes institucionales del país para avanzar a una democracia participativa y solidaria. Es la hora de todo o nada. Se ponen a prueba las convicciones democráticas. “Chile no va a cambiar mientras las elites no suelten la teta”, afirmó hace años -en un rapto de sinceridad- el expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Felipe Lamarca. El viejo conspirador confesó: “Hay que corregir el modelo…Es un sistema que sólo tiene de mercado el nombre, pero todos los poderes están concentrados, el chorreo funciona a goteo” (2).
En este momento histórico si no se conquista todo, no se consigue nada. Es la única oportunidad de retomar el camino de las conquistas sociales y políticas que el zarpazo militar-empresarial interrumpió en 1973.
El cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa convirtió el dilema en canción: “El que no cambia todo, no cambia nada” (3).
MANUEL CABIESES DONOSO
7 de enero 2021
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