Opinión

 

Algo huele mal en el Registro Civil

por Álvaro Díaz 28 abril, 2021

Resulta muy preocupante el excesivo atraso y los sorprendentes cambios en la estratégica licitación de Sistemas de Identificación del Registro Civil (RC), que se relaciona con pasaportes, carnés de identidad y el motor de búsqueda biométrico. Esta es una de las grandes licitaciones del sector público: su valor estimado es US$ 280 millones por una década, impacta en toda la población del país y ciertamente ha generado un enorme interés en las grandes empresas especializadas en el rubro.

La pandemia no explica el atraso y los curiosos cambios en las bases de la licitación ya que el Registro Civil dispone de todos los medios digitales para hacerlo vía teletrabajo. Las causas son en realidad dos. Primero, las fallas de gestión que explican la remoción de dos exdirectores de este servicio. Y segundo, los errores del gobierno que no dispone de una estrategia de modernización del RC y subestimó la complejidad técnica de la licitación. Por ello asignó recursos insuficientes y no aseguró el personal técnico altamente calificado necesario para elaborar y adjudicar estas licitaciones.

Hace algún tiempo advertí que las bases de la licitación eran ambiguas y presentaban numerosos problemas técnicos. Por ello no fue casualidad que las empresas interesadas presentaron más de 3 mil preguntas, lo que terminó forzando al Registro Civil a modificar dos veces las bases originales de la licitación. Sin embargo, los cambios no corrigieron los problemas, sino que más bien volvieron aún más endeble la ya precaria evaluación de la calidad de las ofertas de las empresas participantes.

Destaco tres ejemplos.

Las bases originales de la actual licitación del Registro Civil, introdujeron un cambio respecto a las anteriores. Dividió lo que antes era un sistema integral en 12 módulos: 7 de ellos gestionados por la empresa ganadora y 5 gestionados por el Registro Civil. Aun cuando sea deseable que este servicio se vuelva más autónomo, hay una interrogante sin respuesta: ¿El RC dispone del personal técnico necesario para estos módulos adicionales? Esto requiere recursos adicionales y personal especializado. Sin embargo, el RC nunca aclaró como pretende hacerlo, ni cuánto le costará, ni de dónde sacará los fondos. Tampoco está claro cuáles módulos subcontratará y cuáles asumirá directamente. En particular, resulta curioso que el Registro Civil haya decidido encargarse de gestionar la fabricación de muebles y equipos de computación que usará la empresa ganadora. Es obvio que esta no es una función estratégica y que el RC no dispone de las competencias técnicas para asumirla.

Pero lo más importante es que el Registro Civil abdicó de potenciar la gestión de la inmensa base datos de identificación, un bien público fundamental para impulsar la modernización de los sectores público y privado. En efecto, el RC podría haber decidido asegurar un sistema único y seguro de biometría para todos los servicios públicos y privados, para apoyar la digitalización del sistema nacional de salud con métodos de identificación mucho más seguros de los actualmente utilizados. Entre otros servicios adicionales, podría haberlo usado para agilizar la entrega de beneficios sociales. Todo ello supone impulsar la modernización del Estado al servicio del ciudadano, pero nadie sabe por qué se decidió por suplir muebles en vez de abordar una tarea que sí es estratégica para el Estado chileno.

El RC también abdicó de velar que los requisitos de calidad cumplan con los más exigentes estándares internacionales. En efecto, para evaluar las propuestas de las empresas, el RC solía dar un 50% de ponderación a la calidad y un 50% al precio. Sin embargo, en la actual licitación el RC decidió disminuir la ponderación de calidad a 30%, sin dar explicación alguna. Peor aún, también decidió que la evaluación técnica de ejemplares físicos de carnés de identidad y pasaportes no era necesaria. Tampoco consideró necesario testear el motor biométrico de cada empresa. Todo ello evidencia que, para esta licitación estratégica que dura 10 años, el Registro Civil redujo la evaluación a las propuestas de precio, lo cual es un error monumental. Tal como está planteada la licitación, no será sino hasta muchos meses después de la firma del contrato que el Registro podrá verificar si la solución contratada realmente cumple con la calidad requerida. Inconcebible, sobre todo si se considera que está en juego no solo la seguridad de la información de los chilenos, sino también la confianza que se tiene en nuestra cédula y nuestros pasaportes, tanto en Chile como en el extranjero.

En síntesis, existe el serio riesgo de que, al final de cuentas, esta licitación termine fallando lo que significa un freno al proceso de transformación digital de nuestro país. A todo lo anterior, se suma que la decisión de la licitación será en agosto-septiembre, en plena campaña electoral. En este contexto, diversos artículos mencionan presiones de lobby y conflictos de interés, lo que sumado a los errores garrafales que he mencionado me llevan a recomendar que se postergue la licitación para el próximo año, para asegurar transparencia y calidad. Por lo menos, el Registro Civil debiera tomar todas las medidas necesarias para que el lobby, de existir, no continúe. También debiera velar para que nadie con potenciales conflictos de interés, tenga rol alguno en esta licitación.