La Comisión Investigadora de las actuaciones del Ministerio del Interior, Carabineros y la PDI desde el 18 de octubre a la fecha, en relación al estallido social, recibió al Relator para Chile de la Comisión Interamericana de DD.HH, Joel Hernández, y al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. Jan Jarab.
Sobre el objeto de la investigación, Jarab dijo que en Chile a lo largo del estallido social y, posteriormente, se llevaron a cabo violaciones de los derechos humanos.
“En 2019 elaboramos un informe en el que, por ejemplo, constatamos que hubo un uso indebido de armas no letales. Sin duda han existido avances como el proceso de adecuación de protocolos de orden público, pero, lamentablemente, no han sido a fondo”, afirmó.
Agregó que otros puntos destacables han sido el aumento de elementos de control y cámaras corporales y el fortalecimiento de registro de detención. No obstante, señaló que existen diversas áreas de preocupación.
“El uso de escopetas disminuyó, pero se incrementó el uso de gases lacrimógenos. Además, a la fecha, a pesar de la disminución de marchas por la pandemia, hay uso de armas no letales como carros lanza agua y gas pimienta y otras sustancias que producen quemaduras. Tenemos relatos que demuestran agresiones y hostigamiento en casos de personas a las que se les violaron sus derechos humanos, sino también con observadores y periodistas”.
En cuanto a reformas profundas, Jarab indicó que los avances han sido pocos y, por ello, Carabineros “necesita una reforma profunda y un nuevo marco regulatorio porque muchos de sus problemas son culturales y claro está que existe una desproporción. Además, a un año y medio del estallido social hay poco avances en investigaciones penales y no hay imputados ni formalizados. Si bien hay esfuerzo en algunos casos, la investigación penal es muy poca y se contradice con la detención preventiva por meses de muchas personas acusadas por una serie de supuestos delitos”.
Comisión Interamericana de DD.HH
El Relator para Chile de la Comisión Interamericana de DD.HH., Joel Hernández, dijo que en el marco del estallido social hubo una actuación desproporcionada de Carabineros, “que actuó al margen de las normas y estándares internacionales en la materia”.
Añadió que uno de los inconvenientes que ven, es que no hay avance en la legislación, en cuanto a reformas integrales a Carabineros, para que de esa forma la institución resguarde el orden, pero siempre bajo el marco de los derechos humanos”.
En cuanto a medidas de reparación de personas a las que se les violaron sus derechos humanos, Hernández, indicó que estas personas viven un dilema profundo. “Por un lado tienen poca confianza y la reparación no ha sido la adecuada. Lo mínimo es que el Estado reconozca que se violaron los derechos humanos”.
Visiones parlamentarias
La presidenta de la instancia, Maya Fernández (PS), dijo que la reparación es fundamental. “Significa atención física y psicológica y, por ende, es importante que esta se lleve a cabo de manera integral. Algunas víctimas que perdieron uno de sus ojos han sufrido accidentes posteriores por no poder ver bien y muchos no han vuelto a trabajar”.
La diputada Carmen Hertz (PC) dijo que a un año de diversas observaciones internacionales “en Chile hay 30 mil personas detenidas en manifestaciones y más de ocho mil denuncias de violaciones de los derechos humanos. Además, la mitad de las investigaciones se cerraron y los sumarios en Carabineros son desconocidos y no sabemos conclusiones”.
Por su parte, el diputado Gabriel Ascencio (DC) destacó que desde el “18 de octubre existe un gran número de detenciones y eso es un tema que debe ser analizado. Además, muchas personas estuvieron más de un año detenidas sin prueba y, finalmente, fueron absueltas”.
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