Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, expresó su profunda preocupación por la negativa del Congreso a juramentar a Gloria Porras – una jueza reconocida por sus decisiones en materia de protección y garantías de los derechos humanos y el Estado de Derecho – en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, condenando el continuo acoso e intimidación al poder judicial en el país.
La ex presidenta de la Corte fue reelegida para el cargo el 4 de marzo, y debía reanudar sus funciones para otro mandato de cinco años el 14 de abril.
“Me preocupa enormemente el uso sistemático de armas jurídicas para obstaculizar la toma de posesión de la jueza Porras”, ha declarado Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, añadiendo que Porras ha sido objeto de varias formas de acoso judicial, discursos de odio y campañas de estigmatización en las redes sociales, incluso por motivos de género. “Estas acciones son parte del debilitamiento del Estado de Derecho y de la independencia judicial en Guatemala”, dijo.
El 3 de marzo de 2021, la Corte Suprema de Justicia admitió un nuevo pedido de destitución contra Porras y otro magistrado del tribunal, José Francisco de Mata Vela. Como la decisión de retirar la inmunidad a los magistrados del Tribunal Constitucional debe ser tomada por el Congreso, el 23 de marzo éste creó una comisión investigadora para retirar su inmunidad judicial.
“Estoy profundamente preocupado por estos actos de intimidación y represalias contra la ex presidenta de la Corte de Constitucionalidad”, dijo García-Sayán. “El uso indebido del procedimiento de destitución y otras medidas legales, que también se han utilizado contra otros magistrados titulares y suplentes de la Corte, parece tener como único objetivo interferir en el ejercicio independiente de la función judicial. Esto afecta la independencia, credibilidad y legitimidad del sistema de justicia en su conjunto.”
“Los jueces deben gozar de cierto grado de inmunidad en materia civil o penal en relación con las decisiones adoptadas de buena fe en el desempeño de sus funciones”, dijo el experto de la ONU. La inmunidad judicial se deriva del principio de independencia judicial y tiene por objeto proteger a los jueces de cualquier forma de intimidación, obstrucción, acoso o interferencia indebida en el ejercicio de su función profesional.
“Sin la inmunidad judicial, los procesos civiles o penales podrían ser utilizados como una forma de coacción o represalia para socavar la toma de decisiones independientes e imparciales, como demuestra el caso de Gloria Porras”, dijo García-Sayán.
Tras la decisión del Congreso de no juramentar a Porras, varios actores políticos que se han visto afectados por sus decisiones como Presidenta de la Corte de Constitucionalidad han amenazado con interponer acciones civiles y penales contra ella.
Elena Rusca, en Ginebra
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