La información pública fluye por dos bandas. Por una parte, una banda ancha: las redes sociales. Ésta no tiene filtro, más allá del autocontrol de cada persona que expresa sus opiniones. Por otra, hay una banda más acotada, “selecta”: la prensa tradicional. Ésta sí tiene filtro. Ambas se intervienen con fines políticos. En ambos casos se aprovecha el desprestigio de las instituciones democráticas (que muestran las encuestas de opinión) para irrespetarlas, para denostarlas aún más, y saltárselas si ello es funcional a determinados objetivos políticos coyunturales. Así, si el Poder Legislativo se extralimita en sus funciones conforme a la Constitución vigente, ello se relativiza pues (i) la Constitución se va a cambiar y (ii) resulta más popular para el parlamentario apoyar algo “que la gente demanda” que respetar la institucionalidad vigente (pues está deslegitimada). Hay parlamentarios que ponen sus intereses particulares por encima del respeto a la Constitución y las Leyes, que juraron respetar. Contribuyen, así, a exacerbar la depreciación de la institucionalidad democrática en Chile (y a pavimentarle el camino a los movimientos anarquistas). Si el presidente de la República cuenta con poca adhesión ciudadana, entonces ello da pie para justificar la ausencia absoluta de voluntad de diálogo y de acuerdos entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Es más, este último puede ser vilipendiado, y hacerlo responsable de todo lo negativo que ocurra en materia de salud pública aunque no tenga relación alguna con su gestión (aumentan los contagios por Covid 19 a inicios de abril, por ejemplo). Y se justifica minimizar cualquier gestión positiva del presidente ante la opinión pública (como el programa de vacunación, reconocido mundialmente) . Amplios sectores del periodismo se solazan buscándole la “quinta pata al gato” a cualquier cuestión en que el Ministerio de Salud pueda no haber actuado con la perfección absoluta que exigen los “expertos aficionados” que miran desde afuera y a posteriori, sin considerar las limitaciones objetivas que hay – en cualquier país del mundo - para anticiparse perfectamente a todos los efectos en la salud pública de una pandemia nueva, desconocida para la comunidad científica mundial. Y se desconocen las limitaciones de información estadística en un sistema de salud pública que no estaba preparado para enfrentar una crisis de esta naturaleza. No aceptan el más mínimo error, aunque sea comprensible. Todo se cuestiona a priori -por acción u omisión- simplemente por el hecho de ser impulsado desde el Poder Ejecutivo. Las opiniones y las ideas no se evalúan en su mérito sino en función de quién las emite o patrocina. Es el totalitarismo en la esfera de las ideas y de la discusión pública. Ello da pie para que se exacerbe el lenguaje descalificatorio y se generen conflictos artificiales.
Los medios de comunicación muchas veces contribuyen a este negativismo de encontrar – a como dé lugar- la parte vacía del vaso medio lleno. Le dan tribuna a la intolerancia y la descalificación a priori de las legítimas diferencias de opinión, retroalimentan este ambiente de crispación que vivimos. Pero la prensa no sólo tiene el derecho a informar; también tiene una función cívica en pro del bien común. Tiene el deber de conciliar “su rating” con su responsabilidad para con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
La sociedad chilena está inmersa en un especie de juego irresponsable. Pero éste no es de suma cero. Es un juego acerca del cual, desgraciadamente, pocos parecen estar conscientes de su peligrosidad para la valoración y estabilidad de la democracia como sistema político -institucional en Chile. ¿A dónde nos conducirá?
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