El llamar a Chile “un país democrático” me parece una marcada exageración: los gobiernos de la llamada Concertación de Partidos por la Democracia, más los dos gobiernos de derecha, han sido una forma de gobierno de “dicta-blanda”, (término que utilizó Augusto Pinochet cuando del uniforme militar pasó a la perla en la corbata), vocablo acuñado en España cuando el dictador Miguel Primo de Rivera fue por Berenger reemplazado por un corto período, que se denominó “la dicta-blanda”, previa al período de la II República, en abril de (1931).
Es muy fácil asignarle terminología democrática a instituciones que aparentemente lo son pero que, en el fondo, son iguales a las dictatoriales. Los derechistas, y aún partidarios de Pinochet, sostienen que la Constitución dictatorial de 1980, como ha cambiado de firmantes estampando la rúbrica, (por ejemplo, del ahora ex Presidente Ricardo Lagos y sus ministros de gobierno, en el cambio de la de Pinochet y su Junta de Gobierno), se ha convertido mágicamente en una Constitución democrática, (algo así como si el Covid-19, que muta en forma continuada, pasara de mala a buena persona, como dijo el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, de enfermedad a farmacoterapia).
Los partidarios de la Constitución dictatorial sostienen que la Constitución de 1980, aún vigente, es la que ha tenido más cambios a través de la historia de Chile, por consiguiente, ya no es la misma que redactaron Jaime Guzmán y Enrique Artúzar, (como si nos medicaran aspirinas para la curación de un cáncer, o bien, si la misma persona cambia con frecuencia el color de su cabello, sea roja, verde rubia, azul…), y que por consiguiente, la Constitución vigente es democrática por algunas tibias e insignificantes reformas, pactadas entre el Presidente Lagos y el presidente del Partido Unión Demócrata Independiente, Pablo Longueira, Partido de extrema derecha.
El abogado constitucionalista Fernando Atria ha descrito el contenido de la Constitución de 1980 como un conjunto de trampas, a fin de que siempre triunfe la derecha. La metáfora que usa es demasiado evidente: en un partido de fútbol, el arco en que debiera meter goles la derecha fuera de 100 metros, contra diez metros del equipo contrario.
Las trampas constitucionales son numerosas, pues Guzmán, ideólogo de la derecha, escribió claramente que la Constitución de 1980, así ganara electoralmente el enemigo, estaría obligado a implementar el programa de la derecha. Dentro de estas trampas, la más poderosa se refiere al rol que cumple, hasta ahora, el Tribunal Constitucional, (TC) que, de “tribunal” sólo tiene el nombre, y “constitucional, hasta las dictaduras más feroces se basan en Constituciones, (incluso, la del dictador J. Stalin, era la Carta Magna que tenía más garantías sociales que ninguna de las conocidas en la época).
En Chile todo es original, y el TC, gracias a un “regalo” del Presidente socialista Ricardo Lagos Escobar, “un demócrata a carta cabal”, reemplazó los senadores designados por otorgar más facultades al TC que, que hasta hoy, se ha transformado en un monstruo jurídico. Su conformación es un cuoteo en que se reparten los cargos tres personas, designadas por el Presidente de turno, cuatro, por el Parlamento y tres por la Corte Suprema.
La condición para ser miembro del TC es bastante simple: basta con ser abogado, incluso, puede haber sido reprobado reiteradamente en derecho constitucional. En el caso de los miembros que corresponde al Presidente de la República, él los nombra a su gusto; los cuatro del Congreso, se reparten los Partidos Renovación Nacional y la UDI, y entre socialistas y democratacristianos, (en el caso de la UDI, por ejemplo, la designación del magistrado Letelier fue un premio de consuelo, cuando la candidatura de diputado por Melipilla le fue concedida a otro de la UDI, el hijo del “coronel”, Juan Antonio Coloma). La presidencia de esta “magistratura”, Sebastián Piñera se la regaló a María Luis Brahm, que era la jefa de asesores “del segundo piso”.
El TC no es una invención chilena, y en Chile se instaló durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, pero con atribuciones normales en los demás países del mundo, entre ellas, mantener la primacía de la Constitución, pero no puede atropellar los otros poderes del Estado. En Chile, el TC tiene más poder que el Congreso mismo, elegido por la soberanía popular: actúa como “tercera Cámara”, y está facultado para declarar inconstitucional cualquier ley aprobada, o bien, proyecto de ley en discusión. Cuando una ley es declarada inconstitucional por dicho Tribunal, no hay ninguna apelación posible.
Se supondría que si en Chile existiera una verdadera democracia, debería haber pesos y contrapesos, y ningún poder podría funcionar sin el control del otro, pero cuando no lo hay, no estamos lejos de una monarquía absoluta. En Chile, por ejemplo, los fallos del TC no tienen control alguno, ni siquiera, de la Corte Suprema. (Algo tan importante como el habeas Corpus, ´muéstreme el cuerpo, o la persona´, un derecho fundamental para evitar la detención arbitraria, es disputado como un derecho absoluto del Tribunal Constitucional, por sobre el de la Corte Suprema).
La disputa entre ambas magistraturas recientemente ha dado lugar a escenas cómicas entre la presidenta del TC y los miembros de la Corte Suprema: se ha dado, por ejemplo, cuando la ex asesora Brahm le propuso a un colega pedir el auxilio del Ejecutivo en la disputa entre ambas magistraturas.
El llamar previsión de las AFP es, francamente, una estupidez, propia de los “tontilandeses”, (a quienes no podemos culpar, pues fue impuesta bajo la bayoneta de una dictadura), pues no es más que un ahorro obligatorio a fin de que “los clientes” puedan tener una jubilación para la vejez. Para engañar a los habitantes de “Huevolandia”, a quienes asegura que sus ahorros corresponden a su propiedad privada, que se multiplican en el juego de la Bolsa de Comercio, (claro, pero favor de las empresas del Presidente de la República, sus hijos y nietos y sus amigos personales y no de los trabajadores cotizantes del ahorro forzoso).
La propiedad privada es el dios de la derecha, y quien la posee puede hacer y abusar de ella a su antojo, pero en el caso de lo que el cotizante ahorra forzosamente en las AFP está obligado a esperar para su uso y disfrute hasta más de los sesenta años, en que sólo le devuelven la tercera parte del dinero ahorrado, (hay un porcentaje de cotizantes que sólo alcanzan a ahorrar menos que el equivalente a la pensión solidaria).
Salvo los empresarios, que tal vez añoran las épocas de esclavitud, hasta el más tonto de los “tontilandeses”, ha captado que, un país con la gente confinada en sus hogares, con fronteras cerradas, está condenando a que la mayoría de su gente muera de hambre, incuso, si cuenta con ahorros de las en las AFP, que sólo pueden mirarlos, (como una copa de campeón, que se observa de lejos) pero no usarlos para poder adquirir, al menos, un kilo de pan, así sea sin mortadela.
Los diputados y senadores derechistas, que se dieron cuenta de que el Presidente Piñera “anda más perdido que el teniente Bello”, y que lo único importante son los negocios y, por tanto, aumentar su fortuna, con mucha razón insisten en conservar sus cargos, bastante bien pagados por cierto, pues saben que los muertos de hambre no van a votar por ellos en las elecciones de mayo próximo, por consiguiente, tienen que elegir entre perder su sillón, o seguir siendo dependientes del Presidente Piñera.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
26/04/2021
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