Fiscalía Sur pide 8 años de cárcel para profesor, Roberto Campos, acusado de atentar contra la seguridad del Estado tras romper un torniquete del metro durante la revuelta social de octubre 2019. El presidente del Colegio Metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, catalogó la medida como “desproporcionada y abusiva que da cuenta de una persecución injusta en contra el colega Campos”.
Como si la solicitud de condena no fuera suficientemente drástica, la Fiscalía pide que al docente se le agregue las penas de inhabilitación absoluta y perpetua para derechos políticos e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el período que dure su condena.
El 17 de octubre 2019, el profesor fue detenido y quedó en prisión preventiva por dos meses en la Cárcel de Alta Seguridad y luego obtuvo su libertad, pero con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y firma mensual.
El dirigente del profesorado, Mario Aguilar fustigó la resolución de la Fiscalía que por “haber roto un validador del metro fue el “horripilante” delito que amenazó la Ley de Seguridad del Estado, según lo que plantea Gobierno en su querella.
“Y ahora el Ministerio Público le encuentra la razón al Gobierno”.
“Y la Fiscalía que no ha sido capaz hasta ahora de establecer ninguna condenar al cegador de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, a los que han torturado en las comisarías y abusaron sexualmente de numerosas mujeres detenidas”.
“Esa gente está toda libre, y al profesor Roberto Campos que ya pasó por la Cárcel de Seguridad, la Fiscalía pide 8 años de cárcel, por ley de seguridad del estado”, retruca.
La Fiscalía Sur prepara el juicio oral contra Campos para el 11 de mayo 2021.
Por su parte, la Defensoría Penal Pública recurrirá al Tribunal Constitucional para que se declare inaplicable la Ley de Seguridad del Estado.
El abogado defensor público Mario Araya, quien representa al docente, indicó que “estamos confiando en que el tribunal nos dará la razón y declarara la inaplicable la Ley de Seguridad del Estado “porque tiene problemas de carácter democrático y porque no describe suficientemente las conductas por las cuales las personas puedan ser juzgadas por esa ley”. (La Tercera)
Por Galy Chávez
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