Por: Agencia EFE | Publicado: 30.04.2021
Baltasar Garzón | Agencia Uno«El artículo 28 del Estatuto de Roma es bastante claro a este respecto: la responsabilidad es del superior, que sabiendo que sus subordinados cometen presuntos crímenes de lesa humanidad, no adopta las medidas a su alcance para impedirlas», aseguró el ex magistrado en relación a la denuncia interpuesta contra el mandatario que también suscriben la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro de Investigación y Desarrollo para la Democracia de Italia.
El ex juez español Baltasar Garzón se refirió este viernes a la denuncia que interpuso contra Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad, cometidos en el país en el contexto del estallido social.
Sobre la acción judicial, que también suscriben la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro de Investigación y Desarrollo para la Democracia de Italia, Garzón aseguró en declaraciones que reproduce Cooperativa, que «el artículo 28 del Estatuto de Roma es bastante claro a este respecto: la responsabilidad es del superior, que sabiendo que sus subordinados cometen presuntos crímenes de lesa humanidad, no adopta las medidas a su alcance para impedirlas».
En opinión del abogado, las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile en las protestas de 2019 fueron una «política sistemática», razón por la que pidió a la Corte Penal Internacional investigar al mandatario.
«Los crímenes responden a una política generalizada del gobierno chileno, en cuyo frente está Sebastián Piñera, y fueron realizados de forma sistemática durante varios meses», aseveró Garzón, cuya fundación envió el jueves a La Haya (Países Bajos) una solicitud de investigación junto a diversas organizaciones chilenas y europeas.
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El texto, al que tuvo acceso Agencia Efe, también señala a los colaboradores «civiles y militares» de Piñera como autores de estos presuntos crímenes, cometidos a finales de 2019, durante el denominado «estallido social» que vivió el país, con masivas marchas que dejaron una treintena de muertos y cientos de heridos.
La crisis social, la más grave que vivió nuestro país después de la dictadura de Augusto Pinochet, empezó como una protesta contra el alza en el precio del Metro y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo que se extendió durante un año.
Las protestas dejaron episodios de violencia con saqueos e incendios, además de acusaciones de distintos organismos como la ONU y Amnistía Internacional (AI), contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.
Ingresada la denuncia contra el Presidente, ahora la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe determinar si abrirá un examen preliminar y una posterior investigación, un proceso que se podría alargar durante varios años.
«Hasta ahora lo que habido es impunidad»
En palabras de Garzón, durante la eventual investigación será clave la complementariedad entre la Justicia internacional y la chilena ya que «hasta ahora lo que habido es impunidad» y no «una investigación efectiva» de los crímenes.
Según los denunciantes, muchos delitos cometidos durante el denominado estallido social fueron «fraudulentamente» calificados «para favorecer su posterior impunidad» y sus investigaciones han sufrido «demoras injustificadas».
El presidente de la CCHDH, Carlos Margotta, dijo que se abrieron más de 11.000 investigaciones a raíz de la crisis social, y más de 6.300 fueron concluidas sin determinación de responsables.
«Homicidios, torturas, mutilaciones, detenciones arbitrarias y actos inhumanos causaron daño intencional a miles de habitantes (…). No podemos permitir la impunidad», agregó Margotta.
Piñera, quien asumió su segunda administración el 2018 , ha negado reiteradamente que existiera una política sistemática y deliberada para reprimir las marchas y si bien se refirió a los abusos policiales al comienzo de las protestas como «casos aislados», casi dos meses después del estallido reconoció que hubo «atropellos a los derechos humanos».
El mandatario se comprometió a reformar Carabineros, la entidad más cuestionado durante las marchas y cuyo director general Mario Rozas dimitió tras varios informes internacionales de derechos humanos que acusaban excesivo uso de la fuerza.
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