Cencosud, vía artimañas, intenta sobrepasar la ley en Vitacura
Con este acto administrativo preliminar, el que tiene una vigencia de un año, ese inversionista con fecha 23 de junio de 2000 solicitó en la DOM de Vitacura un permiso de edificación para levantar su grandioso proyecto, sin ceñirse a los plazos fijos perentorios determinados en la OGUC, lo que, voluntaria o involuntariamente, fue pasado por alto por el DOM en funciones en aquella época. Así, el privado titular del negocio, obtuvo con fecha 12 de diciembre del año 2000 el permiso de edificación Nº 121/2000, acto administrativo que, conjuntamente con el terreno, se lo vendió en el año 2010 en US$ 54 millones a Cencosud, empresa asesorada en esta transacción comercial por el arquitecto José Ramón Ugarte. Paulmann estuvo dispuesto a desembolsar esa alta suma de dinero porque creía que el permiso caducado a los 3 años de cursado, mantenía su vigencia.
En abril del año 2014, conforme a documentación entregada por vecinos del sector, la Fundación Defendamos la Ciudad le representó, tanto a la DOM de Vitacura como al Seremi de Vivienda y Urbanismo, la ilegalidad en comento, expresándoles a ambas instancias públicas que era indispensable que se declarara la caducidad automática del permiso. Como no se procedió en consecuencia, dicha fundación a partir del 15 de octubre de 2014, ingresó denuncias en la Contraloría General de la República, la que el 25 de junio de 2015 emitió su dictamen Nº 51178, dejando en claro que el permiso estaba caducado, por lo tanto, desestimando las alegaciones del privado interesado, expresando además que los derechos adquiridos, la buena fe y la confianza legítima, argumentos pretextados por Cencosud, no son tomados en cuenta en sede administrativa.
Posteriormente, el 13 de noviembre de 2015 la Contraloría en su dictamen N° 90257 se dirige al alcalde de Vitacura reiterando que el aludido permiso caducó por imperio de la ley, es decir, de pleno derecho, y que ello fue reconocido en Resolución DOM N° 254/2015 del 22 de mayo de 2015, firmada por Carolina Zúñiga en su calidad de DOM (S). Con esta resolución, notificada al propietario, se paralizaron unas faenas por “no contar con permiso, al haberse producido la caducidad”. Pero sabemos que lo anterior fue objetado por Aldo Ramaciotti, en su calidad de de Seremi de Vivienda y Urbanismo, funcionario que se tuvo que desdecir el 25 de noviembre de 2015, vía Resolución Exenta Nº 3052.
En efecto, él se dirigió a Cencosud y a la DOM de Vitacura, manifestando entre otras cosas lo siguiente: “Que, de lo transcrito, queda claro que el Órgano Contralor ha estimado suficientes las actuaciones ya efectuadas por la DOM de Vitacura, respecto del Permiso de Edificación Nº 121/2000 para dar por constatada su caducidad” y enseguida expresa “que los informes jurídicos emitidos por la Contraloría General de la República son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización”. Como vemos, esa autoridad del gobierno central finalmente entró en razón y se sometió a la ley.
Enseguida, el 6 de mayo de 2016 la Contraloría cursa su dictamen N° 33558, señalando en la misma línea que el permiso de marras está caducado y que, por estar judicializado el caso, no podrá continuar emitiendo dictámenes. En efecto, el privado interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, causa muy bien defendida por la abogada Marcela Rivas, representando a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, quien justificó con claridad que el permiso estaba caducado. La Corte Suprema falló, sin referirse al fondo del asunto, y por ello el alcalde Raúl Torrealba, con justa razón, decía que tal proyecto, con esas características, jamás se construiría, ver link
En este episodio ha quedado en evidencia que, con una Contraloría autónoma e independiente, más una ciudadanía vigilante, se asegura el imperio del derecho en la Administración del Estado y por ello, si los hijos de Horst Paulmann, actuales controladores de Cencosud, quieren defender sus intereses comerciales, tendrán que accionar en contra del arquitecto Ugarte, quien indujo a su padre a comprar dicho terreno con un permiso de edificación caducado, lo que quedó reflejado con la Resolución de la DOM titular de Vitacura, administración activa, como ya se dijo, en enero de 2017.
Como un hecho clarificador, recordamos que en una presentación de 29 páginas de Cencosud a Contraloría de fecha 02/02/15, reconocía que su permiso estaba caducado, pero que, a pesar de ello, alegando igualdad ante la ley, porque existían en el país innumerables otros permisos caducados, que no han sido declarado como tales, le pedía una reconsideración. Naturalmente el ente fiscalizador desestimó esa regateada pretensión.
En la actualidad en PRC de Vitacura para dicho terreno contempla una altura máxima de 12 pisos y un coeficiente de constructibilidad de 2.0, muy inferior al que tiene el permiso caducado. Los abogados externos de Cencosud saben que el recurso de ilegalidad interpuesto ante la alcaldesa Merino, por la “segunda caducidad” (sic), será rechazado por ella. Tan pronto se informen de esa respuesta, están habilitados para recurrir ante la Corte de Apelaciones de Santiago invocando tremendos perjuicios económicos.
Dado que la segunda caducidad del permiso cursado hace 22 años, es un chiste de mal gusto, más de alguien podría sostener que se trata de un habilidoso montaje, le recomendamos a los interesados y en especial a los jueces que deberán pronunciarse sobre el próximo recurso de protección, que lean el completo reportaje de Ciper “La batalla legal entre Vitacura y Cencosud que tiene con pena a Paulmann”, ver link
 | Paulmann invirtió en 2010 casi $30 mil millones para materializar su nuevo sueño: el mall Alto Las Condes 2. Transcurridos siete años las obras aún no se inician. El principal escollo ha sido la dura oposición de la municipalidad que dirige Raúl Torrealba. A pesar de que los tribunales le han dado inicialmente la razón a Cencosud, Vitacura se aferra a seguir la batalla legal apoyada en … |
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