or El Mostrador Braga 25 mayo, 2022
Créditos: Foto U. de Chile
No tiene redes sociales, pero está conectada a diario, no a Twitter ni Instagram, sino a un ejercicio al que se dedica hace más de 15 años: la defensa de los DDHH. Sin importar la edad, el género ni el país, esta abogada llevó casos de víctimas de la Operación Cóndor, el estallido social, la dictadura de Meza (Bolivia), entre otros. Mientras investigaba delitos de uniformados, le robaron su computador, llevó a una isapre ante un tribunal internacional y le ganó, citó al Embajador Labbé a declarar por su participación en la dictadura, en tanto gobernaba Piñera. Hoy, se postula para ser la primera mujer en ocupar un cargo que solo lideró un latinoamericano con anterioridad.
Hacia finales de los 90, y principios del 2000, la consigna era clara: “no te metas en nada”. El miedo acuciante, posdictadura y el inicio de un periodo marcado por el deseo de querer voltear una página que no se terminaba de leer, ni escribir, marcaba el día a día. Por esos años, Karinna era dirigente universitaria en la Universidad de Santiago (Usach) y junto a sus pares velaban por el derecho a la educación, “derechos sociales, económicos y culturales”, en una apuesta por avanzar hacia un nuevo Chile.
“Tenía la impresión que había temas de la dictadura que estaban zanjados”, expresó la abogada, “pensé que era importante avanzar en otros, pero estaba equivocada”.
Mientras Fernández terminaba los últimos años de su carrera, un amigo suyo, hijo de un ejecutado político, se suicidó. “Ese fue un impacto muy fuerte en el que pude ver que efectivamente nada estaba en el pasado y esto iba a ser un continum de consecuencias transgeneracionales de las desapariciones, ejecuciones, la tortura, aún invisibilizadas porque no salía el informe Valech”, narró Karinna.
Las décadas posteriores al horror, fueron visibilizando con lentitud algunos de los episodios que marcaron la historia de Chile, desconocida para quienes no tenían familiares ni amigos desaparecidos o ejecutados, como era el caso de la abogada, “esa situación me conmovió mucho y me dio un mensaje claro: había que elevar la bandera de lucha por los derechos básicos, como los políticos; la vida y la integridad tenían que estar en el centro del debate”, dijo.
De la obstetricia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): el camino desde la dirigencia estudiantil a los tribunales internacionales
Mientras cursaba un Bachillerato en Ciencias en la Usach, y en pleno debate de una ley educacional del segundo gobierno posdictadura, Karinna estudió en detalle el proyecto contra el cual elevaron las voces aquellos estudiantes que cimentaron las luchas educativas en el país. Fue en ese minucioso análisis de la norma que encontró su vocación en el derecho, así que partió a la quinta región a estudiar a la Universidad de Valparaíso.
“Cuando terminé mis estudios entré a trabajar en un programa de derechos humanos del Ministerio del Interior y llevé causas de la dictadura, tratando de darle un enfoque vinculado a Valparaíso y el rol de la fuerza marítima en la dictadura”.
Eran más de las diez de la noche y Karinna hablaba con energía, mirando hacia los lados de manera constante, como escarbando entre marañas de recuerdos de una trayectoria laboral que le significó amenazas. Escarbar. Escarbar archivos, remover vivencias, escarbar en busca de huellas que dejaron su rastro en los huesos.
Según consta en los libros del cementerio de Playa Ancha, el cuerpo del cura obrero y popular, Miguel Woodward, fue torturado hasta causarle la muerte y luego hacerlo desaparecer desde el Buque Escuela Esmeralda. Fueron los mismos quienes cometieron “torturas”, unos “de los responsables políticos más destacados de la dictadura”, según relató Karinna, quien destacó asimismo que “en la esmeralda se torturó”.
“Unos años más tarde, trabajé el caso Woodward, sentía que en Valparaíso no había una crítica hacia la Armada de Chile y la represión como eje central que esta ejerció y había que visibilizarlo”, sostuvo Fernández, sentada frente a un computador, delante de una pared blanca que tiene un cuadro, un recuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sus amigos y amigas le regalaron cuando hizo una campaña para sacar una estatua de Isabel La Católica del frontis de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Visibilizar es una palabra que repitió una y otra vez, la nombró, valoró y destacó en la conversación. Un día entraron a su casa para robar su computador con toda la información que llevaba investigada con relación a torturas ejercidas por la Armada de Chile, que quería visibilizar.
En adelante, llevó procesos como Operación Cóndor y Villa Grimaldi, que le permitieron conocer a víctimas de la tortura, tratadas no como víctimas, sino como testigos de desapariciones y ejecuciones. Durante ese ejercicio, además, identificó la existencia de lo que llamó “víctimas que recibían un trato de tercera categoría”, es decir, personas que no tenían representación estatal y que, según su parecer, “es el reflejo del bajo porcentaje de casos de tortura que llegaron a juicio”.
“Muchas cosas me parecían difíciles de entender, como el aislamiento de las víctimas. Era muy frecuente en los relatos, sobre todo en los de esposas de víctimas de secuestro, que ellas se quedaban solas en sus casas (y algunas con sus hijos e hijas), aisladas también por sus vecinos, contexto que era aprovechado por los uniformados entraban a marcarlas, las violaban, torturaban, y eso no estaba reflejado en el Informe Valech, algo que también pude ver llevando casos similares en Argentina” detalló la candidata a relatora.
El día a día de Karinna va de armar informes a leerlos, responder mensajes, informarse de los pasos que siguen sus casos, que suelen ser paralelos. Sus tiempos libres son pocos porque, según contó, “su trabajo no tiene horarios” y los pocos minutos libres los destina a la práctica de yoga y su maternidad.
En 2010, el presidente Sebastián Piñera enfrentó un nuevo escándalo, esa vez por la cita de uno de sus embajadores debido a su participación en la Operación Cóndor y sus vínculos con el ex agente de la DINA, Enrique Arancibia. Detrás de esta operación por la memoria, verdad y justicia, estaba un grupo de abogados y abogadas, entre ellos Karinna Fernández.
Pero el trabajo de la abogada, así como no conoce de tiempos, tampoco de fronteras. Desde Inglaterra, tuvo la posibilidad de conocer “mejor qué estaba pasando en Latinoamérica”, aseguró. “Me di cuenta de que estábamos muy aislados, no teníamos claridad de qué eran los casos de los falsos positivos en Colombia, desconocíamos el asesinato a líderes sociales que se estaba dando y sucede aún, ignorábamos además realidades más lejanas como en Camboya o Nepal”. En Inglaterra estudió un Máster of Laws in International Humans Rights Law (University of Essex, UK), que se sumó a su Magíster en Derecho Público e Internacional (Universidad de Chile).
Este borramiento de las fronteras, la llevó asesorar y ser consultora de organizaciones y programas internacionales de DDHH, tal como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Asociación Para la Prevención de la Tortura (APT), Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y más recientemente en el Forest Peoples Programme.
“Durante la pandemia me sumé a este programa que trabaja con comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en Colombia, Perú y Costa Rica. Iniciar trabajo con pueblos indígenas en pandemia fue súper complejo: la situación de violencia, sobre todo en Perú con comunidades debido al extractivismo (muy invisibilizado), Colombia es otro tipo de represión basada en el despojo territorial, en Costa Rica han persistentemente atacado y asesinado líderes indígenas de manera frecuente, me tocó observar cómo los DDHH se vulneran en distintos lugares y de diferentes maneras…”.
En 2010, durante uno de sus regresos a Chile, arribó a una Fiscalía Nacional, en medio de una creciente ola antimigratoria, que no contaba con bases de datos respecto de extranjeros. “Lo primero que pregunta fue cuál era el número de migrantes que enfrenta la justicia penal y me dijeron que no sabían porque no se detallaba la nacionalidad en los reportes”. No había registros ni ningún documento traducido a otros idiomas.
“Entonces se me ocurrió crear una mesa interinstitucional de acceso de justicia a migrantes: tensionar los mecanismos que el sistema crea para la protección de los DDHH. Así, de manera conjunta entre el ministerio público, la defensoría penal, cancillería y policías, generamos un sistema para contar con una base de datos, que los policías entendieran que la asistencia consular era un derecho, así como también el acceso a defensa” contó con entusiasmo mientras reconoció el logro que le parece el más destacado: “con esas cifras logramos comprobar que los migrantes cometían un porcentaje bajísimo de delitos, menos de un uno porciento”.
Idas y vueltas: el regreso a Chile en medio de un estallido y la desprotección histórica del país ante la tortura
Luego años de trabajo en una investigación sobre hechos de tortura ocurridos en 16 países durante los últimos 30 años, mientras paralelamente estudió, junto a Londres 38, espacio de memorias, los patrones represivos de quienes estuvieron apresados en aquel centro de torturas, Karinna volvió otra vez a Chile, esa vez en el año del estallido.
Con la voz un poco más baja que en otras partes de su relato, la abogada destacó “lo violento” de encontrarse con elementos que pensó “ya habíamos superado”, como “discriminación, maltrato, violencia estatal, negacionismo”, expresó. El daño ocular, ya visto como un mecanismo de acción estatal en Aysén y luego Nicaragua comentó, fue de una dimensión “inexplorada”.
“En Chile no existe el derecho a la protesta consagrado en ninguna parte de nuestro ordenamiento, hay normas internas y protocolos de carabineros donde no hay ninguna forma de protección a la protesta. Y en la cultura chilena estamos acostumbrados a la represión, algo que me sorprendió en otros países, donde vi protestar con libertad”, contó recordando sus estadías en Estados Unidos y Reino Unido.
“Uno sabe que salir a marchar puede significar recibir el chorro del guanaco, golpes, que estarás expuesto a lacrimógenas y esa lógica es persistente. Se asocia la tortura con la electricidad y esa visión nos impide denunciar y acoger los relatos de tortura, me ha costado mucho hacerles entender a periodistas que son víctimas, porque están acostumbrados a ver situaciones y minimizar por ello lo que les sucede”.
Según un informe de Fiscalía, citado por Karinna Fernández, en Chile se recibieron en total 10.796 denuncias por violación a los DDHH en contexto del estallido social, donde la represión, “afectó también a las mujeres, artistas y de la cultura”, acotó destacando los casos que defendió, junto a su colega Magdalena Garcés, como el de Mon Laferte y del Colectivo Las Tesis, así como también llevó casos de asesinatos como el de Ángela González en Colina.
Así pues, dos de las grandes deudas de Chile que reconoce esta abogada de 44 años, son, por un lado, visibilizar las violaciones a los DDHH ocurridas en dictadura y democracia, y por otro, “generar marcos adecuados para que hechos como los sucedidos no vuelvan a ocurrir”. En el fondo, que el lema del Nunca Más se transforme en una realidad efectiva.
Acerca de la tortura: diagnóstico y desafíos para abordar desde la relatoría
Con el paso de los años, y gracias a su experiencia, Karinna se encontró en el camino con más abogados y abogadas comprometidos con la lucha por los DDHH. Junto a ellos y ellas, conforma una oficina jurídica que no tiene nombre ni redes sociales, pero llevaron casos como el del ex militar chileno condenado por encubrimiento de quince homicidios durante la Caravana de la Muerte (1973), Juan Emilio Cheyre.
“Con nuestro equipo hemos trabajado por una dimensión particular de la tortura que es la sexual. Han surgido tratados en razón de tortura y violencia sexual, y hemos luchado para que queden evidenciados en la jurisprudencia chilena. En ese aspecto, avanzamos con el caso Campos, donde la Corte de Apelaciones de Santiago evidenció la importancia de estos impactos diferenciados respecto del cuerpo de las personas”.
Al referirse a estos temas, la abogada volvió otra vez sobre la visibilización. “La invisibilización de la tortura sexual ha hecho que hoy no se perciba a fuerzas, como la armada, como una que ha cometido delitos, no existe una estigmatización de ellos, sino de las víctimas. El Estado no lo reconoce, y las víctimas demoran en reconocerse a sí mismas como víctimas”, indicó.
Por otro lado, destacó la existencia de una “justicia de clases” que estigmatiza a las víctimas y sobrevivientes de la dictadura, de la misma manera que la “narrativa de la represión y el silencio” aún “es dominante”, situación que se replica en otros países del sur global.
“Latinoamérica se caracteriza por tener sistemas muy débiles de catastro e información concreta y ágil, sobre todo información desagregada como edad, nivel educacional, etcétera. Y sin información es muy difícil trabajar la lógica de protección de derechos”, afirmó.
Por este motivo, desde el cargo de relatora de la ONU sobre la Tortura (posición ad honorem), la especialista en DDHH subrayó cuáles serían los temas a trabajar y profundizar en primera instancia. Sobre la violencia sexual en situaciones de conflicto “se ha estado trabajando y hay que hacerlo en profundidad” destacó. Asimismo, otro de los ejes primordiales considerados por Fernández son “los impactos de la pandemia en formas de tortura”, es decir, “las respuestas que hubo de los países a la pandemia y cómo eso pudo generar más formas de tortura”, explicó.
Otro de los temas relevantes para la egresada de la Universidad de Valparaíso, es “el impacto del cambio climático, la deforestación y el extractivismo en comunidades indígenas, afros y campesinas y sus derivaciones en maneras tortura”, así como también, abordar “la tortura de niños, niñas y adolescentes, o bien las ocurridas en contexto de protesta social o dirigido hacia periodistas”, acotó. Se trata, en suma, de una propuesta de “visión intersectorial del mandato”, sentenció la ex dirigenta universitaria.
El trabajo de esta relatoría se encarga a nivel mundial de la protección de derechos fundamentales, haciendo concretos los contenidos teóricos de los tratados internacionales. Se creó en 1985, y hasta hoy ninguna mujer ha ocupado el cargo, lo que llevó a diferentes organizaciones de mujeres a desarrollar campañas para que esta elección sea una oportunidad en pos de ello, y en tal caso Karinna Fernández podría ser la primera mujer, y además latinoamericana, en ser nombrada.
La avalan más de quince años de trayectoria dentro y fuera del país, investigaciones, asesorías y defensas en diversas agrupaciones, programas y organismos de DDHH y hasta ahora, diputados de diferentes partidos políticos, la Fundación Henry Dunant, Londres 38 y agrupaciones de abogados y abogadas, han apoyado una candidatura que aspira llevar a Chile a liderar un espacio de la mano con las luchas de los DDHH a nivel mundial.
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