Por: Sebastián Reyes | Publicado:Mayo .2022
|Entre enero de 2019 y diciembre de 2020, la Contraloría advirtió que el Ejército realizó pagos por concepto de «Asignación de casa» por $73.719.011, correspondiente a más de 400 funcionarios que ya son beneficiarios de viviendas fiscales, por lo que no les correspondía recibir dichos recursos.
Más de 400 funcionarios del Ejército recibieron irregularmente una doble asignación de recursos fiscales para la vivienda, de acuerdo a una investigación que realizó la Contraloría General de la República (CGR), a la que accedió El Desconcierto.
El 13 de mayo pasado la CGR emitió el Informe Final de la Auditoría N° 744, de 2021, realizada a la División de Bienestar del Ejército de Chile, donde, entre otras conclusiones, establece que la entidad castrense deberá realizar un procedimiento disciplinario, con la finalidad de establecer la eventualidad responsabilidad administrativa por millonarios pagos indebidos a funcionarios que ya ocupaban una vivienda fiscal, por lo que no calificaban para recibir otro beneficio.
Así lo establece el ente contralor en las principales conclusiones del informe, detallando que, entre enero de 2019 y diciembre de 2020, «se advirtió que la entidad realizó pagos por concepto de
Asignación de casa, por un monto total de $73.719.011, correspondiente a 417 funcionarios que son beneficiarios de viviendas fiscales».
En esa misma línea, el documento señala que «el personal de planta y el de reserva llamado al servicio activo, casado y el soltero o viudo que tenga cargas familiares legalmente reconocidas, percibirá mientras no ocupe casa fiscal o proporcionada por el Fisco, una asignación mensual, no imponible, ascendente al 14% del sueldo en posesión».
Es decir, durante más de un año hubo militares que recibieron un aumento en su renta del 14% del sueldo aun cuando ocupaban una vivienda otorgada por el Estado. En lo anexos se detalla el monto total de los pagos indebidos realizados por mes desde el Ejército.
Sobre el proceso disciplinario que deberá iniciar el Ejército de Chile, el ente fiscalizador pide «remitir el acto administrativo que así lo disponga y designe fiscal, a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía, de esta Contraloría General, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final».
Registros irregulares
Además de estos pagos irregulares, existen otros problemas que el organismo pudo identificar en lo que concierne a los beneficios habitacionales que se entregan a militares, como varias irregularidades en los registros del programa.
«Se constataron variadas inconsistencias en los reportes extraídos del Sistema de Administración de Viviendas Fiscales del Ejército, tales como errores en la fecha de asignación, RUN no válidos y ausencia de registro del rol de la propiedad, afectando así la confiabilidad de la información contenida en el aplicativo», destacan las conclusiones del reporte de la CGR.
Sobre los errores de fechas, se advirtió que viviendas en estado «Asignada» y «Habitada», aparecían con fecha de asignación de los inmuebles el «1 de enero de 1900». De estas observaciones, Contraloría informa que, hasta la entrega del informe final, algunas fueron subsanadas y otras no.
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En cuanto a la segunda objeción, el servicio manifiesta que se corrigieron los RUN no válidos y se ingresaron a la plataforma, acompañando un listado de los casos objetados. Sin embargo, para la Contraloría, la documentación que adjunta el Ejército, que corresponde a una mera lista con la asignación de RUN, «no es suficiente para acreditar que los aspectos advertidos se corrigieron en el Sistema de Viviendas Fiscales».
Por último, se detectó que 68 viviendas fiscales en el citado reporte no aparecían vinculadas al número de rol pertinente, observación que, hasta la fecha, tampoco ha sido probada como subsanada por Bienestar del Ejército en lo que a Contraloría respecta.
La respuesta del Ejército
Respecto a este documento y sus conclusiones, El Desconcierto solicitó una explicación al Ejército de Chile, desde donde responden que «en relación a los pagos realizados bajo el concepto ‘Asignación de Casa’, otorgado a 417 funcionarios, estos montos fueron reintegrados en su mayoría durante el año 2021, quedando pendiente un porcentaje menor, que se encuentra actualmente en ejecución con plazo de término el primer semestre del presente año. Además, se corrigió el monto a cobrar por concepto de renta mensual, así como los errores de procesos administrativos».
Asimismo, señalan que «los antecedentes al respecto, serán remitidos a la CGR, informándose las acciones y procedimientos adoptados, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente y en el plazo correspondiente», agregando que «el Ejército en forma permanente se encuentra efectuando mejoras a sus procesos y su correspondiente sistematización, en concordancia con los lineamientos de la CGR».
Cabe indicar que por medio de un oficio enviado -fuera de plazo- a Contraloría el 17 de diciembre de 2021 por parte del Ejército, cuyos antecedentes y argumentos fueron considerados para la
elaboración del informe final de la auditoría, la entidad militar informó sobre los montos reintegrados por el concepto de pagos indebidos durante el año pasado.
En este se defienden mediante un oficio del 7 de diciembre de 2021, del tesorero del Ejército y dirigido a la División de Bienestar, mediante el cual remite un listado de 77 funcionarios que habrían reintegrado dicha asignación por un monto de $31.704.543.
En específico, en el informe de Contraloría se detalla que en el oficio aparece «un monto a reintegrar por $46.073.578, un monto reintegrado por $31.704.543 y un saldo por $14.369.035, precisando en cada caso, según corresponda, que el estado de esos montos se encuentra ‘pagado’, ‘pagando cuotas CGR’ o ‘en espera de resolución CGR'».
Todos esto «sin acompañar la documentación que dé cuenta de cada una de esas situaciones, tales como los comprobantes de ingreso con su respectiva cartola bancaria que evidencie el depósito, y en otros casos, los oficios enviados por los funcionarios a esta Contraloría General», acusan desde el ente contralor.
«Considerando lo anterior, y teniendo en cuenta, además, que los antecedentes aportados son parciales, por cuanto están relacionados a 77 funcionarios de los 417 casos detectados, corresponde, en consecuencia, mantener la presente observación en todos sus términos», concluye la CGR.
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