A nadie en el Congreso y en forma transversal, le gustó la propuesta del contralor Jorge Bermúdez, quien ante la Convención Constitucional propuso habilitar al gobierno para que pueda adecuar normativas a la nueva Carta Fundamental mediante Decretos con Fuerza de Ley (DFL).

La idea de Bermúdez -que fue respaldada por el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson- era delegar al Presidente Gabriel Boric la dictación de ciertas normas adecuatorias (DFL) para no abultar la carga de trabajo que tendrá el Congreso en la adaptación de leyes.

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), dijo que “es preocupante que se pretenda legislar por decreto la implementación de la nueva Constitución. Las dictaduras legislan por decreto, las democracias lo hacen a través de representantes elegidos por el pueblo en el Congreso”.

Añadió que “sería un contrasentido que un proceso constituyente, que tiene por principal objetivo elevar los estándares democráticos, se implemente por decreto”.

El presidente de los diputados, Raúl Soto (PPD), señaló que “existe un Poder Legislativo legitimado democráticamente para cumplir esa tarea”. “No me gustan los atajos institucionales que son propios del autoritarismo”.

La senadora UDI y vicepresidenta de la Cámara Alta, Luz Ebensperger, dijo que la propuesta “me parece muy grave”, más aún si detrás está el gobierno promoviendo esa idea. “Sería saltarse el Congreso”.

El jefe de bancada UDI, Iván Moreira, agregó que era “una afrenta más al Congreso”. Añadió que es “extraordinariamente peligroso para la democracia” y propio de dictaduras.

El senador DC y presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Matías Walker, dijo que sería “inaceptable y nos acercaría a las peores prácticas de gobiernos autoritarios”.

“Esto está lejos de las democracias y está más cerca de los regímenes totalitarios”, expresó el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper.

Sin embargo, desde la Contraloría acotaron que la propuesta de Bermúdez implicaba dos cosas. Por un lado, la creación de estos DFL y, por otro, “encomendar al Congreso la dictación de las leyes”, dentro de un plazo. Además, comentaron que la idea de los Decretos con Fuerza de Ley era limitada “únicamente en aspectos administrativos”, según consignó La Tercera.

El ministro Giorgio Jackson coincidió con Bermúdez. Dijo que “hay algunas potestades” de carácter administrativo, “que yo creo que es conveniente que el Ejecutivo se haga cargo y, por lo tanto, sea exigible al Ejecutivo esa responsabilidad”, al margen de que haya temas de índole político que queden en manos del Congreso