Luego del homicidio de la periodista Francisca Sandoval Astudillo (29) el gobierno y la casta política han salido a reiterar su categórico rechazo a la violencia e inseguridad predominantes, y a aseverar que el crimen no quedará impune, pero no se han pronunciado sobre la necesidad de solidaridad y ayuda en términos concretos que merece la familia de la víctima – sus padres están devastados – y principalmente su pequeña hija Sofía, de 5 años de edad.
Francisca dejó de existir en la ex Posta Central al cabo de 11 días de agonía luego de recibir en la cabeza un balazo disparado por un delincuente en el barrio Meiggs, en las calles de Santiago, mientras cubría para un canal de televisión comunitario de la población La Victoria las alternativas de la marcha del primero de mayo convocada por la Central Clasista de Trabajadores.
La reportera conocía de cerca a la impunidad puesto que en 2012 mientras participaba en una manifestación popular de protesta por la corrupta Ley de Pesca había sido atropellada por una motocicleta conducida por un oficial de carabineros, que quedó sin sanción alguna. Las lesiones que sufrió la llevaron a dejar los estudios de sicología que cursaba en la hoy desaparecida Universidad Arcis.
Su deceso a tan temprana edad causó consternación, dolor e impotencia en todo el país ya conmocionado por balaceras, asaltos, portonazos, encerronas y otros delitos. La prematura muerte de Francisca pareció formar parte del clima de violencia que se vive, al tiempo que provocó profundo impacto familiar y dejó a su hijita en la orfandad. La menor sin duda merece una atención preferencial de parte del Estado.
Hay precedentes en Chile: a fines de los años 90 falleció por un cáncer que le aquejaba el periodista Jaime Valdés que había sido un solapado agente civil de la dictadura, con destinaciones dentro y fuera del país. El Congreso Nacional controlado por las dos derechas no solo le rindió un extenso homenaje, sino que decidió asegurar el futuro de su hijo adolescente otorgándole una beca para terminar sus estudios de nivel medio y continuar luego una carrera universitaria.
Obviamente no hay similitud alguna en la trayectoria de ambos periodistas. Francisca se caracterizó siempre por su identificación con la defensa de los derechos humanos, con las luchas sociales y los movimientos populares, en cambio Valdés fue un peón de la tiranía militar y se constituyó en cómplice de la Dina para encubrir numerosos crímenes de jóvenes de Izquierda en la llamada Operación Colombo perpetrados en la época negra del terrorismo de Estado.
En julio de 1975 Valdés se movilizó presto para conseguir la publicación por una sola vez de un supuesto diario en Brasil (Curitiba) y un semanario en Argentina (Buenos Aires) con el objeto de dar a conocer una gran mentira sobre la muerte de 119 chilenos en realidad detenidos y asesinados en Santiago. Todos ellos aparecieron en esos medios falsos matándose unos a otros en el extranjero.
El citado agente encubierto murió en la impunidad mientras ejercía funciones periodísticas en una radio emisora santiaguina de propiedad de empresarios de la UDI, tergiversando la realidad a diario. Nadie lo atacó ni le disparó y su fallecimiento se produjo por causas naturales, sin intervención de terceros, luego de lo cual el Congreso chileno lo “recompensó” sobradamente.
La muerte de Francisca Sandoval ocurrió en circunstancias que se investigan. Todo indica que quien le disparó a la cabeza, un sujeto de nombre Marcelo Naranjo, lo hizo en momentos que en el sector había carabineros, por enésima vez sobrepasados por la delincuencia e incapaces de prevenir o evitar la balacera.
El canal señal 3 de La Victoria la despidió cariñosamente: “Franchi, entregada por la convicción, apasionada por la comunicación al servicio del pueblo, consecuente con la lucha social, una madre aperrada, una hija ejemplar y una compañera humilde, preocupada por todos. Te amamos compañera, gracias por tu convicción y consecuencia, por nunca tener miedo”.
Quedan tareas pendientes: para la justicia, una amplia investigación para determinar a el o los hechores y penalizar las redes criminales que pudieron haber actuado. Y para el Estado, asumir la responsabilidad que le cabe en el bienestar de los padres de Francisca y en especial en el futuro de la pequeña Sofía que ha quedado en el desamparo.
Por Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
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