A solo días de que se entregue la propuesta constitucional en Chile, el discurso apocalíptico de quienes rechazan el nuevo borrador constitucional, sigue reproduciéndose en los grandes medios de información, instalando planteamientos que sólo buscan confundir y generar temor en la sociedad.
No bastándoles con instalar un discurso racista contra los pueblos originarios y un Estado Plurinacional, un discurso productivista contra los Derechos de la Naturaleza y los Derechos de los animales no humanos, y un discurso patriarcal contra la Democracia Paritaria, el enfoque de género y los derechos de las mujeres, no se les ocurre mejor cosa que mentir con respecto a las normas aprobadas sobre el derecho de propiedad.
De ahí que señalen que en el borrador constitucional es poco lo que aparece sobre el derecho de propiedad, pero no dicen que la constitución que actualmente nos rige, heredera de la dictadura (1980), es seguramente la más propietarista del mundo y más extrema en ese ámbito.
Es decir, omiten que la constitución de 1980 tiene la cláusula de propiedad más extensa que exista, por sobre una larga lista de países, de distintos lugares del planeta (1), los cuales no le dan la centralidad que tiene en Chile, al no haber sido intervenidos a la fuerza y experimentalmente, desde un pensamiento económico fundamentalista neoliberal, que transformó el mercado en un nuevo Dios.
El caso del agua por ejemplo, planteando que “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos” (2), no solo es único en el mundo, sino que evidencia el nivel brutal de mercantilización de la vida misma, la cual según la doctrina monetarista todo debiera tener precio.
Por lo mismo, no es de extrañar que quienes están contra el borrador constitucional y las normas aprobadas sobre derecho de propiedad, se escandalicen, por considerarlas insuficientes y débiles, a pesar de que están en completa cercanía de países capitalistas como Alemania, Estados Unidos u Holanda, y están en sintonía con tratados internacionales.
Ante esta evidencia frente al derecho comparado, los sectores conservadores que están por el rechazo de la nueva constitución, como buenos fanáticos que son, ni se inmutan frente a esta realidad internacional, llegando a decir incluso, como señala el abogado Axel Kaiser, de que en la nueva constitución “se acaba la protección efectiva al derecho de propiedad en todas sus formas” (3).
Por el contrario, si uno revisa seriamente lo que aparece con el derecho de propiedad en el borrador constitucional, los garantiza ampliamente, al señalar que “toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiable” (4).
Por lo mismo, lo que no quieren entender esos sectores, es que los derechos de propiedad no están por sobre el resto de los artículos y tienen ciertos límites, ya que es una constitución mucho más democrática que la de 1980, al incluir distintos derechos, a diferencia de la constitución actual, que deja al Estado completamente subordinado a los intereses privados, quienes han sido los responsables de entregar distintos servicios a la sociedad, a costa del bolsillo de los ciudadanos y las familias.
Una privatización de los derechos, a través de un Estado subsidiario, centrado en los derechos de propiedad, muy aplaudida por la elite económica chilena, la cual generó una verdadera plutocracia en el país, en donde la concentración de la riqueza en Chile del 1% más rico, es más que en cualquier lugar en el mundo, incluso que Estados Unidos.
Por supuesto, el mundo conservador, ha apelado siempre a un discurso del esfuerzo individual, a la meritocracia y del emprendimiento, para justificar así la centralidad de los derechos de propiedad, pero la realidad muestra que las chilenas y chilenos más que propietarios, son meros deudores de créditos bancarios.
Asimismo, el discurso del terror del rechazo, apelando por ejemplo a que con la nueva constitución, el Estado podrá expropiar lo que quiera, sin pagar lo correspondiente, no se sostiene bajo ningún punto de vista. Es cosa de revisar el borrador, que plantea explícitamente que “el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado” (5).
Por otro lado, el uso malintencionado de estos grupos fanáticos propietaristas, diciendo que el Estado expropiará los ahorros de los trabajadores para sus pensiones, de aprobarse la nueva constitución el 4 de septiembre, solo busca desinformar, ya que en ninguna parte del borrador constitucional plantea algo así.
En definitiva, lo que están intentando hacer quienes critican la falta de contenido sobre derecho de propiedad, no es defender el derecho de propiedad de personas particulares o de pequeñas empresas, sino de grandes grupos económicos, que con esta nueva constitución, se podrá abrir por fin un proceso de desconcentración de la propiedad, tan necesario en un país mal acostumbrado a las colusiones y abusos.
Quizás sería más honesto de quienes critican al borrador constitucional, señalar que para ellos el derecho de propiedad es el más importante de todos, por sobre la vida incluso. Además de decir que más que rechazar para reformar y construir una casa o país de todos, lo que quieren realmente es rechazar para conservar una casa de unos pocos solamente, la cual solo han tenido acceso quienes tienen los recursos suficiente para ingresar.
Por Andrés Kogan Valderrama
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