Este 23 de junio se cumplen 43 años del asesinato en Concepción de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Iris Yolanda Vega Bizama y Alberto Eugenio Salazar Briceño, de 29 y 34 años respectivamente. Iris y Alberto mueren explosionados por una bomba en calle Maipú, frente a Radio Nacional.
Como ocurría frecuentemente en la época con declaraciones a la prensa de los agentes dictatoriales, el general de ejército e intendente regional, Luis Prussing, atribuyó la detonación al intento de los militantes de colocar una bomba en la emisora.
El diario El Sur del 26 de junio describe con lujo de detalles el efecto de la explosión en los desmembrados cuerpos de los militantes que permanecieron en el lugar por varios días.
“A las 9:45 hrs. de esta mañana en el interior del local signado con el 778, se descubrió la otra mitad del cadáver de uno de los extremistas. Estaba aplastado contra la pared de la vitrina del principal establecimiento. Le faltaba el brazo izquierdo y el derecho se encontraba doblado detrás de la cabeza. Uno de los huesos de la mandíbula había roto la mejilla. Al medio de la calle, había una cigarrera de metal y un zapato de mujer”. Era un claro objetivo comunicacional para aterrorizar a la población.
A raíz del atentado la CNI informa de la detención de diez personas acusadas de formar parte de la organización que planificó la operación. Sin embargo, según lo establecido en el Informe Rettig, por una determinación judicial del 11 de julio de 1980, “fueron absueltos todos los involucrados al no acreditárseles delito alguno. Mientras tanto la investigación de las muertes permitió concluir judicialmente que ellas revestían las características de delitos de homicidio, sin existir eso sí antecedentes que permitiesen culpar a personas determinadas”. El informe finaliza señalando que “en atención a dichas conclusiones la Comisión ha adquirido la convicción de que Alberto SALAZAR e Iris VEGA.
fueron ejecutados, en violación de sus derechos humanos y, atendiendo a su militancia y la falsedad de lo señalado en el comunicado oficial, le atribuye sus muertes a agentes del Estado”.
El ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Luis Rodríguez Salvo, culminó su investigación sobreseyendo temporalmente la causa –el 15 de enero de 1980- y determinando que la muerte de las dos víctimas mediante la acción de un artefacto explosivo «reviste las características de un homicidio». No obstante, Rodríguez no encontró antecedentes suficientes para inculpar a alguna persona como autor, cómplice o encubridor. El 15 de enero del 2019 hace lo propio el Ministro en Visita Extraordinaria, Carlos Aldana Fuentes.
Ester Araneda, familiar de detenido desaparecido conoció a Iris Vega. “Iris era alegre, risueña, aunque reservada y preocupada de la desaparición de su compañero Ogan Lagos Marín, también muy preocupada de su hijo que en esa época tendría unos cuatro o cinco años. Ella no merecía morir de esa manera. Para nosotros, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, fue muy doloroso la muerte de Iris y Alberto y nunca creímos
que ellos llevaban bombas. Lo extraño y que nos sorprendió fue que cuando le pusieron la bomba su cartera y su carnet aparecieron intactos. El tiempo que Iris estuvo con nosotros supimos de su valentía, su gran compromiso con los detenidos desaparecidos y que hubiese sido un gran aporte a nuestra lucha por los Derechos Humanos”
Alberto Salazar, marino constitucionalista, fue detenido y torturado en agosto de 1973, junto a otros marineros, por denunciar la conspiración golpista de la Armada. Estuvo prisionero durante cinco años en diversos presidios y campos de concentración, incluida la cárcel de Concepción. Era cabo segundo, artillero, de la dotación del destructor Blanco Encalada.
En la primavera del 2005 se constituyó en Talca el Colectivo de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos por Explosión. En el acta de constitución se señala que “esta práctica de asesinato selectivo, dejó de manifiesto una vez más, los rasgos de crueldad y demencialidad de los jerarcas y subalternos de la represión, que demostraron con su actuar la incapacidad de reflexión y la anulación de la sensibilidad humana propia”.
Esta práctica llevada a cabo por miembros de la CNI entre los años 1979 y 1985 tenía por objeto esparcir el terror en la población, de la que fueron víctimas al menos 25 compañeras (os) militantes de la lucha antidictatorial. Lo acaecido con Iris y Alberto es uno más de los innumerables casos de violación de Derechos Humanos en que se establece un baldón de impunidad que prolonga el dolor de familiares, seres queridos y compañeros de militancia.
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