Reportajes Preso del 18-O demandará al Estado: Denuncia montaje de Carabineros y participación de “espías de Matthei”

 Por: Rubén Escobar Salinas | Publicado: 09.07.2022

Diego Ulloa Cárdenas participando de una manifestación. | Fuente: Cedida.

Diego Ulloa pasó 90 días en prisión, pero después de casi tres años la Fiscalía decidió no perseverar en su contra por porte de bombas molotov. Acusa un montaje de Carabineros y dice que él solo apagaba lacrimógenas. Registros en video apoyan su versión y nuevos antecedentes apuntan al rol de “infiltrados” del municipio de Providencia. Esta es su historia.

Tres minutos. Ese fue el tiempo que demoró el Ministerio Público en resolver, tras dos años y medio de investigación, que no tenía antecedentes suficientes para acusar a Diego Ulloa.

–Tres minutos en que se nos pasaron 947 días-,  dice Jorge Ulloa, padre de Diego, tras escuchar la resolución judicial el viernes 8 de julio de este año.

Todo empezó la medianoche del 3 de diciembre de 2019, en pleno estallido social. Dos horas antes, Jorge llegó junto a Patricia Cárdenas, la madre de Diego, a la 19° Comisaría de Providencia, en Miguel Claro. “Estábamos tranquilos, pensamos que a lo más iba a pasar la noche ahí, así que le hicimos unos sándwiches y le llevamos ropa de cambio”, relata el padre.

En el frontis de la comisaría había familiares y amigos que buscaban a sus conocidos detenidos en esa intensa tarde de protestas. Jorge insistió en preguntar por su hijo, ya le habían dicho en dos oportunidades que no se encontraba ahí. “Tengo la ubicación en tiempo real de su celular y aparece acá dentro”, discutió a la funcionaria. Pasaron unos minutos y le confirmaron que su hijo estaba detenido en el recinto.

Mientras seguían en la espera, vieron que llegaban canales de televisión e instalaban sus cámaras. De pronto, salió de la comisaría el teniente Óscar Sepúlveda, se acercó a las cámaras y los reporteros le preguntaron “¿lo hacemos acá?”. “Sí, pero espérenme un poco, voy a buscar una gorra”, respondió el uniformado y volvió a entrar. Jorge se acercó a uno de los periodistas y le preguntó qué estaba pasando. Había un punto de prensa para hablar de uno de los detenidos por las protestas.

Ahí se puso nervioso. “¿Cómo se llama la persona?”, le consultó al reportero, a lo que respondió “déjeme buscar… D.I.U.C., fue detenido por porte de elementos incendiarios, tenía dos bombas molotov en la mochila”.

Volvió a aparecer el teniente Sepúlveda, ahora con su gorra. Jorge, todavía incrédulo, se retiró un poco para dejar espacio a la prensa: “Él portaba un bidón color naranjo con acelerante en su interior y, al momento de realizar el registro de las vestimentas y de la mochila del sujeto, mantenía dos bombas molotov, las cuales se encontraban confeccionadas para su uso”, aseguró el carabinero.

-Se me fue el mundo al suelo- relata el padre.

Diego estuvo 90 días en Santiago 1, cuatro meses con arresto domiciliario total y dos años con firma mensual. El viernes recién pasado, la Fiscalía informó al tribunal que no había pruebas suficientes para continuar con la persecución y se cerró la investigación. Pero el asunto es más complejo: Diego Ulloa y su familia acusan un montaje de Carabineros y preparan una demanda contra el Estado.

En conversación con El Desconcierto, Diego Ulloa dice que al final del proceso el sentimiento es uno: “impotencia”.

Dos molotov y un bidón de bencina

Ese día, Diego Ulloa Cárdenas (25) salió de su casa más temprano de lo habitual, a mediodía ya iba camino a la sede Apoquindo del Inacap, donde estudiaba Gastronomía Internacional, por lo que le quedaba un largo trayecto desde La Florida. Tenía una reunión para discutir puntos del petitorio que los alumnos redactaron para presentar a la dirección. Diego era el vocero de su generación.

Caminó a tomar locomoción, pasó por el puesto de artículos de aseo de sus padres para despedirse, como lo hacía cada vez que se instalaban en la feria. En el local de al lado, compró una bolsa de bicarbonato, saludó a los demás vendedores del sector, donde todos lo conocen, y partió al instituto.

Luego de la reunión en el Inacap, fue a las afueras del Costanera Center para participar de las manifestaciones. Tenía puesta una máscara de gas que le cubría todo el rostro, con sus dreadlocks sobresaliendo por sobre las amarras, llevaba un guante blanco de construcción y un bidón de detergente de color naranjo. Vestía una polera oscura, shorts de jeans y una mochila.

Cerca de las 20:15 horas Diego se encontraba en la esquina de Luis Thayer Ojeda con Avenida Providencia, junto a un grupo de alrededor de 30 personas y una barricada en llamas. De pronto, comenzaron a caer bombas lacrimógenas y un piquete de carabineros en motocicletas aceleró en su dirección. El joven corrió hacia el sur por la misma calle, varios motoristas lo siguieron, hasta que tropezó a la altura de San Pío X y fue capturado por los policías.

FOTO: Tomada por reporteros en el lugar y cedida a la familia Ulloa.

En las declaraciones oficiales, el teniente Óscar Sepúlveda, el sargento 2° Rodrigo Cancino y el cabo 1° Miguel Fajardo, los tres funcionarios que detuvieron a Diego, aseguraron que al revisar sus pertenencias encontraron “una bolsa blanca en su mochila, en su interior había dos botellas de vidrio de capacidad 350 ml, cada una con la leyenda ‘coca cola’, las cuales mantenían en su interior un líquido de características y olor a bencina u otro acelerante, ambas con una tira de género (tipo mecha), color blanco”.

Cancino, en su testimonio afirmó que se dirigió “a revisar el bidón que había lanzado, el cual correspondía a un bidón de detergente de la marca ‘Ace’, de color naranjo, sin tapa. Procedí a oler su contenido percatándome que se trataba de algún tipo de combustible”.

El informe del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) lo confirmó. Tanto las muestras tomadas de las botellas, como del bidón, así como el análisis de la mochila, dieron positivo para gasolina. No así su vestimenta y los guantes que usaba, los que dieron negativo para el hidrocarburo.

El joven fue trasladado a la comisaría y al día siguiente formalizado por desórdenes públicos y porte de artefacto incendiario, por lo que arriesgó desde 3 años y 1 día a 10 años de prisión. Se dictó la prisión preventiva y Diego entró a Santiago 1. La noticia recorrió los medios.

FOTO: Evidencia de Carabineros

El módulo 14

A Diego no se le olvidan los detalles de su traslado hasta el penal. “Primero me llevaron a la 33° Comisaría, estuve un rato en el calabozo y me subieron después en el camión para llevarme a Rondizzoni”, cuenta.

“Todavía me acuerdo, en el camión C-033, el cabo primero Orellana, cuando iba bajando me dijo ‘ah voh erí el hueón de las molotov’, me mandó un charchazo en la cara, un combo en la guata y me dijo ‘ya bájate, que te vaya bien adentro’. Los únicos que lo vieron fueron los demás detenidos. Éramos seis, más o menos”, asegura.

Luego le presentaron a su defensor, Pablo Rubio, de la Defensoría Penal Pública. “Me dijo que iba a hacer todo lo posible, pero que lo más probable es que yo me fuera con prisión preventiva. Me quedé mudo”, recuerda Diego.

La primera noche la pasó “con un miedo enorme, uno sabe lo que sale en las noticias, presos peleando, apuñalándose, se me pasaron todas esas cosas en la mente, con miedo a lo que iba a pasar, a lo que iba a vivir. Fue poco lo que pude dormir, nos dejaron a dos en la celda y un solo colchón, no nos pasaron frazadas”.

Diego relata que uno de los momentos más complicados era cuando tenían visitas de los abogados. “Nos juntaban a todos en una celda debajo del piso donde estaban recibiendo a los abogados. Todos estaban amontonados en una celda que debe haber sido de dos por cuatro metros, donde metían a 30 presos. Todos apretados. Ahí vi gente apuñalada, rencillas entre algunos. Era complicado”, cuenta.

El primer día de visita, los padres de Diego llegaron a la cárcel Santiago 1, en Rondizzoni, cerca de las 7:00 de la mañana. Entraron al recinto y tuvieron que deshacerse de todas sus pertenencias, excepto la cédula de identidad y la bolsa con comida que llevaban para Diego. “Nos revisaron completos, tienes que sacarte las zapatillas, los calcetines y bajarte los pantalones”, señala Jorge. Luego los condujeron por el recinto, “era un laberinto interminable”, explica.

Después, un gendarme anotó los nombres de todos los reclusos que tienen visita y dejó entrar a las familias a una habitación larga con una puerta enrejada al fondo, la que daba a un pasillo. El funcionario se paró al lado de los barrotes y, con la lista en la mano, fue leyendo a viva voz los nombres. Uno a uno aparecieron los reos por el corredor, todos jóvenes, incluido Diego. “Te mata verlo detrás de las rejas, físicamente te bota”, asegura su padre.

Cada vez que las familias se organizaban para ir a la visita de los jueves, la única semanal, se aseguraban de que vayan cinco personas. Ese es el número máximo de visitantes que pueden ir a ver a un solo reo. Cada uno puede llevar una bolsa con ciertos alimentos permitidos, casi todos golosinas o sándwiches, y una botella de algún bebestible.

Esto no solo lo hacían para que el interno tenga más comida durante la semana, sino porque gran parte de los jóvenes que cayeron en prisión preventiva, en el marco de las movilizaciones sociales en la capital, llegaron al módulo 14 de Santiago 1. Una vez que entraban había un desfase de varios días hasta que pueden comenzar a recibir visitas, así que todos los demás reos cooperaban y le hacían una bolsa para que no pasaran hambre.

“Conversábamos de nuestros casos, la familia, tratábamos de darnos contención, entre todos”, recuerda Diego sobre su relación con los demás presos de las manifestaciones y agrega que “dentro, uno no sabe nada”. “Uno preguntaba si había alguna noticia, si había pasado algo, si podría salir libre, si había alguna apelación”, cuenta.

En las visitas, Jorge vio que su hijo sintió el peso de los 90 días en prisión. “No solo él, todos. Cada vez estaban más intranquilos, preguntando cuándo es la próxima audiencia, si hay alguna posibilidad de salir. Ahí cada familia decide qué les dice y qué les oculta, para que no pierdan las esperanzas”, dice.

Los Ulloa Cárdenas se coordinaron, recibieron ayuda de distintos grupos de familiares de personas en situaciones parecidas a las de Diego. Incluso se inscribían y realizaban visitas a los jóvenes presos que no tenían familiares que los vayan a ver, para que así tengan más comida y puedan salir, aunque sea un par de horas, a un lugar distinto.

Esos contactos se mantienen hasta hoy. Jorge Ulloa es actualmente el vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta.

El “bombero” y los espías de Matthei

“Pensé en alguna manera de ser útil en las marchas. Ahí en algún momento se me ocurrió empezar a ser ‘bombero’. Me conseguí bidones con amigos, empecé a armarme un poco más y compré una mascarilla facial completa. Con el tiempo, empecé a ubicar el tema de las lacrimógenas y los diferentes tipos”, cuenta Diego.

Diego iba a las marchas con sus implementos, tomaba las bombas de gas todavía encendidas y las ahogaba en un bidón de agua con bicarbonato.

Para Jorge Ulloa, siempre hubo algo sospechoso en la detención de Diego. No entendía por qué los motoristas se lanzaron directamente a su hijo. Recién en mayo pasado encontraron una explicación en un reportaje televisivo donde se ahondaba en los llamados “espías” de la Municipalidad de Providencia.

El tema estalló en febrero de 2020, cuando El Desconcierto reveló el testimonio de una exfuncionaria donde entregó detalles de cómo la obligaron a infiltrarse en las manifestaciones por orden del municipio liderado por Evelyn Matthei.

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El reciente reportaje de Chilevisión, que revivió el tema, entregó algunos testimonios e imágenes inéditas, así como conversaciones de WhatsApp donde los infiltrados compartían información y señalaban a los sospechosos para después avisar a la policía. Uno de los “marcados” que apareció en la nota fue Diego.

Freddy Cerda, uno de los exfuncionarios denunciantes, asegura que fueron los inspectores quienes siguieron y fotografiaron a Diego, mientras que su jefa, Mirna Campos, habría entregado esta información a Carabineros para que lo detuvieran. Luego compartieron fotografías de la evidencia policial y notas de prensa sobre la detención del joven. “Somos secos”, se jactó un inspector.

El caso del seguimiento de Diego, de acuerdo al mismo testimonio de Cerda, habría sido parte de las presentaciones que él mismo habría hecho directamente a la alcaldesa Evelyn Matthei.

En la arena judicial, en el marco de la investigación tanto en poder de la defensa como de la Fiscalía hubo evidencia de que, efectivamente, esa tarde el joven estudiante de gastronomía se encontraba apagando bombas lacrimógenas.

Uno de los testigos, consignados en la carpeta de investigación, es Felipe Molina, excompañero de universidad. “Me encontré con él afuera del metro Tobalaba, estaba esperando a que abrieran la estación. Él llevaba una máscara de gas, un guante y un bidón naranjo. Mientras conversábamos me contó que estaba apagando lacrimógenas. Cerca de las 20.00 horas me despedí de él”, asegura.

Vicente del Campo, amigo de Diego, también declaró en calidad de testigo y aseguró que lo acompañó durante la jornada de protesta, anteriormente se habían encontrado en otras manifestaciones. En su testimonio, afirmó que Diego apagó uno de los dispositivos de Carabineros en “Luis Thayer Ojeda en dirección a San Pío X”, poco tiempo antes de ser arrestado en la misma calle.

Pero, las pruebas más contundentes, son videos de cámaras de seguridad obtenidas por la defensa, que ubican al joven en el sector. Solo minutos antes de ser detenido, las imágenes lo muestran introduciendo bombas lacrimógenas encendidas y a alta temperatura dentro del reconocible bidón naranjo que, según Carabineros afirmó en el proceso judicial, llevaba gasolina.

La defensa de Diego entregó un informe pericial sobre este punto. En el documento, se le consulta al perito ingeniero Heriberto Moreira, registrado en el Poder Judicial, sobre el artefacto policial. “Una lacrimógena tiene un sistema, como un espolete de activación de una carga explosiva que generalmente es pólvora, es una carga mínima que no recuerdo su gramaje pero sin embargo, es necesaria esta carga de pólvora para activar la carga química”, explicó.

El experto puntualizó que “está probado que estos elementos son capaces de encender sólidos y con mayor razón un líquido inflamable”.

El entrevistador le mostró los videos al perito y le consultó: “En atención al video anteriormente expuesto, ¿es posible que la persona que observa en el video haya introducido una lacrimógena al interior del bidón habiendo en el interior de éste gasolina?”. La respuesta de Moreira fue que “en base a mi experiencia es que no, no es posible o probable”.

“El porcentaje de certeza es mayor a un 50% en relación a las temperaturas de ignición de la gasolina y es posible que tal vez el dispositivo no logró o no tenía la temperatura necesaria para que provocara la reacción de manera explosiva, no tiene ningún sentido introducir un elemento incandescente dentro de un contenedor con líquido inflamable y luego batirlo”, argumentó.

Pero en el centro de la denuncia de la familia y por la cual ya iniciaron acciones legales, está que habría sido Carabineros quien introdujo la gasolina al bidón naranjo y las bombas molotov a la mochila de Diego.

La noche de la detención, justo al término de la conferencia de prensa, el teniente Sepúlveda llamó a Jorge y le permitió entrar al recinto a ver a Diego. A Jorge le extrañó que mientras caminaban, el uniformado fue enfático en señalar dónde estaban las cámaras de seguridad. Cuando llegó al calabozo “Diego creía que lo tenían por estar protestando. Cuando le conté que decían que andaba con molotov se vino abajo, se puso a llorar”, sostiene el padre, “un rato después, nos dejaron solos”.

En ese momento Diego relató lo siguiente: “Me llevaron al calabozo, pasaron dos o cinco minutos y llegó uno de los pacos en moto que me había llevado detenido. Me sacaron al patio y ahí me di cuenta que algo raro estaba pasando, porque estaban pasados a bencina. Sentí el olor a bencina en ellos. Estábamos en el estacionamiento, eran cuatro pacos, dos me hicieron mirar hacia la muralla mientras revisaban mi mochila, me tiraron un par de chuchadas, me dijeron ‘ya hueón, mira pa’ la pared, no te des vuelta’. Escuché las botellas. Pensé que me estaban metiendo cosas en la mochila, me di cuenta que algo estaban haciendo. Escuché a uno de los pacos decir ‘veamos bien cómo armar esta hueá’, fue textual, lo recuerdo. Me llevaron de vuelta al calabozo”.

Acoso policial y demandas contra el Estado

“Cuando llegué a mi casa me hicieron un asado”, recuerda Diego, “ese fue el último asado que comí”. “Yo salí de Santiago 1 vegetariano, conviví con varios veganos y ellos me metieron el bichito en la cabeza”, explica. El joven reflexiona sobre su paso por la cárcel y dice que “hubo un cambio grande en mi pensamiento, por el haber estado preso. Un cambio contra el sistema, contra la industria”.

No volvió a dedicarse a la gastronomía, ahora trabaja de manera independiente comprando y vendiendo cosas. Le gusta estar “ojalá lo más alejado del sistema posible”.

Diego explica que el tiempo que pasó en arresto domiciliario total, “si bien estaba en la comodidad de mi casa, con mi familia, igual es un encierro. En algún minuto pasa la cuenta”. A eso, cuenta, hay que sumarle “el hostigamiento de los pacos”. “En esos cuatro meses los pacos me vinieron a ver como 80 veces, me vinieron a sacar firmas. De esas, 75 fueron en la madrugada”, afirma.

“Llegaban tocando las balizas a las dos, tres o cuatro de la mañana. Un par de veces llegaron apuntando con el foco al frontis de la casa que daba a la pieza de mis papás”, recuerda, “yo por la costumbre me vestía en tiempo récord y bajaba”.

También reflexiona sobre la evidencia en su caso. “Los resultados del Labocar decían que el bidón y las botellas tenían bencina, mi mochila también salió positiva. Lo raro era que mis guantes no salieron positivos, cuando yo iba con guantes ese día y ellos dijeron que mientras corría iba cayendo líquido del bidón. Mi polera que estaba dentro de la mochila salió negativa. Yo me caí. Que no se haya derramado nada en la polera era contradictorio”, considera.

La familia Ulloa Cárdenas ya presentó una querella en contra de los uniformados involucrados en la detención de Diego, el teniente Óscar Sepúlveda, el sargento 2° Rodrigo Cancino y el cabo 1° Miguel Fajardo. Ahora, se encuentran en proceso de preparar una demanda en contra del Estado, donde también apuntarán a la Municipalidad de Providencia.

“Desde el día uno con mi familia decidimos que íbamos a llegar hasta el final con el tema, conversamos de que si nos querían ofrecer un trato no lo íbamos a aceptar, porque se me estaba acusando de algo que yo nunca hice”, dice firme Diego.

“El tiempo que yo estuve preso nadie me los devuelve, son tres meses perdidos de mi vida. Después cuatro meses en arresto total y todos estos meses de investigación en los que he tenido que ir a firmar. El hostigamiento que viví por parte de los pacos en el periodo del arresto total. Eso sin contar también el daño psicológico y emocional que provoca todo esto”, concluye.

– «Vamos a llegar hasta las últimas».