En una decisión que ha sacudido el ámbito político y judicial, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó el viernes 16 de junio la prisión preventiva para Raúl Torrealba del Pedregal, exalcalde de Vitacura. Torrealba está siendo imputado por el Ministerio Público por delitos tributarios, asociación ilícita, fraude al fisco y lavado de activos. Estos delitos se habrían cometido entre los años 2011 y 2021 en el territorio de jurisdicción del tribunal.
La magistrada María Carolina Herrera Cortés-Monroy, encargada del caso, consideró que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y ordenó su ingreso a prisión preventiva, el régimen cautelar más severo. Además, se estableció un plazo de investigación de 150 días.
En su argumentación, la jueza Herrera explicó que, aunque existe la posibilidad de que las acusaciones del Ministerio Público no prosperen, dos de los delitos imputados a Torrealba del Pedregal tienen una pena mínima de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, una pena de crimen que parte en cinco años y un día. Además, los delitos tributarios agravados podrían aumentar aún más las penas. En caso de ser condenado, el exalcalde enfrentaría una pena efectiva de cárcel.
El tribunal también tuvo en cuenta el hecho de que los delitos imputados están relacionados con la corrupción y el lavado de activos, que son herramientas penales para combatir prácticas ilícitas y proteger el correcto funcionamiento de la función pública. El accionar de Torrealba afectó no solo bienes jurídicos, sino también el deber de corrección y probidad que recae sobre quienes ejercen cargos de relevancia social. El tribunal consideró que su conducta socavó la confianza pública en las instituciones democráticas y sus representantes, lo cual perjudica la estabilidad política del sistema democrático.
La resolución de la jueza Herrera refleja la necesidad de cautela para salvaguardar la seguridad de la sociedad, ya que se determinó que la libertad de Torrealba podría representar un peligro. Por lo tanto, se decidió su prisión preventiva hasta que se aclaren los cargos en su contra.
Durante la primera jornada de la audiencia de formalización, el tribunal impuso medidas cautelares menos severas para otros coimputados en el caso, como arresto domiciliario nocturno, firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre ellos.
Los hechos investigados revelan que, en la Municipalidad de Vitacura, se utilizaron diversos mecanismos para desviar fondos públicos en beneficio del exalcalde y su cónyuge. Funcionarios municipales, ocupando cargos importantes, recibieron instrucciones para llevar a cabo estas prácticas fraudulentas. Se obtuvieron boletas y facturas falsas para justificar los egresos de dinero, y parte de los ingresos municipales se entregaron en efectivo al exalcalde. Estas acciones fraudulentas, que se llevaron a cabo entre los años 2011 y 2021, causaron un perjuicio al patrimonio fiscal estimado en más de 750 millones de pesos.
Este caso de corrupción y fraude en la gestión pública ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y resalta la importancia de investigar y sancionar de manera rigurosa los actos ilícitos cometidos por funcionarios en posiciones de poder. La sociedad demanda transparencia y responsabilidad por parte de sus representantes, y este proceso judicial constituye un paso importante en esa dirección
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