El Ministerio Público acusa al exjefe comunal de Vitacura Raúl Torrealba como líder de una asociación ilegal que, desde 2011 hasta 2017, habría defraudado al municipio en el marco de los programas Vita. Estos programas estaban destinados a los vecinos de la comuna, abarcando áreas como salud, deporte y emprendimientos. Según la fiscalía, Torrealba desvió de manera irregular más de $760 millones para su beneficio personal.
La Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones ha elaborado un informe que revela el ingreso de $633 millones a las cuentas del exalcalde y su esposa, María Soledad Simonetti, entre 2011 y 2021. De estos, más de $215 millones tendrían un «origen desconocido o no justificado».
Durante la audiencia, el fiscal Xavier Armendáriz detalló los diversos actos que Torrealba habría llevado a cabo para obtener ganancias a través de los programas municipales de Vitacura desde 2011 hasta 2017. Según el fiscal, se asoció y organizó con el objetivo de cometer de manera sistemática y permanente diversos delitos contra el patrimonio fiscal y otros bienes jurídicos. El fiscal describe una organización jerárquica en la que hay jefes y miembros operativos que ejecutan tareas necesarias para lograr sus fines ilícitos. Este grupo habría desviado fondos provenientes de subvenciones municipales para beneficio económico personal.
El fiscal también afirmó que el exalcalde recibió sobres con dinero en efectivo de origen fraudulento, los cuales luego eran depositados en sus cuentas bancarias, incluyendo las de su esposa, María Soledad Simonetti. La acusación contra Torrealba consta de 29 delitos de fraude al fisco. Domingo Prieto, exdirector de los programas Vita, y Augusto Silva, contador, también enfrentan la misma cantidad de cargos.
En agosto de 2021, se llevó a cabo una pericia en el domicilio de Torrealba, donde se encontró un estuche con 350 billetes de $20 mil, totalizando $7 millones. Este hallazgo es considerado por el Ministerio Público como «ocultamiento material de bienes de origen ilícito».
Además de los delitos mencionados, Torrealba también habría falsificado sus declaraciones de renta anuales entre 2017 y 2022. Según el fiscal, presentó declaraciones maliciosamente incompletas, ocultando ingresos percibidos durante ese período. Esto llevó a una liquidación de impuestos inferior a la que le correspondía pagar, defraudando así al fisco en $72.943.166.
Durante la audiencia, Antonia Larraín, Domingo Prieto Urrejola, José Renato Sepúlveda Medel, Augusto César Silva Silva y Arnaldo Cañas González fueron sujetos a medidas cautelares, tales como arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma mensual y prohibición de comunicarse entre ellos.
La audiencia se extendió por casi siete horas y el tribunal tomará una decisión este viernes sobre si Torrealba será puesto en prisión preventiva o no.
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