PAÍSCréditos: Agencia UnoEl abogado del juez Daniel Urrutia acusa faltas al debido proceso sancionatorio contra el magistrado a propósito de la modificación de la cautelar de 13 personas en el caso “Primera línea” (2020). Además, en la denuncia hablan de persecución ante la alta exposición mediática.
El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien recientemente fue objeto de una fuerte polémica, luego de permitir que presos pertenecientes al Tren de Aragua, Los Gallegos y otras organizaciones criminales pudieran comunicarse incluso por videollamadas, recurrió a tribunales internacionales de Derechos Humanos, alegando que cuando fue amonestado, por haber ordenado un cambio de medidas cautelares a favor de 13 detenidos en medio de protestas en el centro de Santiago, en 2020 (causa que no le pertenecía), se vulneraron sus derechos.
El abogado peruano Julio Arbizu, representante de Urrutia, dijo a El Mercurio que recurrieron ante la Comisión Interamericana de DDHH, aseverando que al magistrado se le vulneraron los derechos de libertad de asociación, protección judicial, al debido proceso y falta de disposiciones de derecho interno.
“El debido proceso está vulnerado desde el momento en que la Corte de Apelaciones asume una causa que le correspondía, porque nadie había apelado la decisión de juez Urrutia, tomando la decisión de oficio de revocarla y, además, de sancionarlo por una decisión que tiene que ver con una función entre muchas en su autoridad de juez”, explicó Arbizu.
Sobre el hecho de Urrutia se haya “autoasignado” la causa denominada “Primera línea”, que era de conocimiento de otro juez, Arbizu explicó a El Mercurio que la legislación chilena “establece la posibilidad de que la prisión preventiva debe ser sometida o sujeta a controles, y que estos pueden recaer en el juez de garantía” y que ” es inconcebible que los tribunales respondan al poder político”.
El abogado aseveró que respecto de Urrutia existen “18 sumarios abiertos en su contra en el Poder Judicial desde hace más de 20 años, por razones de decisiones jurisdicciones. Lo que hizo en este caso está amparado por las normas internas”. Además, explicó que están a la espera de esas resoluciones, porque por ejemplo, den el Caso Pio Nono, “se inhabilitó, luego de que la defensa planteara aprensiones a su imparcialidad por las posturas que había expresado” en redes sociales, lo que a su juicio “muestra solvencia profesional” y recuerda que Urrutia ya cuenta con un fallo de la Corte Interamericana de DD.HH. a su favor, por estimarse que se habían vulnerado sus derechos a la libertad de pensamiento y expresión.
El juez Urrutia compartió la entrevista en su cuenta de X y comentó que “esta denuncia ante la Comisión Interamericana de DDHH da cuenta una vez más, de la necesidad y urgencia de una reforma completa y profunda del Poder Judicial en Chile”.
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