PAÍSLa denuncia sugiere que Graciel Muñoz utilizó información sensible proporcionada por su padre para tomar decisiones financieras beneficiosas en proyectos inmobiliarios. Se solicita que la Comisión de Ética investigue el caso, que se suma a otros sobre tráfico de influencias en el Poder Judicial.
Una nueva polémica sacude al Poder Judicial, esta vez por el caso del ministro Sergio Muñoz y su hija, la abogada y también jueza Graciel Muñoz. Este martes, el abogado Marco Antonio Fuentes presentó una denuncia ante el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, apuntando a irregularidades y conflictos de interés que afectan la integridad del máximo tribunal del país.
La denuncia apunta directamente a una conversación entre Graciel Muñoz y Valentina Riquelme, ejecutiva de Inmobiliaria Fundamenta, donde Graciel afirmó que “este proceso puede durar años y no creo quiera ni pueda esperar tanto y te lo digo con conocimiento no porque yo sea abogada, sino porque mi papá es el que ve todo este tema, ya que participa en la Corte Suprema”. Este comentario, consignado por La Tercera, sugiere que Graciel habría recibido información privilegiada de su padre sobre el futuro del megaproyecto Eco Egaña.
El abogado Fuentes, quien anteriormente representó a Inmobiliaria Fundamenta y logró la inhabilitación del ministro Muñoz en un caso relacionado, solicita que la Comisión de Ética de la Corte Suprema investigue este nuevo episodio. La denuncia coincide con una serie de investigaciones recientes sobre otros cuatro ministros, tras reportajes que revelaron actos de tráfico de influencias en nombramientos judiciales.
La gravedad de las acusaciones radica en que Graciel Muñoz, según la denuncia, utilizó información sensible proporcionada por su padre para tomar decisiones financieras beneficiosas en proyectos inmobiliarios. En particular, se menciona que Graciel habría solicitado retrotraer la compra de departamentos en el proyecto paralizado Eco Egaña y redirigir sus inversiones a otros inmuebles, basándose en las recomendaciones de su padre.
Valentina Riquelme, ejecutiva de Fundamenta, respaldó estas afirmaciones en una declaración notarial, detallando cómo Graciel intentó mover sus inversiones según la supuesta información privilegiada recibida de su padre. “Mi papá me recomendó que moviera esas platas del proyecto”, se lee en el documento consignado por el citado medio.
El caso resurge dos años después de que Fuentes lograra la inhabilitación de Muñoz en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se retrotrajo la causa y se citó a un nuevo alegato. Sin embargo, ningún miembro de la Suprema llevó el caso a la Comisión de Ética en esa oportunidad.
La denuncia actual pone a prueba la postura de Ricardo Blanco y la Comisión de Ética frente a un caso que podría desencadenar una serie de acusaciones dentro del Poder Judicial. La decisión que tomen no solo afectará la reputación del ministro Muñoz, sino que también pondrá en juego la percepción pública de la transparencia y ética en la Suprema. La decisión recae ahora en Blanco y su equipo.
A inicios de este año, Graciel Muñoz Tapia, jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, sufrió un revés en el requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional a principios de diciembre, y que pretendía que se declarase la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 311 del Código Orgánico de Tribunales, que es el que se le está aplicando en el sumario disciplinario que abrió la Corte de Apelaciones de San Miguel en su contra, luego que en junio del año pasado se denunciara que estuvo tomando audiencias desde Italia.
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