El 2015 fue un año intenso laboralmente para el juez Gonzalo Figueroa Edwards: ordenó la prisión preventiva para los detenidos por el llamado “Robo del Siglo” del aeropuerto y tramitó una de las audiencias de la demanda laboral de Patricio Contesse contra SQM.
Cuatro años más tarde, el escenario del magistrado es diametralmente opuesto, pues le tocó estar al otro lado del banquillo de las salas de audiencia del Centro de Justicia.
¿Por qué? El lunes 12 de agosto a las 13.58, en la comuna de Conchalí, efectivos del OS-7 de Carabineros hacían una rutinaria ronda en las calles del sector. En eso estaban cuando advirtieron movimientos sospechosos de una persona que transitaba por el sector, por lo que se le acercaron: era el juez Figueroa.
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El magistrado, según los antecedentes que maneja el Ministerio Público, fue sorprendido por funcionarios de Carabineros portando dos bolsas de nylon transparente con cocaína, las que, de acuerdo a los análisis hechos por el OS-7, arrojaron un peso de 4, 3 gramos.
El caso tomó por sorpresa a policías y fiscales. Según fuentes del caso, se prefirió abordar la situación con sigilo, pues involucraba a un magistrado y esto podría abrir un complejo escenario, ya que este mismo juez pudo haber visto causas que involucran a narcotraficantes.
La Fiscalía Centro Norte asumió las pesquisas y le imputó cargos al magistrado del Primer Juzgado de Garantía de Santiago. De acuerdo a la presentación de la fiscal Andrea Saavedra en el tribunal, “los hechos precedentemente descritos, en concepto del Ministerio Público, constituyen la falta de porte de sustancias estupefacientes o sicotrópicos, prevista en el artículo 50 de la Ley 20.000 (Ley de Drogas)”.
La fiscalía propuso la aplicación de una multa de una UTM ($ 49.151) y el pago de costas, por el hecho de que el juez solo incurrió en una falta.
La resolución del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago llegó el 19 de agosto, y considerando la irreprochable conducta anterior del magistrado, el tribunal resolvió que “concurriendo antecedentes favorables que hacen desaconsejable la imposición de la pena, dada la naturaleza del hecho investigado y la baja entidad del mismo, se decreta la suspensión de la pena impuesta y sus efectos por el término de seis meses, después de lo cual si el o la imputada no es objeto de un nuevo requerimiento o de una nueva formalización, se dejará sin efecto la presente sentencia, dictándose en su reemplazo el sobreseimiento definitivo de la causa. En razón de lo anterior, no debe aplicar la multa indicada”.
Tribunal de alzada
El caso no cayó bien en los superiores de justicia. La Corte de Apelaciones de Santiago tomó conocimiento de la causa y ordenó abrir una investigación administrativa en contra del juez Figueroa, a cargo del fiscal judicial Raúl Trincado.
Según la resolución del presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, el ministro Javier Moya Cuadra, en la que se ordenó la apertura de un cuaderno disciplinario, el tribunal de alzada decidió que “atendida la connotación disciplinaria de los hechos puestos en conocimiento del tribunal pleno, que dicen relación con lo acaecido el 12 de agosto pasado, y que motivó la detención del juez Gonzalo Figueroa Edwards, se ordena la instrucción de una investigación sumaria administrativa”.
Por ahora, el juez Figueroa no ha sido suspendido, pues presentó una licencia médica por un mes.
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