A raíz de los debates generados por la tramitación de la ley de reducción y flexibilización de la jornada laboral y la denuncia por escuchas telefónicas en el marco de la Ley de Inteligencia, estimo pertinente hacer una reflexión sobre una enfermedad que aqueja a nuestra democracia y que, si no se trata a tiempo, puede ser de la mayor gravedad.
Llama la atención que, en el solemne momento de la investidura de las más altas autoridades del país, nuestra institucionalidad las obligue por leyes, reglamentos y por el peso de la tradición, a prestar un juramento o promesa solemne de fiel servicio. Mediante este procedimiento, que se hace en forma pública, presidentes, ministros, subsecretarios, senadores, diputados, jueces y ministros de Corte, además de los miembros de las FF.AA. y de Orden y Seguridad Pública, se comprometen a guardar la Constitución y las leyes.
Cuando miembros del Parlamento promueven iniciativas legales a sabiendas de su inconstitucionalidad de origen, vulneran su juramento o promesa solemne. Cuando miembros del Congreso exceden y sobrepasan sus atribuciones o incumplen disposiciones expresas de las leyes, vulneran su juramento o promesa. Cuando los ministros de Estado entran a invadir espacios que competen solo a otros poderes del Estado, vulneran su juramento o promesa. Cuando miembros de las FF.AA. entregan información a la que tuvieron conocimiento por el desempeño de sus cargos a personas no autorizadas, incluso con la mejor de las intenciones, vulneran su juramento e incluso podrían cometer delitos tipificados en el Código de Justicia Militar.
Este procedimiento, elevado a la categoría de juramento, no es la expresión ética de un gremio o profesión, es una forma muy profunda de vinculación de la sociedad con sus autoridades. Estas personas investidas de autoridad son aquellas a quienes la sociedad misma les ha entregado el poder para que el ordenamiento institucional de la República –con todos sus balances y contrapesos– les permita resguardar la libertad individual de cada uno y les faculte para conducir a la sociedad como un todo hacia el bien común.
Para que este sistema republicano funcione y permita la existencia de una democracia, se requiere que las autoridades que ejercen el poder del Estado se limiten, estricta y exclusivamente, a hacer aquello que la ley expresamente les faculta, mientras que la sociedad civil, en quien reside la soberanía, puede ejercer libremente sus libertades y hacer todo, excepto aquello que la ley expresamente le prohíbe.
Cuando miembros del Parlamento promueven iniciativas legales a sabiendas de su inconstitucionalidad de origen, vulneran su juramento o promesa solemne. Cuando miembros del Congreso exceden y sobrepasan sus atribuciones o incumplen disposiciones expresas de las leyes, vulneran su juramento o promesa. Cuando los ministros de Estado entran a invadir espacios que competen solo a otros poderes del Estado, vulneran su juramento o promesa. Cuando miembros de las FF.AA. entregan información a la que tuvieron conocimiento por el desempeño de sus cargos a personas no autorizadas, incluso con la mejor de las intenciones, vulneran su juramento e incluso podrían cometer delitos tipificados en el Código de Justicia Militar.
Hace algunos días, en la comisión unida de Seguridad y Defensa el Senado continuamos la discusión de una nueva Ley de Inteligencia. Es una materia intrincada y compleja, que nos pone a prueba como sociedad. ¿Cómo compatibilizamos la libertad y los derechos de las personas con la necesidad de saber y la seguridad?
Hay algunos ingenuos que creen que este es un tema meramente técnico. Tienen razón en que se requiere una mirada técnica profunda, no solo de especialistas en inteligencia, sino que además de ingenieros, científicos, ciberexpertos, abogados y de expertos multidisciplinarios que van a asesorar, dar sus opiniones y puntos de vista.
Sin embargo, el gran desafío de la tramitación de esta iniciativa legal está en que debe ser una ley que funcione para la seguridad de la sociedad chilena en el siglo XXI, financiada con recursos reservados que se desprendan de una Estrategia Nacional de Inteligencia, resguardando aquellos valores y derechos que nos son preciados y que permiten nuestra convivencia.
Todo este esfuerzo para generar un debate democrático, donde la sociedad con todas sus expresiones e inquietudes esté representada, donde todos los expertos tengan espacios de opinión y donde todas las libertades y sensibilidades estén resguardadas, no servirá de nada si las autoridades encargadas de darle efectividad a la ley no se atienen a su juramento o promesa de fiel servicio, resguardando la Constitución y las leyes. La enfermedad de nuestra sociedad y sobre todo de nuestra política, es que, bajo distintos pretextos, muchos se sienten por encima del Estado de Derecho.
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