por Macarena Segovia y Felipe Saleh 16 agosto, 2019
Dejar como prosecretario interino de la Cámara Alta, hasta el 2022, a Roberto Bustos, es lo más parecido a levantar una bandera blanca en la guerra fría que ha imperado entre el nuevo secretario general del Senado, Raúl Guzmán, y los funcionarios de la Corporación. Bustos quedó en el cargo después que el concurso para llenar dicha vacante fuera declarado desierto, luego que se hicieran públicas las negociaciones para instalar en ese puesto al exdiputado DC, Aldo Cornejo. Por eso, la designación de un funcionario de carrera sirvió para aliviar, un poco, el ruido que generó la elección del exfiscal en el puesto administrativo más alto, con más poder y mejor remunerado del Congreso.
El primer foco de controversia fue con su sueldo. En un mes normal, el sueldo de Guzmán supera los $10 millones, pero si trabaja duro, se va a ganar un bono de desempeño, que sumado a otro bono bianual, le permitirá alcanzar una remuneración de $16 millones. El abogado de 51 años, mientras ejerció como fiscal jefe de la Zona Metropolitana Sur, ganó poco más de $7 millones mensuales.
Aunque el dinero parece el motivo más evidente del recelo hacia Guzmán, en la práctica lo que más irrita a los funcionarios del Congreso es la instrucción implícita con que llegó, aquella de “ordenar la casa”.
La iniciativa de sacar a Mario Labbé, el anterior secretario general del Senado, surgió durante la presidencia del senador Carlos Montes (PS), quien tenía su preferencia: la abogada cercana a la DC, Macarena Lobos, con experiencia en el trabajo legislativo gracias a su cargo como subsecretaria de Hacienda en el gobierno de Michelle Bachelet. La carta de algunos funcionarios para el cargo era Pilar Silva, secretaria de comisiones. Entre los preferidos, también compitió Julio Cámara, tesorero del Senado.
La gestión de Guzmán ha sacado muchas ronchas entre los funcionarios. Es descrita como la de “un capataz”, preocupado de controlar y uniformar los tiempos en que cada funcionario almuerza, sin considerar que no todos caben en el comedor al mismo tiempo ni que las comisiones tienen distintos horarios. Aunque tiene buenas relaciones con Erwin Valencia, presidente de una de las tres asociaciones de funcionarios, desde las bases reconocieron que no están contentos con algunas expresiones de Guzmán, como el hecho de que en el marco de su revisión interna, haya cuestionado la “legalidad” de algunos sueldos, lo que para muchos resultó ofensivo al ponerlos en un plano delictual.
La ganadora del concurso fue Macarena Lobos, pero como el puesto de prosecretario estaba "reservado" para el exdiputado Cornejo, se hizo impracticable tener a dos democratacristianos en estas labores estratégicas. “La DC decide sacrificar a Lobos para dejar a Cornejo”, explicó un testigo de la negociación. Y fue en ese escenario que se abrió el camino para el exfiscal Guzmán, que –según esta misma fuente– fue elegido "como escudo protector, porque los senadores están preocupados de la investigación del Ministerio Público sobre los informes legislativos y Guzmán tiene contactos adentro”.
La instrucción de ordenar la casa tiene un sentido práctico. La administración de Labbé, funcionario hace más de veinte años en el Congreso, tenía claros signos de agotamiento. “Se fue perdiendo la formalidad y eso Labbé lo dejó pasar, se fue haciendo cada vez más laxa la interpretación de las normas respecto de las admisibilidades de proyectos. Por ejemplo, algunos que eran profundamente inadmisibles, los aceptaban igual”, explicó una funcionaria.
Al interior de la institución también reconocieron que, en la era Labbé, el Senado se sobrepobló de personal, porque permitió que se mantuvieran como funcionarios a contrata personas ligadas a exparlamentarios, como Mariano Ruiz-Esquide (DC) o Jovino Novoa (UDI). Paralelamente, esta “sobrepoblación” posibilitó que se mantuvieran personas cobrando sueldo, pero con muy poca carga de trabajo.
Ese es el contexto en que llegó Raúl Guzmán al Senado y, en los tres meses que lleva en el cargo, comenzó a depurar la nómina de personal, como cuando, a un mes de asumir, informó a la comisión de Régimen Interno que su intención era despedir a todas las personas en puestos de confianza.
Ya ha despedido, al menos, a cuatro funcionarios, uno de los cuales estudia demandar al Senado. Pero el más controvertido de todos los casos es el de Cristina Araya, exjefa de finanzas, quien lo acusó de maltrato laboral, provocando incluso la intervención a su favor de la senadora PPD Adriana Muñoz. “Modernización no significa maltratar a la gente, a nuestros funcionarios y funcionarias, y por eso siempre estuve de acuerdo en que el nuevo secretario fuera una mujer, que fuera Pilar Silva, una gran secretaria de muchos años, pero acá se dijo que no podían ser personas internas las que asumieran estos procesos de cambio”, enfatizó la parlamentaria.
Paralelamente, la funcionaria desvinculada, como reveló La Segunda, acusó a Guzmán de despedirla de forma “coercitiva”, con la excusa de haber firmado un pago de premios por desempeño, en el marco del retiro de Labbé y del extesorero, José Luis Alliende. Testigos de la situación relataron que el despido le fue informado al término de una sesión e, inmediatamente, se le quitó el acceso a su computador y correo electrónico.
Polémico estilo
Para impedir que se abriera un flanco en su contra, poco después de hacerse público este caso laboral, Guzmán apareció en El Mercurio como la persona que detectó la existencia de una cuenta paralela, no declarada por el Senado a la Dipres, un fondo de $1.000 millones, de los cuales slo quedan $200 millones. Durante la semana, esta situación fue puesta en conocimiento de la comisión de Régimen Interno.
El descubrimiento se dio en el marco de la revisión interna que está llevando a cabo Guzmán y el monto calculado está definido hasta el año 2015. El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), instruyó la creación de un sumario, el que está a cargo del fiscal interno de la Cámara Alta, Javier Norero.
Uno de los integrantes de la comisión de Régimen Interno es el senador Alfonso de Urresti (PS), vicepresidente de la Cámara Alta, quien aseguró no tener conocimiento de esta cuenta paralela sino hasta ahora, cuando fue notificado por Guzmán. “Es uno de los méritos de esta nueva administración, es una buena labor del secretario general”, destacó el parlamentario socialista, quien agregó que la persona que llevaba dicha cuenta era “la encargada de finanzas, pero no tengo los antecedentes precisos”.
De Urresti es uno de los aliados de Guzmán. Se conocen de mucho antes, fueron compañeros en Derecho de la Universidad de Chile y ambos pertenecen a la masonería.
La gestión de Guzmán ha sacado muchas ronchas entre los funcionarios. Es descrita como la de “un capataz”, preocupado de controlar y uniformar los tiempos en que cada funcionario almuerza, sin considerar que no todos caben en el comedor al mismo tiempo ni que las comisiones tienen distintos horarios. Aunque tiene buenas relaciones con Erwin Valencia, presidente de una de las tres asociaciones de funcionarios, desde las bases reconocieron que no están contentos con algunas expresiones de Guzmán, como el hecho de que en el marco de su revisión interna, haya cuestionado la “legalidad” de algunos sueldos, lo que para muchos resultó ofensivo al ponerlos en un plano delictual.
También preocupan otras decisiones que ya circulan como fuertes rumores en los pasillos del Congreso, como la posibilidad de que los funcionarios deban marcar asistencia en Valparaíso, antes de partir a cumplir labores en Santiago. Esta eventual decisión, según sus detractores, demuestra que no tiene conocimiento de cómo funciona el trabajo que involucra a los funcionarios del Congreso ni el trámite legislativo.
Varios aún recuerdan que en la primera sesión en que le tocó estar en la testera, el secretario general preguntó cuánto duraba la sesión, algo que cualquier persona puede observar por televisión, que no maneja con exactitud el quorum necesario para votar en cada caso, como quedó al descubierto cuando iba a dar curso a la votación de un proyecto de acuerdo, hasta que la senadora DC, Ximena Rincón, advirtió que no había quorum y Quintana decidió, por tanto, levantar la sesión. “No sabe y no le interesa aprender, generalmente no se queda la sesión completa, permanece hasta la lectura de la cuenta, el primer proyecto y luego se va”, criticó un parlamentario de derecha.
Así las cosas, en el Senado afirmaron que en la práctica la labor que le corresponde a Guzmán como secretario general desde la testera la realiza, en gran parte de las sesiones, la oficial mayor de secretaría, María Soledad Aravena.
Bombas y política
El exfiscal tiene poca muñeca y tino político. Algunos recordaron cuando –a solicitud de un senador socialista– pidió que Andrés Zaldivar, integrante del consejo de asignaciones, desocupara su oficina en Santiago para dársela a este parlamentario. Lo que fue duramente rechazado por la bancada DC. “Su falta de manejo quedó de manifiesto en este episodio, pareciera desconocer la trayectoria de Andrés Zaldívar”, reclamó un parlamentario de la falange.
Guzmán reclutó a uno de los funcionarios como su hombre de confianza, Francisco Valdivia, una especie de guardaespaldas corpulento que lo acompaña a sol y a sombra, que oficialmente es el encargado de colaborar en el mejoramiento de las relaciones con los funcionarios. Pero la imagen solo contribuye a acrecentar la sensación de que Guzmán todavía cree que está en en el Ministerio de Público, cuando estaba en guerra con las bandas de narcotraficantes de la zona sur de Santiago y buscaba a los autores de atentados explosivos.
No paso inadvertida su decisión de realizar un simulacro de seguridad, el viernes 5 de agosto, actividad a la que fue convocada la Cámara de Diputados “sin consulta previa”, lo que despertó una fuerte molestia en las autoridades de dicha instancia, la que se resto de participar. Colaboradores de Guzmán explicaron que tiene una “fijación con el tema de la seguridad”, la que se debería a su paso por el Ministerio Público y a su participación en la investigación de diversos casos bombas, incluido el ataque al exdirector de Codelco, Óscar Landerretche. Es más, quienes lo conocen señalan que los hallazgos del fiscal Héctor Barros le habrían “dolido” a Guzmán, ya que aquel se habría llevado “todo el crédito” de una investigación que intentó resolver durante años el actual secretario general del Senado.
Para muchos, el trasfondo de su decisión de postular y llegar a la secretaría general del Senado radica en que este cargo –en el que estará tres años– puede ser el trampolín perfecto para lo que realmente siempre ha querido Guzmán: ser Fiscal Nacional.
Por mientras, tendrá que lidiar con los problemas que ya están afectando las relaciones con la Cámara de Diputados. Esta semana, el presidente de dicha cámara, Iván Flores, le envió un mensaje a Guzmán: “La Cámara de Diputados no es el hermano chico del Senado, ambas cámaras son homólogas”, declaró a Emol TV. Además del simulacro, la molestia del diputado DC pasa también por que el nuevo reglamento de seguridad “no fue trabajado con nadie de la cámara”.
En la interna, los diputados han generado reclamos oficiales porque senadores se han atribuido facultades fiscalizadoras, las que son facultades exclusivas de la Cámara Baja, según lo establece la Constitución. Es más, Flores habría enviado una nota de protesta al Senado por el tema.
Pero hay un asunto mucho más “sensible” en el que se ha inmiscuido Raúl Guzmán y que está “sacando ronchas” en la testera de la Cámara de Diputados: les habría cobrado los montos entregados en el 2017 para financiar la ampliación de 120 a 155 parlamentarios. Una situación compleja, ya que actualmente la Cámara Baja no contaría con los recursos para devolver el préstamo, menos aún, con los cambios y ampliaciones que deben realizarse en el edificio del Congreso de Valparaíso, lo que constituiría una de las razones por las que la idea de trasladarse a Santiago estaría tomando fuerza.
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