En 1986, durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, se llevó adelante la municipalización de la enseñanza, que es tal vez una de las medidas educacionales más insignes del régimen. Sin duda, esta es la mayor responsable de la crisis que persigue a los liceos municipales, de los que el Instituto Nacional no está aislado.
Desde entonces, el Estado se ha lavado las manos, y los municipios jamás han podido dar abasto con la administración de los establecimientos. Los distintos gobiernos sucedidos en democracia profundizaron la doctrina neoliberal de la dictadura, llevando adelante políticas que fomentan la competencia injusta, la estandarización absurda, la infravaloración de asignaturas que no fueran funcionales al sistema, y la mercantilización del derecho a aprender.
Todos miraron desde la vereda de enfrente a la educación pública como un mendigo que limosnea recursos. Ninguno dio eso ni algún otro tipo de mano amiga. Se limitaron a seguir la senda de la educación de mercado sin hacer caso a su nefasta realidad generada como consecuencia.
¿Y nadie dijo nada? Sí, gritamos. Un gran movimiento en defensa de la educación pública se alzó, y luchó con especial fuerza durante los años 2006 y 2011. Colegios como el Instituto estuvieron siete meses en toma. Un país entero exigía que se cumplieran las demandas de los y las estudiantes. Pero no pasó nada. Nos engañaron. La educación siguió siendo un bien de consumo. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad.
Ante esta realidad sobrecogedora, quienes fuimos estudiantes secundarios no nos cansamos de repetir la solución a tanta violencia, que hace tantos años hemos estado promoviendo: avanzar hacia una educación inclusiva, libertaria, financiada por el Estado, con comunidades empoderadas. Una educación que sea un derecho y no solo para quien pueda pagarla.
Veo por la mañana cómo periodistas de televisión acusan al presidente del Centro de Estudiantes y al rector de que no se hacen responsables de la violencia en el Instituto Nacional, que les quedó grande el poncho, que no saben qué hacer para frenar la violencia. Básico es el debate cuando todo se reduce a la pregunta: “Ya, ¿pero apoyan o no a los encapuchados violentos?”, que tanto le fascina a la prensa, para satisfacer su morbo. Y luego hablan de que el rendimiento baja, nos comparan con liceos que tienen infinitos recursos más que nosotros. Hablan de los “destrozos”… Y cargados de un adultocentrismo servil al poder, siempre culpan a los abandonados y las abandonadas estudiantes de la crisis en la educación. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad.
Sin embargo, quienes formamos parte de la educación pública, sabemos que la violencia comenzó mucho antes.
Comenzó cuando se hizo caso omiso a las históricas demandas estudiantiles, cuando año a año te sientan a una mesa y te hacen firmar el mismo papel con que te prometen el cielo a cambio de frenar la protesta para luego estafarte.
Comenzó cuando te tienen sentado en un trozo de madera y cuando tu mesa es una tabla afirmada en un fierro, en una infraestructura de los 60.
Comenzó cuando el sanguinario alcalde te intenta expulsar, cuando te demanda por una millonada, cuando permite que ingrese la policía como por su casa a tu lugar de estudio para avasallarte.
Comenzó cuando amenaza con acabar con doscientos seis años de historia, escondiendo su incompetencia y la del Gobierno.
Hay demasiada frustración en los pasillos del Instituto, al ver que año tras año no pasa nada. Surgen encapuchados. ¿Que están mal? ¡Qué duda cabe que sí! Nadie quiere ver fuego en sus aulas, ni a trabajadores y trabajadoras llorando por los gases lacrimógenos. Pero no vamos a culpar a un puñado de encapuchados de la crisis de la educación. Son las grandes autoridades a quienes les quedó grande el poncho, los que no saben y no han sabido acabar con la violencia. Solo saben incrementarla: Aula Segura, expulsiones. ¿Y para qué? ¿Para que vayan a parar al Sename? Culpamos a adolescentes de catorce o dieciséis años, cuando los verdaderos criminales son otros. ¡Qué injusticia!
Ante esta realidad sobrecogedora, quienes fuimos estudiantes secundarios no nos cansamos de repetir la solución a tanta violencia, que hace tantos años hemos estado promoviendo: avanzar hacia una educación inclusiva, libertaria, financiada por el Estado, con comunidades empoderadas. Una educación que sea un derecho y no solo para quien pueda pagarla. Una educación donde por fin las y los estudiantes de estratos bajos, condenados a tantos y tantos años de abandono y soledad, tengan una efectiva oportunidad en el país.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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