La ministra vocera Cecilia Perez, ante la probable decisión de los diputados socialistas de presentar una acusación constitucional en contra de la titular de Educación, Marcela Cubillos, procedió a descalificar al Partido Socialista, rompiendo todo apego a la verdad y de respeto a la mínima objetividad que su cargo le exige.
La vocera señaló que en el PS “no han tenido reacciones firmes” por afiliados con vínculos relacionados al narcotrafico, ello es una completa falsedad, ya que los eventuales involucrados fueron expulsados el mismo mes de la denuncia, octubre del 2017, como el propio reportaje de Canal 13, de junio de este año, lo constata explícitamente, tratando de “exmilitantes" a los sancionados.
Pero la vocera defiende a su colega de Educación, con un argumento habitual en estos casos, que la acusación constitucional de los diputados socialistas sería una “cortina de humo”, lo que es la manera más fácil de eludir los desfavorables resultados políticos y la irresponsabilidad administrativa que tiene ante el país la gestión de la cartera de Educación.
La Constitución entrega a los diputados la facultad de iniciar, ante la Cámara que tiene la atribución fiscalizadora, el trámite de una acusación constitucional. En el caso que fuera aprobada, el Senado debe aprobar o rechazar en última y definitiva resolución, como lo hizo el propio Piñera, cuando fue parlamentario, en contra un ministro de la Corte de Apelaciones que fue destituido.
El ataque de la vocera solo refleja desesperación por un Gobierno errático, atrapado en sus propios conflictos, que adopta como ruta la improvisación y que no da respuestas de fondo a los retos que tiene por sus propias incapacidades. Qué lamentable y peligroso para la democracia en Chile.
Así también actuó la derecha en contra de la actual senadora Yasna Provoste, al momento de ser ministra de Educación, por lo que cesó de inmediato en sus funciones. En ese caso la discusión fue muy áspera, pero las fuerzas de Gobierno no concurrieron a una descalificación tan brutal y canallesca para deslegitimar una acusación constitucional que fue aprobaba arbitrariamente.
El gobernante pretende impedir al Partido Socialista el uso de una atribución a la que él mismo recurrió cuando estimó que era su responsabilidad hacerlo. Cabe la pregunta, si no acepta en la oposición las facultades que él mismo utilizó, ¿cuál será su próximo paso? ¿Intentará cuestionar la legalidad del Partido Socialista? ¿Querrá como Fujimori en Perú arrogarse poderes de facto?
En democracia, salvo que se quiera suprimir la oposición, no se puede llegar a los extremos que se permite Piñera en el Gobierno, ese ataque no tiene límite para descalificar al PS, así la vocera deja de lado su responsabilidad ministerial para entrar en el más nocivo de los procedimientos usados en democracia: catalogar como asociados a la delincuencia a sus adversarios políticos.
Los peores gobernantes recurrieron a estos métodos, Hitler mandó incendiar el Reichstag y culpó a los comunistas; Stalin a los que opinaban distinto los fusilaba por “agentes del enemigo”; Pinochet para dar el golpe de Estado, en 1973, inventó el “plan Zeta” y dijo que había un ejército cubano, aunque nunca apareció ninguno de esos supuestos soldados; en los Estados Unidos, en los 60, a los luchadores contra el racismo los trataban de agentes rusos o de insanos; en fin, si se quiere acallar a quienes piensan diferente, sin razón ni argumentos, se cae en la indecencia y la mentira.
El ataque de la vocera solo refleja desesperación por un Gobierno errático, atrapado en sus propios conflictos, que adopta como ruta la improvisación y que no da respuestas de fondo a los retos que tiene por sus propias incapacidades. Qué lamentable y peligroso para la democracia en Chile.
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