Durante la jornada de este martes, el Poder Judicial entregó un análisis estadístico respecto del estado de las causas penales vinculadas al estallido social. 

Lo anterior a partir de la controversia que ha generado el proyecto de indulto general para los detenidos en ese contexto que fue presentado a comienzos de diciembre por un grupo de parlamentarios de oposición.

El informe, que abarca el período entre el 16 de diciembre de 2019 y el 19 de marzo de 2020 indica que un total de 26 imputados por delitos vinculados al estallido social se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Entre otras cifras entregadas, se informó que existen 2.180 casos con prisión preventiva decretada (82,4% con condena anterior) y, de ellos, 280 se encuentran vigentes al 11 de diciembre de 2020. 

De ellos, 254 las cumplen por delitos distintos al estallido social y 26 por ilícitos vinculados a él, 17 de los cuales tienen condenas anteriores.

Con respecto a la extensión, se indica que el mínimo es de 91 días y el máximo de 420.   

En tanto, también se detalló que 21 funcionarios del orden público se encuentran en prisión preventiva por delitos en materia de derechos humanos y, de ellos, uno cuenta con una condena anterior.

De estos, 11 se encuentran detenidos por delitos vinculados al estallido social, que corresponden a apremios ilegítimos.