Se dice que una justicia que tarda ya no es justicia, y en el caso del aleve asesinato del Weichafe, Camilo Catrillanca, la justicia chilena ha demorado dos años para pronunciar un fallo, que se conocerá, esperamos en todos sus detalles, el 28 de enero del presente año. La justicia en Chile no sólo es lenta, sino también racista, clasista y, como diría el poeta Vicente Huidobro, “siempre se inclina por el lado del queso”. Los ricos no roban, sino que cometen errores, y si alguno es encontrado culpable, la máxima pena se reduce a ser enviado a recibir clases de ética, (incluso, el Servicio de Impuestos Internos cubre los gastos de los abogados).
En el plano de la justicia Chile no ha avanzado un ápice, por el contrario, ha retrocedido: en el siglo VII las cárceles francesas, por ejemplo, (entre ellas La Bastilla), permitían al condenado tener en sus celdas a sirvientes y, en ocasiones, almorzar con el alcaide; en Chile no existían esos privilegios por ausencia de prisioneros de este linaje. No hace años existía una cárcel especial, Los Capuchinos, ubicada en pleno centro de la ciudad de Santiago, donde se albergaban, con todas las comodidades, distintos estafadores, pertenecientes a la clase alta, (muchos de ellos preferían seguir en esa cárcel, pues en ese recinto lograban establecer amistades a las cuales no podían aspirar en libertad).
En Chile se envía a la cárcel no a la delincuencia, sino a la pobreza, y el caso del pueblo mapuche es mucho más grave, pues a este mal se agrega un cruel genocidio, justificado por los liberales en el poder y “en nombre de la civilización”, tal como lo sostenía, en El Facundo, Domingo Faustino Sarmiento, persecución y muerte que continúa actualmente.
Todos los gobiernos de la llamada “transición a la democracia” han demostrado su incapacidad de resolver el problema que el Estado chileno ha creado con respecto a los legítimos derechos del pueblo-nación mapuche que, incluso, fueron reconocidos en parlamentos en ese entonces por el rey de España.
El gobierno de José Joaquín Pérez se vio “amenazado” cuando el pueblo mapuche proclamó como rey a Aureli Antoine I, quien, tal vez siguiendo la política de Napoleón III, intentó independizar la nación mapuche del gobierno chileno.
Los distintos gobiernos de la transición han tratado al pueblo-nación mapuche en forma indigna: ora, intentando la compra de tierras a los colonos para entregarlas a las comunidades, ora, persiguiéndolos a sangre y fuego a cargo de los carabineros, en una especie de guerra irregular y asimétrica.
El asesinato de Camilo Catrillancase ha convertido en un caso emblemático de la actual corrupción en la cual han caído las llamadas “fuerzas del orden y seguridad”. En el caso del crimen alevoso en contra del Weichafe, todos los representantes de la autoridad nacional chilena han mentido con el solo fin de encubrir dicho asesinato.
El ministro del Interior de entonces, Andrés Chadwick, (primo del Presidente), mintió en repetidas ocasiones, tratando de justificar el crimen como un enfrentamiento entre Catrillanca y los carabineros, (afortunadamente, el senado, haciendo honor a la justicia aprobó la acusación constitucional, y el subsecretario Ubilla también se vio forzado a dar un paso al lado; en cuanto al intendente de la Araucanía, Mayol, renunció unos días antes de hacerlo su superior).
Los siete carabineros habían mentido al general director de la Institución de la época asegurando que no existía ninguna memoria en las cámaras, que deben portar los carabineros en este tipo acciones. Gracias a la investigación periodística de Ciper-Chile pudo conocerse, en su totalidad, lo ocurrido durante el asesinato, comprobándose que las víctimas, Catrillanca y el menor MPC, (este último de 17 años), no habían disparado, como lo afirmaban los carabineros para ocultar el crimen). El video probó que los siete carabineros de infantería habían hecho uso de sus armas, contándose 12 disparos, y que a Catrillanca lo asesinaron por la espalda, y que al adolescente que lo acompañaba en el tractor azul lo golpearon y lo ataron de manos para amedrentarlo.
Antes de este crimen, Investigaciones había descubierto la “Operación Huracán”, mediante la cual los carabineros, usando falsos Whatsapp, intentaron usarlos como prueba de un intento de conspiración terrorista, por parte de los líderes mapuches, de la comunidad Arauco-Malleco.
El fallo, conocido recientemente, condena al sargento de carabineros, Carlos Alarcón, por homicidio simple, en contra de Camilo Catrillanca, y homicidio frustrado contra el adolescente MCP, además, inculpa a siete carabineros de obstrucción a la justicia, y al abogado, Cristián Eduardo Inestroza, que les ordenó negar el crimen, por prevaricación. En particular, el carabinero Raúl Ávila fue culpado por el mal uso de su arma de servicio; por el mismo hecho se le inculpa a Braulio Valenzuela.
Las penas aplicadas en este caso no han dejado conforme al padre de la víctima, Marcelo Catrillanca, quien está de acuerdo con la solicitud de sus abogados, que propusieron se considerara este crimen como homicidio calificado, cuya pena máxima podría llegar a prisión perpetua calificada, (40 años sin derechos ni beneficios penitenciarios).
Hay algunos hechos destacables en dicho fallo: en primer lugar, el ministerio del Interior, la Comisión de Derechos Humanos, la Defensoría de la Infancia y la adolescencia, la Fiscalía, la Defensoría del Estado, es decir, gran parte de las autoridades de las distintas Instituciones del Estado, se han hecho parte como querellantes; en segundo lugar, así la pena sea baja, al menos, los jueces condenaron también a los carabineros y abogados culpables y partícipes del hecho punible, (en la mayor parte de los casos anteriores, en que están implicados los carabineros, la pena se limitaba sólo al autor material del hecho).
El Estado chileno ha demostrado su incapacidad, no sólo para reparar a las víctimas por los crímenes de la dictadura de Pinochet, sino también el reconocimiento como un genocidio contra el pueblo mapuche, en la llamada “Pacificación de la Araucanía”, y que ha continuado con la opresión y persecución, con el empleo de la Fuerza Pública, por ejemplo, en la Operación Jungla, Acuerdo entre policías chilenos y el ejército colombiano, (adiestrada en ese país, cuyo ejército está entrenado para el exterminio, incluso de defensores de los Derechos Humanos, y de otros líderes sociales).
El gobierno de Sebastián Piñera se mostrado tan miserable como sus antecesores en la solución del problema mapuche. La mayoría de los países civilizados y democráticos, (Chile no lo es), incluyen en sus Constituciones y leyes la incorporación de la multi-etnia y el multiculturalismo, reconociendo la realidad de la existencia de pueblos diferentes dentro de un mismo Estado, en igualdad de derechos. En la mayoría de los países existe una justicia especial, en lengua nativa, aplicable a los pueblos originarios.
La representación de los pueblos originarios en Chile, en la esperada Asamblea Constituyente es, francamente, mezquina: otra de las múltiples trampas impuestas por la oligarquía para continuar en el Chile racista y clasista y la consiguiente discriminación en contra de los pueblos originarios.
Rafael Luis Gumucio Rivas ((El Viejo)
09/01/2021
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