Todas las Constituciones chilenas han sido impuestas por comisiones en que participan los oligarcas y la espada y la bota militar: la de 1833 fue producto del triunfo de la guerra civil por parte de los conservadores, dirigidos por el entonces Presidente de la República, Joaquín Prieto, e inspirada por Mariano Egaña, (ultrarreaccionario, hijo de don Juan, redactor de una Constitución moralista). El amo absoluto de esa época, Diego Portales, despreciaba las Constituciones y las Leyes, que debían ser violadas pues, por lo regular, favorecían a los malos, (los pipiolos), y a don Mariano Egaña lo llamaba “lord callampa”, y se reía de él por su apego a los análisis jurídicos, (al consultarlo sobre el hábeas corpus, le envió un verdadero tratado sobre el tema).
La Constitución de 1925 fue el producto de la Comisión “chica”, compuesta por políticos oligarcas, amigos del Presidente, don Arturo Alessandri Palma. Cuando incluso estos “amigos serviles” se negaron a apoyar el texto de la Constitución, redactado por el “el León de Tarapacá” y su amigo y ministro José Maza, el inspector general del ejército amenazó con un tercer golpe de Estado, (el primero, el 11 de septiembre de 1924, y el segundo, en enero de 1925), si se mantenía el corrupto régimen parlamentario.
El plebiscito de 1925 fue enteramente fraudulento, pues los votos, blanco, azul y rojo, correspondían a los colores de la bandera nacional, (el rojo representaba el fin de la Constitución; el azul, la mantención del parlamentarismo reformado; el blanco, la mantención del statu quo). La abstención fue muy superior al número de sufragios y, como es lógico, con tanta trampa, la Constitución ganó por “amplia mayoría, (cerca al 90% de los votos). Los partidos políticos eran partidarios de la permanencia del régimen parlamentario reformado, salvo los Demócratas y una fracción del Partido Liberal. La Constitución de 1925, y producto de las amenazas golpistas del inspector general del ejército, Mariano Navarrete, demoró 7 años en su implementación, (1932). La primera Comisión, “la grande”, (incluía, incluso, a los comunistas, liderados por Hidalgo), estuvo presidida por el conservador Ricardo Lyon y solamente se reunió un vez.
En la Constitución de 1980, el dictador del golpe de Estado de 1973, Augusto Pinochet, nombró como constituyentes a los cuatro miembros de la Junta de Gobierno, cuyos decretos-leyes pasaban a ser reformas de la Constitución de 1925. La Comisión Ortúzar, (ex jefe de campaña de Jorge Alessandri Rodríguez), demoró siete años en su redacción, (1973-1980). En su articulado predominaban los cerrojos y las trampas, (el senado, por ejemplo, estaba compuesto, además de los elegidos, por senadores designados, la Constitución era prácticamente irreformable dado su carácter pétreo, pues las leyes orgánicas constitucionales exigían un quorum de 2/3 de ambas Cámaras; los generales en jefe de las fuerzas armadas no podían ser removidos por el Presidente de la República; la democracia era tutelada por el Consejo de Seguridad Nacional, institución en que predominaban los comandantes en jefe de las fuerzas armadas, y otras trampas difíciles de eliminar.
La derecha chilena ha aprovechado la herencia de la Constitución de Pinochet para mantener la democracia protegida, así como la consagración del sistema económico-político del sistema neoliberal. Hasta la reforma constitucional de 2005, del Presidente Ricardo Lagos, los senadores designados le permitían a la derecha mantener su predominio legislativo, aun cuando perdiera las elecciones presidenciales y la Cámara de Diputados; a su vez, el sistema binominal le garantizaba el empate en la mayoría de los distritos electorales. La derecha sólo aceptaba las reformas constitucionales que le aseguraban su predominio, (por ejemplo, cuando estuvo a punto de perder la mayoría de los senadores designados, no tuvo ningún problema en apoyar las tibias reformas a la Constitución del Presidente Lagos).
Las doscientas reformas a la Constitución ilegítima de 1980 han sido apenas cosméticas, pues han mantenido la médula y el corazón de la Constitución legada por el dictador.
En el plebiscito de entrada para aprobar o rechazar la redacción de una nueva Constitución, en que gran parte de la derecha se pronunció por la mantención de la Constitución de 1980, favoreció en un 80% a los partidarios de la proposición de una nueva Constitución.
En el plebiscito de octubre de 2020 la derecha no logró, ni siquiera, el tercio necesario para paralizar los artículos propuestos por el sector progresista, condenada a ser una minoría, hecho que la imposibilitaba a mantener artículos de la actual Constitución espuria.
La derecha política no ha podido disimular su encono, pues no ha podido lograr su objetivo de mantener la Constitución de 1980 y sólo acepta algunos cambios cosméticos.
Es evidente que la Constitución dictatorial está muerta, por consiguiente, la derecha oligárquica no podrá resucitarla, (incluso, la derecha más reaccionaria, retrógrada y hasta cavernaria, con el apoyo del grupo llamado “los amarillos”, que se presentan como progresistas pero, en el fondo, no son más que la otra cara de la derecha).
La última encuesta CEP arroja como resultado un empate técnico entre las opciones APRUEBO y RECHAZO, (25% y 27%), sin embargo, la mayoría de los encuestados se pronuncia en contra de la continuación de la Constitución vigente, en consecuencia, la misma derecha, que en el fondo de su alma y de su mente desea mantenerla, está buscando una “tercera vía” para evitar la segura derrota del rechazo, (así, aun cuando “la mono se vista de seda”, derecha reaccionaria se queda).
Chile no puede darse el lujo de seguir manteniendo una Constitución ilegítima y dictatorial, por consiguiente, votar por el rechazo solamente asegura el predominio de la plutocracia, dueña del poder.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
10/06/2022
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