02 de Junio 2022
Fuente: La Red.cl
Mauro Torres, jefe de la Unidad Programa de Derechos Humanos (UPDH), fue reprochado por la subsecretaria de DD.HH, luego de que las juezas especiales, Paola Plaza y Marianela Cifuentes, fueran informadas de la existencia de relatos sobre crímenes contra civiles. Este hecho representó una “pérdida de confianza” que derivó en la salida del funcionario.
Por Luis Narváez, desde Buenos Aires.
En una insólita decisión, la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, notificó este martes el despido de Mauro Torres, jefe de la Unidad Programa de Derechos Humanos (UPDH) de esa cartera de gobierno. El funcionario fue quien alertó a la secretaria de Estado, nombrada por el Presidente Gabriel Boric, sobre la existencia, entre las 12 mil carpetas de ex conscriptos entregadas entre 2017 y 2018, de relatos que constituyen delitos de lesa humanidad e información relevante para investigaciones que se encuentran abiertas en los diversos tribunales especiales que investigan la represión ocurrida en dictadura.
La UPDH, que lidera Torres, es la encargada de tramitar ante los tribunales de justicia todas las querellas por las víctimas, reconocidas en el Informe Rettig y por la Corporación de Reparación, de desaparición forzada y ejecuciones sumarias.
Las fuentes consultadas por La Red indican que Oberreuter al informar su desvinculación, reprochó a Torres que los tribunales de las ministras Cifuentes y Plaza, hayan sido informadas de la existencia de las carpetas, lo que representa una “pérdida de confianza”.
Según los antecedentes reunidos por La Red, el funcionario, que trabaja desde 2019 en el organismo y tiene calificaciones destacadas en su hoja de servicio, solicitó al archivo de la Subsecretaría que se le enviaran algunas de las carpetas que habían entregado las agrupaciones de ex conscriptos, desde 2017, cuando se formó una mesa de trabajo que tenía como objetivo analizar la solicitud para que este grupo de personas fueran reconocidas como víctimas de atropellos a sus derechos humanos, mientras cumplieron el Servicio Militar Obligatorio (SMO), entre 1973 y 1990.
De esta forma, 33 carpetas fueron entregadas a Sandro Gaete, histórico prefecto (R) de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabaja como jefe del Área de Investigación Administrativa, como apoyo a la labor de los abogados de la UPDH, para que analizara el material. El ex policía, con larga trayectoria en aclarar crímenes ocurridos en dictadura, pronto encontró información relevante entre los relatos.
El 2 de mayo último, en una de las reuniones mensuales que Haydée Oberreuter realiza con todo su equipo de asesores y jefes de unidades, Torres mencionó que entre las 33 carpetas que se les envió para revisarlas había menciones sobre crímenes de lesa humanidad y participación directa en estos delitos.
Gaete, por su parte, hizo una descripción detallada de la información encontrada. Se mencionó, entonces, la necesidad y obligación que tenían como funcionarios públicos de poner en conocimiento de los tribunales competentes esta información.
No obstante, al día siguiente, el 3 de mayo, el jefe de gabinete de la Subsecretaría, Enrique Gatica, ordenó la devolución inmediata de las carpetas hasta nuevo aviso.
La incertidumbre reinó. Recién a fines de abril, el Programa de Derechos Humanos fue informado de la existencia de las carpetas archivadas y de un informe que databa del 8 de marzo de 2018, sobre la demanda de los ex conscriptos para ser reconocidos como víctimas. Dicho documento, firmado por la subsecretaria de la época, Lorena Fríes, destacaba en un capítulo que “en algunos casos se reconoce participación en la custodia de prisioneros, allanamientos, detenciones, así como en la perpetración de graves violaciones de los derechos humanos”.
Sin embargo, la actual diputada no informó en ese minuto ni a los abogados ni a tribunales sobre el contenido relevante, según reveló el reportaje de La Red “El archivo oculto de la Subsecretaría de DD.HH.”.
Las ministras Marianela Cifuentes, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, y Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, ambas con dedicación exclusiva para investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en dictadura, fueron informadas de estos documentos.
Ambas juezas solicitaron, a partir del 10 de mayo, el envío inmediato de toda la documentación. No obstante esto, no fue hasta el 27 de ese mismo mes que debió concurrir el ministro en visita Guillermo de la Barra, personalmente, para hacer el retiro de los documentos.
Días atrás, incluso antes que los tribunales de justicia le exigieron la entrega de las casi 12 mil carpetas, la subsecretaria de Derechos Humanos, tenía otros planes para los documentos.
ARCHIVO NACIONAL
Según pudo confirmar La Red, Haydee Oberreuter pretendía enviar los documentos al Archivo Nacional bajo el argumento de que tenían personal competente para revisar las carpetas. Sin embargo, los oficios despachados por las juezas, no solicitaban ninguna revisión ni índice, solo que se remitieran.
La directora del Archivo Nacional, Emma de Ramón, confirmó que tuvieron conversaciones y tratativas desde el 17 de abril, donde se mencionó que la intención de la subsecretaria Oberreuter era evaluar si enviaba los documentos al Archivo Nacional o a tribunales.
La funcionaria dijo que “a la semana siguiente, lunes 23, fui convocada nuevamente al gabinete de la subsecretaria para conversar algo más de esta posibilidad de transferencia; esta vez, además de sus asesores, estaba el jefe de gabinete de la ministra. Antes de continuar con el acercamiento yo pedí conocer el acervo y nos dirigimos junto con la subsecretaria y el grupo mencionado al lugar donde se almacenaban. Allí comprobé que se trataba de unos 10 metros lineales de documentación aproximadamente, en muy buen estado de conservación y organizados. Solicité revisar algunos de los expedientes para ver cómo estaban constituidos y pude hojear en 2 cajas, unos 4 o 5 expedientes diversos”.
Agregó que para este trabajo se requería un financiamiento mayor y que de hacerse esta labor, tomaría mínimo, hasta diciembre. “Conversamos acerca de los tratamientos archivísticos que sería necesario aplicar y lo necesario de levantar un proyecto con suficiente financiamiento para lograrlo en un tiempo reducido, imaginamos que podría ser a fin de año. Nada concreto salió de esa reunión, solo el acuerdo de buena voluntad y el compromiso de la subsecretaria de seguir trabajando en ello”, puntualizó.
Finalmente, el viernes 27, en virtud de la orden de tres tribunales distintos, el ministro en visita Guillermo de la Barra se encargó personalmente de supervisar el sellado de 44 cajas que contienen casi 12 mil carpetas de conscriptos.
Aún así, indican las fuentes, había asesores de la subsecretaria que insistían en que se debía hacer un trabajo previo con las carpetas antes de ser llevadas a tribunales.
El ministro De la Barra, más enfático y al borde de perder la paciencia, ordenó el traslado de la documentación.
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