Aunque la prensa chilena, en general, no lo ha dicho con claridad, con el resultado de la elección del domingo 7 de mayo pasado ganó la extrema derecha representada por el partido Republicano, cuyos principales dirigentes están muy conforme con la Constitución de Pinochet y por ello será muy interesante conocer el desarrollo de lo que viene ahora.
Pues bien, desde hace varios años la opinión pública conoce sobradamente el episodio de los cientos de edificios de entre 25 y 38 pisos cada uno, conocidos como guetos verticales, que se construyeron a partir del año 2013 con permisos cursados al margen de la ley durante el período en que ejercía el cargo de alcalde Rodrigo Delgado, militante de la UDI.
Esos actos administrativos fueron emitidos por un funcionario municipal que está querellado por 6 ciudadanos informados, a saber, los arquitectos Miguel Lawner, Miguel Prieto, Jonás Figueroa, el dirigente vecinal Alejandro Verdugo, el ingeniero Antonio García y este columnista, por el grave delito de prevaricación administrativa cometido por él, asunto que está en poder de la fiscal Giovanna Herrera.
Esta práctica corrupta está en conocimiento de todas las autoridades, tanto nacionales, como regionales y locales, pues esas construcciones con agrupamiento continuo no están admitidas en los sectores urbanos en donde se emplazaron, ello por la sencilla razón de que ahí no había normas de edificación contenidas en un Plan Regulador Comunal (PRC), es más, este instrumento normativo no existía en esa zona residencial que antes del año 1985 estaba regulado por la municipalidad de Santiago.
La Contraloría General de la República, en varios dictámenes vinculantes dirigidos al susodicho alcalde, estableció que el director de obras municipales (DOM) de Estación Central debía invalidar esos permisos, paralizar las obras y no cursar las recepciones finales definitivas para los mismos, instrucción que fue desacatada por el funcionario municipal Armin Seeger, dependiente del alcalde en materia administrativa y de la Seremi del Minvu en materia técnica.
La ilegalidad de tales permisos fue ratificada por el propio Minvu, en oficio enviado a la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) y por la Corte Suprema, máxima instancia judicial que rechazó diversos recursos de protección de las empresas que disponían de esos permisos.
El actual alcalde, Felipe Muñoz, quien cuando era concejal fue un contumaz detractor de estos edificios, está desarrollando una reingeniería en su municipio para que nunca más se produzcan estas impúdicas situaciones y ha ampliado la querella criminal en contra de otros funcionarios municipales.
En la actualidad hay unos 18 edificios terminados que carecen de las recepciones finales de obras, pues el alcalde Muñoz a diferencia de su antecesor Delgado, ha decidido como probo funcionario público, acatar los dictámenes del ente fiscalizador. El Minvu curiosamente está presionando insistentemente al alcalde Muñoz para que, a través de una ingeniosa e irregular circular de la División de Desarrollo Urbano (DDU) de ese ministerio, instruya al DOM para que se reciban oficialmente esos edificios, luego ese ministerio, aunque los lectores no lo crean, está promoviendo la insana política de los hechos ilegales consumados.
Tiempo atrás la fundación Defendamos la Ciudad se entrevistó con el ministro sectorial de entonces, Cristián Monckeberg, proponiéndole por escrito una solución al problema, consistente en considerar, como resarcimiento a esa comuna perjudicada por el aumento desmedido de la densidad habitacional, ciertas compensaciones económicas de cargo de las empresas titulares de esos proyectos que todavía no se pueden entregar a sus promitentes compradores. Si bien es cierto Monckeberg tuvo una favorable acogida a esa idea, el actual ministro Montes, por motivos que nadie comprende, se resiste a dicho planteamiento.
En resumen, debido a que los edificios no se demolerán, lo peor que podría suceder es que los mismo ya terminados no se puedan entregar a los futuros moradores de sus departamentos y por ello, lo más razonable e inteligente sería que prospere a la brevedad la idea de las compensaciones económicas, como requisito para la obtención de la recepción final de las torres: de esta manera se estaría apoyando el Plan de Emergencia Habitacional del gobierno de Boric.
Por lo relatado, con el propósito de evitar una nueva impunidad en el aparato público, esperamos que el contralor Jorge Bermúdez, emita un dictamen aludiendo a la contumaz desobediencia cometida por Delgado, quien en la votación del pasado 7 de mayo deseaba ser elegido consejero constitucional por la región metropolitana de Santiago.
Por Patricio Herman
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