En este país que vive en emergencia permanente a causa de las sucesivas crisis que se eternizan en diversos ámbitos de la vida nacional, hay quienes se preguntan si alguna vez la autoridad competente va a tener tiempo y disposición para atender debidamente la dramática situación de la clase trabajadora.
Esta se encuentra desprotegida en medio del tráfago incesante y pareciera que las cúpulas políticas no quisieran darle espacio ni tienen voluntad para ver y escuchar sus necesidades ni menos para que recupere el protagonismo que otrora llegó a alcanzar en la sociedad chilena.
Actualmente en Chile los trabajadores carecen de lo principal: no cuentan con la certeza de un empleo formal, una indispensable estabilidad y un salario decente, pero en cambio se acrecientan los temores de un despido por reducción de personal y por las manidas “necesidades de la empresa”, en tanto la autoridad económica nunca se ha preocupado de sus ingresos que forman parte de su bienestar, al menos en los últimos 50 años.
Los trabajadores no tienen padrinos políticos ni nadie que salga en su defensa o impulse iniciativas en su favor, salvo voladores de luces. Más allá del frágil trabajo por cuenta propia o del incierto emprendimiento a los que forzosamente deben recurrir miles y miles de hombres y mujeres, no se generan los puestos laborales que se reclaman.
La cesantía muerde con ferocidad y no sirve que se trate de soslayarla con palabras o anuncios ni con medidas que solo la pueden paliar momentáneamente. Según información oficial, en el trimestre pasado el desempleo fue de un 8,4% y sumó un cuarto incremento en 12 meses.
Ello incide en el endeudamiento con el mercado y la morosidad de quienes no están en condiciones de responder a los compromisos contraídos en momentos de apuro. Recientes estudios revelan que 7 de cada 10 chilenos están en situación de deudores morosos, uno de los tantos dramas de los cesantes. En la actualidad hay en mora muy por sobre los cuatro millones de personas, cifra que es la más alta en los últimos 10 años.
En muchos casos quienes tienen la suerte de contar con un empleo estable no ganan lo suficiente y los estrechos presupuestos hogareños de las familias modestas se agotan antes de finalizar el mes. Sean cuales sean los números oficiales de la inflación, la carestía de todo – en especial alimentos, medicamentos, transportes y servicios básicos – ya ha llegado a las nubes.
Lo concreto es que aquellos que se esfuerzan todos los días por construir un país mejor no pueden proyectar su propio futuro personal ni familiar ni económico. En este sombrío panorama no hay más que conformarse con observar cómo las prioridades públicas van en dirección que no corresponde a la solución de sus precariedades básicas.
Hoy el foco está puesto en las crisis de seguridad, el problema migratorio en el norte y la violencia en la macrozona sur, todas las cuales tienen su origen, todas las cuales tienen su origen en la desigualdad, la discriminación y el menosprecio hacia quienes no poseen recursos. Estos son algunos de los antivalores resaltantes del modelo neoliberal que todavía mantiene en sus manos a Chile y su población.
El poder del dinero transnacional agrega lo suyo con sus lloriqueos por el acuerdo transversal que dio paso a la ley del royalty minero que durmió una larga siesta en el Senado. La ley permitirá desde el próximo año el ingreso de 1.350 millones de dólares que se destinarán fundamentalmente para el desarrollo de las regiones, pero una Sonami desencajada clama por más incentivos para los grandes inversionistas del mundo privado.
Paralelamente la derecha empresarial sumó lo que ha llamado “crisis de las Isapres” desde el fallo de la Corte Suprema que determina la devolución del dinero pagado en exceso por los afiliados durante años (1.400 millones de dólares). El único objetivo del empresariado es mantener a firme la salud privada, por su propia conveniencia. Tal como las AFP, las Isapres son un negocio más creado en dictadura con la exclusiva finalidad de enriquecer a sus dueños: en realidad estas empresas tendrían que haber desaparecido hace largo tiempo.
Muchas de esas crisis son de papel y corresponden a sectores pudientes cegados por la mezquindad. La crisis mayor y más fuerte es la de la clase trabajadora, mayoritaria en el país, que ha sido marginada, olvidada y a la que se ha despojado de cualquier nivel de participación en la toma de decisiones. No basta con la CUT, que tras la dictadura nunca ha podido recuperarse, perdió presencia y poder de convocatoria y cuya debilidad le impide sacar la voz. La CUT se acostumbró a hacer noticia solo una vez al año con su tradicional concentración de cada primero de mayo. Al día siguiente la Central Unitaria comienza a diluirse por el resto del año.
En la medida que no haya capacidad para superar las graves carencias derivadas de la falta de generación de empleos formales con salarios justos, la difícil situación de la clase trabajadora se irá agudizando. A la vez, irán en aumento los cientos de miles de chilenos que se ven forzados a ejercer el comercio ambulante que repleta las calles céntricas de las principales ciudades del país como única alternativa para poder sobrevivir.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
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