OPINIÓN
Una concepción de los derechos humanos restringida, que se sustenta exclusivamente en los derechos civiles y políticos, y niega los derechos económicos, sociales y culturales, como la vivienda, la educación y la seguridad social, entre muchos otros. Niegan con eso el rol preponderante del Estado en la garantía de derechos que establecen mínimos materiales para una vida digna.
“Si quieren clavar la rueda de la fortuna en el sistema socialdemocrático de evolución permanente de derechos sociales que se han financiado con impuestos cada vez más grandes en Estados cada vez más masivos, no lo vamos a respaldar, nos vamos a oponer”, dijo Johannes Kaiser, diputado republicano, en una entrevista reciente.
Discursos como este, que presenciamos todos los días en el debate parlamentario, pretenden borrar de un plumazo lo que la humanidad ha avanzado en el último siglo en materia de derechos humanos. El peligro es evidente.
La conciencia de la humanidad ha despertado a causa de los hechos más dolorosos de la historia universal. Es a partir del Holocausto nazi, de las desapariciones forzadas, de los asesinatos de personas por pensar o ser de determinada manera, entre otros, que los Estados de todas las tendencias políticas e ideológicas se han puesto de acuerdo en “los mínimos” a garantizar para respetar la dignidad humana.
Una de las aristas menos exploradas del proyecto político que enarbola el Partido Republicano es justamente aquella dada por su visión impugnadora sobre estos avances civilizatorios, que han venido adoptando los Estados desde la Declaración Universal de Derechos Humanos.
No hablo sobre lo que “dicen pensar” y que está establecido en su sitio web. Hago este análisis a partir de los debates que se sostienen en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados.
¿Cuáles son los ejes discursivos del republicanismo en esta materia? Veamos:
- El desprecio por el sistema multilateral, en particular de Naciones Unidas y de la OEA; la defensa de una soberanía autárquica que puede prescindir de las obligaciones que Chile ha asumido voluntariamente, es un primer elemento. Para el Partido Republicano se trataría de instancias que pretenden alterar la idiosincrasia chilena imponiendo valores que supuestamente nada tienen que ver con Chile, como es el caso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los tratados internacionales de derechos humanos. Para los republicanos, estas instancias son parte de la hegemonía que hay que destruir.
- Una concepción de los derechos humanos restringida, que se sustenta exclusivamente en los derechos civiles y políticos, y niega los derechos económicos, sociales y culturales, como la vivienda, la educación y la seguridad social, entre muchos otros. Niegan con eso el rol preponderante del Estado en la garantía de derechos que establecen mínimos materiales para una vida digna.
- Una visión jerarquizada de los derechos y libertades civiles que atenta contra la integralidad de los derechos humanos, ubicando la libertad de culto y libertad de enseñanza en la cima, subordinando los demás derechos al cumplimiento de los primeros. De esta manera restringen la realidad plural y diversa de nuestra sociedad, e imponen una visión autoritaria y excluyente de otras visiones y prácticas.
- Una concepción de la igualdad como un principio y derecho formal, que parte de la idea abstracta de que todas las personas tenemos los mismos derechos, pero que en la práctica niega lo evidente: que no todos partimos del mismo punto la carrera de la vida y, más aún, que algunos colectivos humanos nunca llegarán a la meta producto de la desigualdad estructural que viven. Por eso se requiere de un Estado activo que no puede ser neutro, debe generar mecanismos para “equiparar la cancha” y lograr la igualdad real, lo que es rechazado de plano en el proyecto republicano.
- La negación de la responsabilidad del Estado y sus agentes en la violación de los derechos humanos. Ellos no reconocen la asimetría entre el ciudadano o la ciudadana y el Estado, ni la obligación que este tiene de garantizar los derechos y libertades de quienes viven bajo su jurisdicción y, por ende, su responsabilidad cuando se violan. Es cierto que excepcionalmente los particulares pueden violar los derechos humanos, pero en estos casos, o el Estado es responsable por omisión en la protección de terceros, o estamos ante un conflicto interno que en Chile no se aplica y que reconoce en aquellos grupos beligerantes una capacidad de oponerse territorial y militarmente al Estado.
Si bien en su sitio web dicen estar comprometidos con los derechos humanos asegurados en la Constitución, tratados internacionales vigentes en Chile, y en las leyes, el discurso y el actuar de sus más altos dirigentes nos dicen justamente lo contrario. ¿A quién creerle? Yo me quedo con la coherencia de quienes defienden –en todo momento y sin titubear– los avances en derechos humanos que han permitido a Chile insertarse con éxito en el concierto internacional después de la dictadura y que prometen dotar a cada ser humano de la vida digna que todos nos merecemos, sin excepción.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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