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jueves, 26 de septiembre de 2013

Lapidario informe sobre increíbles beneficios de reos militares en Penal Cordillera acerca el cierre del recinto

Por Teresa Frías
Los diez condenados por crímenes de lesa humanidad disponen de 5 cabañas con todas las comodidades. Todos son altos oficiales en retiro del Ejército, tienen entre 68 y 86 años y cumplen extensas condenas por homicidios calificados y secuestros (detenidos desaparecidos) ocurridos durante la dictadura.
El solo hecho que Sebastián Piñera confirmara que el gobierno tomará una decisión sobre el futuro del Penal Cordillera, donde permanecen recluidos diez militares condenados por violaciones a los derechos humanos, entre ellos los ex jefes de la DINA Manuel Contreras y Miguel Krassnoff, provocó una ola de reacciones.

El Mandatario reconoció que "lo que estamos viendo y analizando es si se justifica la mantención del penal Cordillera y lo estamos haciendo a la luz de dos grandes principios. El primero, la igualdad ante la ley que deben tener todas las personas que están privadas de libertad. Y el segundo, la necesaria seguridad que el Estado debe garantizar a todas las personas que están en esos penales", y agregó que "con los antecedentes que hemos analizado vamos a tomar una decisión en los próximos días".


Sin embargo, desde La Moneda la posibilidad del cierre definitivo del penal es una de las opciones más claras del Mandatario. Según fuentes consultadas por
Cambio21 pero que pidieron guardar su identidad, Piñera intentaría acabar con el recinto y trasladar a los militares a Punta Peuco -otra cárcel construida solo para integrantes de las Fuerzas Armadas- con la idea de aglutinar en el lugar a la totalidad de los condenados.

De hecho, en vísperas del 11 de septiembre, y tras conocer una entrevista de Contreras a CNN Chile, el Mandatario pidió a la ministra de Justicia, Patricia Pérez, informes sobre el funcionamiento tanto de Punta Peuco como del Penal Cordillera.

El hotel 5 estrellas

La fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Loreto Gutiérrez, visitó este recinto el lunes pasado y constató que es una cárcel de lujo, absolutamente distinta a las otras existentes en Chile, la que ha sido calificada de "hotel de 5 estrellas".

En un informe entregado a la fiscal judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, la encargada de la visita trimestral señala que la población penal (10 reos) se encuentra distribuida en cinco cabañas construidas de material ligero y que se encuentran en buenas condiciones de higiene. Cada una cuenta con baño completo, ducha, agua caliente, comedor, luz natural, buena ventilación y otras comodidades como radio y televisión.


De acuerdo con las mismas fuentes anteriormente citadas, este informe confirma lo que se sabía y sería la palada final para ordenar su desmantelamiento.

A favor y en contra

Quien se ha mostrado en completo favor del cierre del recinto ubicado en Peñalolén, es el diputado Tucapel Jiménez, quien indicó a Cambio21 que el "Penal Cordillera no tiene ningún sentido, es un resort. Yo dentro del estudio, le propondría al mandatario, que para no perder la construcción evaluara transformar Punta Peuco en una cárcel pública. Así, donde hay hacinamiento trasladar a presos y transformar este otro resort en una cárcel normal, aprovechando el espacio que hay ahí".

Además, el parlamentario recordó haber denunciado desde un comienzo todos los beneficios que recibían: "Yo no me canso de decirlo pero por el sistema antiguo cuando se les procesaba ellos se iban a los regimientos y en pleno procesamiento entraban y salían cuando querían".


Desde la vereda del frente, el teniente (r) y presidente de la Corporación 11 de septiembre Juan González, dijo que "estas cárceles nunca debieron haber existido", argumentando que "fueron hechas para hombres acusados injustamente".


"Estas cárceles (Punta Peuco y Penal Cordillera) son distintas, para hombres que eligieron distintas carreras, por ello nosotros tenemos que tener cárceles distintas", agregando que "obviamente se justifica la construcción de estos penales porque necesitamos gozar de estas diferencias, porque a nosotros nos exigen mucho más y tenemos más patriotismo que el resto de las personas", afirmó González.

Además, declaró que "me gustaría que todos fueran trasladados al Penal Cordillera, porque no es justo que personas de edad avanzada estén mal, además de ya estar privados de libertad".


En conversación con
Cambio21, el militar retirado agregó que "los que están en estos recintos no son asesinos, son combatientes. Los asesinos son los que matan por la espalda. En las circunstancias del combate quizás se les haya pasado un poco la mano, pero eso no les hace que los tengan en las peores condiciones".

Por su parte, la diputada María Angélica Cristi (UDI) dijo que "las personas que viven en este penal están muy enfermas, y la mayoría tienen una edad avanzada. Entonces están más cerca del Hospital Militar (ubicado en La Reina) para realizarse sus exámenes".


"Hay que proteger la integridad de las personas privadas de libertad, y por eso, ellos deben estar ahí", declaró la parlamentaria, agregando a
Cambio21 que "aquí lo importante es mirar hacia arriba, por ende mejorar todas las cárceles a nivel de Punta Peuco".

La distribución de las cabañas


En la cabaña N° 1 habita sólo el ex director de la DINA, Manuel Contreras. El día de la visita, el "Mamo" andaba en el Hospital Militar efectuándose una diálisis. Concurre a dicho establecimiento desde mayo pasado, los días lunes, miércoles y viernes, tras presentar problemas renales.

La cabaña N° 2 es compartida por el ex miembro de la DINA, Miguel Krassnoff Martchenko, y el coronel (R) Jorge del Río. Éste último cumple condenas por violaciones a los derechos humanos cometidos en Temuco.

En la cabaña N° 3 conviven el ex miembro de la DINA y ex jefe de villa Grimaldi, Marcelo Moren Brito, y el también coronel (R) José Zara Holger, el mismo que poco antes del plebiscito de 1988 puso a disposición de Pinochet los "corvos acerados" de los comandos. Está condenado por su participación en los asesinatos del general Carlos Prats y su esposa.

La cabaña N° 4 es ocupada por Pedro Espinoza Bravo, ex subdirector de la DINA, y Odlanier Mena Salinas, ex director de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Es el único que tiene el beneficio de salida dominical desde el 10 de junio de 2011.

En la cabaña N° 5 comparten el también ex director de la CNI, Hugo Salas Wenzel; el también general (R) César Manríquez Bravo, ex jefe de la Brigada Metropolitana de la DINA, y el teniente coronel (R) David Miranda Monardes, condenado por crímenes cometidos en el Regimiento de Tejas Verdes de San Antonio.

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