Publicado el 7 diciembre, 2015 por Comité Editorial
Después de un breve análisis de los puntos más relevantes sobre la respuesta del Gobierno al Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares del 11 de Diciembre, 2015, podemos decir lo siguiente:
1.- Con respecto al Proceso de calificación permanente para las víctimas de prisión política, tortura y violaciones de los derechos humanos:
Cuando dice:”Asignaremos a una entidad estatal permanente que se haga cargo del reconocimiento y acogida asistencia jurídica, social y de reparación para las víctimas de crímenes de la Dictadura” QUE QUEDE CLARO QUE la entidad a la que se refieren es la recientemente formada SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS.
A leer bien aquí, están diciendo que, “la Subsecretaría de Derechos Humanos….generará una INSTANCIA DE RECONSIDERACIÓN O REVISIÓN PARA LAS PERSONAS NO RECONOCIDAS POR LA COMISIÓN VALECH II”
…..No están hablando de instalar una comisión ni organismo dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos para el RECONOCIMIENTO PERMANENTE DE LAS VÍCTIMAS DE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA que pudiera darle en el futuro la posibilidad a compañeras y compañeros que no han presentado antes sus antecedentes. Están hablando sólo de la reconsideración y revisión de las y los compañeros que no fueron aceptados en la Valech II.
En resumen cierran la puerta a UN ORGANO PERMANENTE DE RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA que por primera vez puedan presentar sus antecedentes, en el seno de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
2.- Con respecto a la garantía del derecho de verdad y justicia, a través de apoyo jurídico y social: “La Subsecretaría de Derechos Humanos tendrá por mandato legal, como función fundamental la promoción de la investigación, sanción y reparación de los crímenes de lesa humanidad y genocidios, y crímenes y delitos de guerra”
Preguntamos: ¿COMO PODRÁ LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS HACER ESO SI EN EL PÁRRAFO QUE SE REFIERE AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 19.992 DICEN QUE EL GOBIERNO MANTENDRÁ “SU COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD”?.
3.- Resulta especialmente grave cuando anuncian que ”Modificarán el Decreto Supremo N° 518 de 1998, del Ministerio de Justicia y el Reglamento de los Establecimientos Penitenciarios en relación con las exigencias para obtener beneficios intrapenitenciarios”.
LO QUE HARÁN ES sólo “AGREGAR MÁS EXIGENCIAS” PARA QUE ESTOS ASESINOS OBTENGAN ESTOS BENEFICIOS. En resumen los asesinos podrán seguir gozando de beneficios
Compañeros, lo que corresponde de acuerdo a los Tratados Internacionales es que NO TENGAN BENEFICIOS CUANDO SE TRATE DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD.
4.- Con respecto a la tipificación del delito de tortura, es positivo sin duda alguna….PERO UNA PREGUNTA: ¿De que sirve tipificar el delito de tortura, si en nuestra legislación no se establece que “En casos de delitos de lesa humanidad, no se debe aplicar ni la amnistía, ni la prescripción, ni el indulto, menos aún beneficios intrapenitenciarios”?.
Incluir en nuestra legislación esta frase no cuesta ni un peso, cuesta voluntad política; más aún cuando el proyecto enviado por el Diputado Juan Bustos QEPD, que “establece una ley interpretativa que adecua la legislación penal chilena a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos”, se encuentra aprobado por la Cámara de Diputados y desde hace 7 años duerme el sueño de los justos, sin que nadie, se interese porque esta importante iniciativa siga su tramitación en el Senado.
Si este proyecto se aprobara sería un duro golpe contra la impunidad ya que evitaría que en casos de delitos de lesa humanidad se aplique la amnistía, el indulto y la prescripción. Tipificar el delito de tortura no sirve de nada si no se establece que ante su ejecución no habrá beneficios en el cumplimiento de sus condenas.
5.- Con respecto a la incompatibilidad, buscan confundir, ya que lo que se estableció inicialmente en la Mesa de Negociación de los Ex Prisioneros Políticos fue la exigencia de la incompatibilidad de la Pensión de Exonerado y la de Ex Prisionero Político, es decir que por ser una pensión que obedece a daños de distinta índole los compañeros deberían recibir ambas pensiones. Punto que fue bajado por los dirigentes que posteriormente se sometieron a las exigencias del gobierno
El Gobierno habla aquí de la incompatibilidad con respecto a los magros beneficios que ellos otorguen, es decir de que lo que eventualmente otorguen también lo recibirán los compañeros que hayan optado por la pensión de exonerado.
6.- Con respecto al tema de la vivienda y educación y salud, no vale la pena referirse mayormente pues son simplemente elementos de distracción de lo elemental. Lo poco que se haga en este ámbito servirá para justificar lo que no se hizo en lo que es más importante y fundamental.
Si en 10 años no han sido capaces de tomar en cuenta los 100 puntos para la vivienda, y dar solución con algo de prioridad y oportunidad a las y los compañeros, con problemas de vivienda, no es mucho más lo que en concreto harán.
En educación, el beneficio no se transformó en un beneficio concreto (con muy pocas excepciones) para las y los compañeros. Los únicos que han ganado con las becas de los ex prisioneros políticos son las instituciones que le estafaron y se enriquecieron con las becas de las víctimas.
Con respecto a la salud, actualmente con un presupuesto de $138 mensuales por cada beneficiario PRAIS, nos tienen en la más absoluta indefensión y de seguro si lo aumentan, ese aumento no será considerable y quedará más o menos en las mismas. Hasta ahora la tarjeta de salud PRAIS, es una tarjeta de indigencia con otro nombre, ya que no se entrega atención ni prioritaria ni oportuna.
7.- Con respecto a la pensión reparatoria dicen “En estudio”: Sin duda siguen considerando la exigencia de una indemnización con un criterio PREVISIONAL y no como un tema humanitario de “Derechos Humanos”.
Seguirán insistiendo en las montos discriminatorios que establecen por tramo etario, lo que es una aberración y pagado con “muchas facilidades”, en cómodas cuotas y con carácter vitalicia, es decir el pago se muere con el beneficiario. Esto significa desconocer lo que establecen los tratados internacionales con respecto a la INDEMNIZACIÓN, que la establece como un monto proporcional al daño causado, cancelado de una vez (máximo en dos o tres cuotas) y QUE EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL TITULAR ES HEREDABLE PARA LOS FAMILIARES.
En esta respuesta no se ha avanzado ni un ápice en cuanto a ganar terreno para las demandas de los ex presos políticos y sus familias. En efecto, el punto 3 de dicho documento subtitulado “Pensión Reparatoria”, solo indica escuetamente, “En estudio.” Recordemos que el monto de punto final que propuso el gobierno fueron un máximo de 10 millones de pesos, a los cuales se les deduciría el millón de la Ley Corta. Esta propuesta fue rechazada por la presión de las mismas bases de los dirigentes elegidos por el gobierno para representarnos.
Entonces, se manejaba como demanda de reparación una cantidad mínima de 2000 UF como indemnización base lo que equivale a un poco más de 50 millones de pesos, más el incremento por días de privación de libertad, por secuelas como consecuencia de lesiones graves, por violación, por exilio etc.
En el juicio ganado por los 31 demandantes ex prisioneros políticos de la Isla Dawson, y reafirmado por la excelentísima Corte Suprema en septiembre de este año, se estableció en 150 millones para cada uno de los demandantes. Esto nos entrega un valioso nuevo parámetro para negociar con el gobierno. No podemos aceptar nada que no se encuentre entre el rango de 50 a 150 millones.
Entendiendo que quienes supuestamente nos representan fueron puestos allí por el gobierno, en particular el Comando Unitario, los acuerdos a que llegue con ellos no son ni pueden ser vinculantes para el conjunto de los ex prisioneros políticos por lo que cualquiera propuesta debería ser ratificada por las bases mismas en una consulta democrática transparente. ¡Que cada ex preso/a político y sus viudos/as expresen en su voto su voluntad de aprobar o rechazar lo que un grupo selecto de dirigentes negocia con el gobierno!
Llamamos todas y todos los compañeros y compañeras a oponerse a que la propuesta del Gobierno sea firmada. Si sectores oficialistas no representativos y militantes de los partidos de gobierno osan asumir y arrogarse la representatividad del universo de ex prisioneros(as) políticos(as), deberán responder ante la historia por su traición a los legítimos derechos de los ex prisioneros políticos del Chile.
Nosotros como UNEXPP jamás reconoceremos este acuerdo y continuaremos inclaudicablemente nuestra lucha por una efectiva y real reparación para todos y todas las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos perpetrada por la dictadura de Pinochet.
Jamás renunciaremos a nuestro derecho a denunciar estos acuerdos y esta perversa política de todos los gobiernos post transición por enterrar nuestra causa y considerarnos el “costo social” necesario para lograr una transición respetando los oscuros acuerdos ya reconocidos públicamente por actores políticos como Edgardo Boeninger y otros como Enrique Correa.
UNEXPP DE CHILE
Osorno, 06 de diciembre de 2015.
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